Sanidad

El presupuesto sanitario se reduce un 10,4% por habitante desde 2010

Foto de archivo de un quirófano de un hospital de Castilla-La Mancha.

El deterioro de la sanidad pública durante la etapa de crisis esconómica es una evidencia que se constata en la destrucción de empleo en el sector, la disminución de la calidad asistencial a través del aumento de las listas de espera, el recorte de servicios o la entrada de capital privado en la gestión de establecimientos sanitarios.

Detrás de estas consecuencias hay un progresivo descenso en la cantidad de dinero que las administraciones públicas dedican a la Sanidad. Las autonomías, que son las que se encargan de gestionar esta competencia, no son una excepción. Según datos de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), las comunidades invertirán en el año que acaba de empezar, de media, un 10,4% menos por habitante que en 2010. Y eso a pesar de que para 2014 está previsto un aumento del 1,2% en la cantidad de dinero que, de media, las autonomías invertirán en la sanidad de cada usuario respecto a 2013.

Así, en términos absolutos, las cifras pasan de los 1.349,95 euros por habitante de 2010 a los 1.191,11 de 2013 o los 1.204,97 de 2014. Si las comunidades cumplen con lo presupuestado, ese ligero aumento no servirá para amortiguar la tendencia de financiación a la baja que se viene experimentando desde 2010. 

El informe revela también que existen grandes diferencias en el presupuesto entre comunidades. En este sentido, la FADSP señala que el diferencial del gasto sanitario por habitante y año en las diferentes regiones supera los 500 euros. "El impacto de los recortes es muy superior en las comunidades que ya tenían presupuestos muy bajos, que en aquellas que los tenían más elevados", puede leerse en el documento. Además, indica que siete comunidades van a gastar menos por habitante este año que el anterior. Se trata de Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco. No obstante, esta última, con 1.541,72 euros por habitante, sigue estando a la cabeza. En los últimos puestos se mantienen Andalucía (980 euros), Baleares (1.048,10 euros), la Comunitat Valenciana (1079,08 euros) y Murcia (1079,13 euros). La diferencia entre País Vasco y Andalucía es de 561,72 euros. 

El documento señala que el aumento no se produce en todas –de hecho disminuye en seis, que suponen el 59,6% de la población– y que, por tanto, se "incrementa la desigualdad" y se pone en evidencia "la necesidad de una financiación finalista para la sanidad que evite desigualdades tan importantes". 

No obstante, el aumento en algunas de ellas respecto al año anterior es muy poco significativo. En Castilla y León, Castilla-La Mancha o Asturias no llega ni al 1%. Y hay otras, sin embargo, en la que sí se producen incrementos reseñables. Es llamativo el aumento de la Comunitat Valenciana, que invertirá en 2014 más de un 10,5% por paciente y año que en 2013. Pasa de 965,44 euros a 1.079,08. Sin embargo, a pesar de este aumento, la comunidad que lidera el conservador Alberto Fabra no logra escapar del furgón de cola porque su punto de partida era muy bajo. 

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Metodología 

Para elaborar este informe, la FADSP ha utilizado los presupuestos sanitarios de cada autonomía de 2014 y los ha dividido entre su población a través del censo del INE a 1 de julio de 2013. Por ello, señala que, al haber disminuido el total de la población un 0,25% entre julio y diciembre, cuando el organismo público presentó los últimos datos de población, estos datos deben ser analizados "con prudencia". Esto hace que el efecto de disminución de población haya incrementado el presupuetso per cápita por encima del incremento del presupuesto total. No obstante, esta disminución de población se produjo principalmente por la marcha de población extranjera a sus países de origen y la emigración de población autóctona, en ambos casos personas mayoritariamente jóvenes y sanas. 

Asimismo, la FADSP explica en su informe que algunos aumentos presupuestarios –cita los casos de Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Aragón– van dirigidos a pagar deudas "contraídas por el brutal descenso de los presupuestos sanitarios en los últimos años, claramente incompatibles con el mantenimiento de un servicio mínimo, por lo que estos incrementos tendrán escasas repercusiones sobre la asistencia sanitaria". 

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