El Gobierno apela al “consenso” de la ley de 1985 pero no aclara por qué AP votó en contra

El Ejecutivo no quiere entrar a valorar la posibilidad de cambios en la polémica reforma de la ley del aborto. Ni de el alcance de los mismos. No osbtante, inisiste en alabar el "consenso" de la ley de 1985. Pero no explica por qué Alianza Popular (AP), formación de la que nació el Partido Popular, votó en contra.

La vicepresidenta del Gobieno, Soraya Sáenz de Santamaría, siguió este viernes a rajatabla la petición de Mariano Rajoy al Comité Ejecutivo Nacional del PP de guardar silencio sobre el aborto. Una demanda que los barones han decidido obviar. Preguntada en varias ocasiones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la posibilidad de que la ley sea suavizada, desvió el tiro hacia los organismos que deben ahora realizar informes sobre el anteproyecto original de Alberto Ruiz-Gallardón.

"El Gobierno analizará las opiniones y los diferentes informes que se hagan desde diferentes ámbitos y a quienes les corresponda expresar una opinión política, incluyendo los grupos parlamentarios", subrayó. Sobre las líneas rojas o la posibilidad de recuperar el supuesto de la malformación fetal, ni una pista. Es como si este texto que salió del Consejo de Ministros ya no fuera del Ejecutivo.

Tampoco entró a valorar la vicepresidenta por qué el Gobierno y el Partido Popular, del que forma parte, insisten en que su ley pretende recuperar el consenso de la ley de 1985. Un texto legislativo que, pese a que el PP no cambió después cuando llegó a La Moncloa de la mano de José María Aznar, no fue votado por AP.

"Fue respetado por los sucesivos Gobiernos. Ha estado en vigor desde su aplicación hasta 2009 por Gobiernos de distinto signo", fue su respuesta cuando se le preguntó por la contradicción de alabar una ley que el partido antecesor del PP votó en contra. 

Tampoco pasa inadvertido que la ley de 1985 sí contemplaba el supuesto de malformación del feto.

Del actual Gobierno, el propio Mariano Rajoy, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el titular de Agricultura, Miguel Arias Cañete, provienen de Alianza Popular.

Trabajos para reformar la ley electoral

Además, la vicepresidenta del Gobierno admitió, tal y como avanzó este viernes el diario El País, que el Ejecutivo busca las vías para evitar que los exetarras sean candidatos en las elecciones. Fuentes del equipo de Rajoy sostienen que han solicitado informes a la Abogacía del Estado, entre otros organismos, para ver el encaje constitucional de esta iniciativa y que se está repasando la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos al respecto.

"Entendemos que en un momento como el presente, el ejercicio de funciones públicas políticas y altos cargos exigen unos niveles de ejemplaridad que deben traducirse en una regulación legal", dijo Santamaría.

También destacó que el Gobierno ya ha dado pasos. Así, el pasado mes de diciembre se aprobó el anteproyecto que regula el ejercicio de la función de alto cargo en la Administración General del Estado. "Ahí se establecieron una serie de obligaciones de los altos cargos, en este caso de la Administración General del Estado, donde tenemos esa capacidad de autoorganización". Según este texto, ningún condenado por terrorismo puede acceder a un puesto de la Administración General del Estado mientras no estén cancelados sus antecedentes penales.