Felipe González no aclara a qué pagos del Estado renuncia y el PSOE calla

"Los expresidentes tienen una ayuda que depende de lo que decide el Gobierno cada año para gastos de oficina, representación y no sé qué... Escasísima [...]. Yo renuncié a eso. Mandé una carta renunciando a eso... ¿Por qué lo hice discretamente? Porque no quería afectar a otros expresidentes. Yo espero que la gente lo entienda sin dar explicaciones. Sólo quería que a mí me sacaran. No tenía ningún interés. No porque no tuviera una explicación, que es una explicación muy simple: la asignación que de verdad se imputa en renta no cubre el alquiler de una oficina y del papel, eso es lo que quiero decir". 

Las declaraciones son de Felipe González Márquez, presidente del Gobierno durante casi 14 años, y las dijo el pasado jueves en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, en Sevilla, en la presentación de su libro En busca de respuestas (Debate, 2013). Fue el mismo acto donde anunció su intención de dejar el cargo que ocupa en el consejo de administración de Gas Natural en cuanto concluya su mandato [consulta aquí la intervención íntegra]. No lo haría por incompatibilidad alguna, sino por "aburrimiento". Y si lo aceptó en su día, en 2010, fue porque le interesaba "conocer el mundo de la energía". Por ese puesto ha venido cobrando 126.500 euros al año. En la convocatoria del jueves, fue increpado por un asistente, que le llamó "farsante" y le afeó que "renegara del marxismo".

¿Pero a qué dotación exacta renunció González? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cómo lo justificó? ¿Cuándo va a abandonar concretamente su puesto en la gasista? infoLibre trasladó todas estas preguntas a Joaquín Tagar, portavoz oficial desde hace varios años del expresidente, a las doce de la mañana de ayer. Tagar dijo no poder atender la llamada en ese momento, pero añadió que sí respondería más tarde, a partir de las 14 horas. Este diario le llamó en más de una decena de ocasiones, hasta las 22 horas, y le mandó dos mensajes SMS solicitando la información. No hubo respuesta alguna. También se dirigió al PSOE para recabar alguna declaración. La dirección federal, sin embargo, declinó hacer comentarios sobre las afirmaciones de González. 

El exjefe del Ejecutivo se refirió a la cuestión de su asignación durante el coloquio. "Nunca ha habido una pensión vitalicia. Mientras yo goberné, nunca hubo una decisión de crear una pensión vitalicia para exministros y expresidentes, nunca. Siempre hay una pensión indemnizatoria de dos años para cuando se sale del Gobierno, con régimen de incompatibilidades". Y en ese punto se refirió a la "escasísima" ayuda "para gastos de oficina" que abona el Estado a los expresidentes cada año, a la que él renunció. "Lo lógico sería que no la hubiera y que, a renglón seguido, a ningún expresidente se le pidiera ningún servicio a la sociedad y al Estado por el cargo que tuvo", siguió. "Hay que tener comportamientos éticos. Me apetece que estos temas salgan a la luz para poder hacer comprender lo que pasa. Una pensión vitalicia para alguien que ha estado tres meses me parece exagerado. Yo estuve catorce años, el periodo más prolongado de la historia –por los votos, no por las botas– y ¿eso hace mérito para tenerla? Yo creo que no". 

¿A qué "gastos" pudo referirse González? El Gobierno consigna anualmente en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el tomo correspondiente a los gastos del Ministerio de la Presidencia, una "dotación para expresidentes del Gobierno", que en 2014 asciende a 298.320 euros. A repartir, teóricamente, entre los cuatro exmandatarios vivos: Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Unos 74.580 euros brutos al año por cabeza. La cantidad es exacta a la que se consignó en los PGE de 2012 y 2013. En los de 2011, cuando Zapatero seguía en el poder, la partida era de 238.010 euros, y en el ejercicio anterior, de 270.470 euros. 

Llamazares: "La beca nos ha salido muy cara"

Como indican los PGE, el estatuto de los expresidentes se regula por el real decreto 405/1992, de 24 de abril. En su artículo 3, señala los "medios y prerrogativas" de que dispondrán. Primero, dos puestos de trabajo –uno de nivel 30 y otro de nivel 18–, que serán cubiertos a su propuesta. Ambos empleos se incluyen en la relación de puestos de trabajo correspondientes a la Presidencia del Gobierno. Tienen consideración de "personal eventual de Gabinete" y, si son funcionarios, pasarán a la situación de servicios especiales. En segundo lugar, una "dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles, en la cuantía que se consigne" en los PGE. Tres, un automóvil con conductor del Parque Móvil del Estado. Cuatro, servicios de seguridad que el Ministerio del Interior estime necesarios. Y cinco, el "libre pase en las compañías de transporte terrestres, marítimos y aéreos regulares del Estado". 

De las palabras de González, cabe colegir que renunció a la integridad de la dotación anual, a esos aproximadamente 75.000 euros. Pero no hay confirmación oficial. Ni tampoco cuándo envió esa carta para rechazar ese pago. Este diario también se dirigió al Ministerio de la Presidencia por escrito, pero tampoco ha recibido respuesta. 

No se conoce, por tanto, cuánto tiempo ha estado compatibilizando González su asignación pública con el salario que como vocal del consejo de administración le paga Gas Natural desde su ingreso en la compañía, en diciembre de 2010: 126.500 euros al año, tal y como consta en el Informe anual 2012 de la empresa. Entró porque quería conocer de cerca el sector energético y saldrá cuando acabe su mandato porque le resulta aburrido. "Pues la beca nos ha salido muy cara a los españoles", comentó el diputado de Izquierda Unida en el Congreso Gaspar Llamazares. "Podría haberse dado cuenta antes de que es un trabajo aburrido", añadió, informa Europa Press. 

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El parlamentario lamentó además que González no hiciera pública antes su decisión de renunciar a su dotación como expresidente, porque habría contribuido a que el PSOE hubiera apoyado las iniciativas apoyadas en la Cámara baja, entre otros, por IU, en las que se pedía que los ex primeros ministros no compatibilizaran retribuciones públicas y privadas. 

Y es que los privilegios de los expresidentes han dado unas cuantas vueltas en el Congreso en esta y en la pasada legislatura, a raíz de los fichajes de González por Gas Natural en diciembre de 2010 y de Aznar por Endesa –la eléctrica que privatizó– en enero de 2011. En marzo y julio de este último año, la Cámara baja no impidió, gracias a los votos de PSOE y de PP, que los expresidentes del Gobierno pudieran cobrar salario público y retribución de empresa privada. Y en febrero de 2012, lo mismo. Los grupos minoritarios (Izquierda Plural, ERC, UPyD) consideraron "impúdico" y falto de ética la percepción simultánea de esas dos fuentes de ingresos. Los partidos mayoritarios calificaron de "efectista" y "populista" la medida. 

Distinto a la dotación de los Presupuestos es la indemnización por cesantía, la que cobran los altos cargos cuando dejan el Gobierno durante dos años. En julio de 2012, el Ejecutivo de Mariano Rajoy eliminó "para siempre" la posibilidad de que estos compatibilizaran el cobro de esta percepción con cualquier otro ingreso público o privado y estableció que los afectados eligieran entre uno y otro. Fue una medida acordada con el PSOE. Los ex altos cargos de Zapatero renunciaron a esa retribución pública. Y también el propio Zapatero, que decidió quedarse con su sueldo como miembro del Consejo de Estado (unos 70.000 euros), al igual que su exvicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Hasta julio de 2012, y en virtud de la ley 74/1980, los altos cargos tenían derecho a cobrar el 80% del salario que percibían durante el mismo tiempo que hubieran estado al frente de esa responsabilidad y por un espacio máximo de dos años.