Los vecinos denuncian que el ayuntamiento “impone su fuerza”

"Nadie del gobierno municipal nos escucha. Hemos pedido reunirnos para hablar del proyecto del bulevar pero no tenemos la oportunidad", lamenta indignada Ana Moreno, la presidenta de la Federación de Vecinos Francisco de Vitoria de Burgos, según la cual la situación caótica en la que se encuentra la ciudad es el resultado de no haber llegado a un consenso.

Las obras para reconvertir una de las arterias principales de Burgos (la calle Vitoria) en un bulevar han agotado la paciencia de los vecinos, que se sitúan mayoritariamente en contra. Conflicto con los comerciantes, reducción de aparcamiento y de los carriles del tráfico así como el elevado presupuesto –8,5 millones de euros– son los principales argumentos de los vecinos para criticar este proyecto.

El Gobierno municipal, aseguran, ha tirado por la calle de enmedio, nunca mejor dicho. "No hemos podido ni mostrar el deseo de que nos escuchen pacíficamente tal y como hacen las personas racionales. Cuando uno no quiere escuchar al otro se llama imposición a la fuerza", añade Moreno.

Otra de las vecinas, Anabel Cabrerizo, que es además presidenta de la Asociación Eras del Gamonal –un barrio que alberga más de la mitad de la población del municipio–, recuerda que todas las encuestas realizadas muestran una mayoría abrumadora en contra de las obras. "Sin embargo, el ayuntamiento no nos ha recibido; desde la asociacion le pedimos vernos con ellos y no nos hicieron ni caso. Fuimos hasta al Defensor del Pueblo pero ni con esas", declaró.

En mayo del año pasado, UPyD realizó una encuesta a 413 vecinos de Gamonal, entre residentes y comerciantes, de la que se desprendía un rechazo al proyecto del 87,2% entre aquellos que se oponían tajantemente a la propuesta y los que preferían posponerla a la espera de tiempos mejores.

El proyecto va a costar más de 8 millones de euros y esto indigna a la presidenta de la federación vecinal, que lamenta esta "obra de gran calado" cuando las instituciones están pidiendo ajustar el cinturón. "Con la situación socioeconómica en la que estamos, con el paro y los problemas sociales que hay ahora mismo, deben haber otras prioridades porque esto lo pagamos todos", agregó.

Como también denuncia el dinero utilizado para la campaña de publicidad que se ha hecho del proyecto para "venderlo a los ciudadanos",cuando ni siquiera "los han escuchado". Los comerciantes de la zona también mostraron su descontento tras saber que las obras durarán 16 meses. 

Los vecinos se han desvinculado de los actos violentos sucedidos y han comunicado que seguirán protestando para frenar las obras que comenzaron el pasado jueves. A las 6:30 de la mañana de este lunes se reunirán para evitar que continúen. 

Méndez Pozo, el "capo" de Castilla y León

El adjudicatario de las obras del bulevar es MGB, un estudio propiedad de Antonio Miguel Méndez Pozo, condenado a siete años de prisión en 1994 por falsedad documental en el caso construcción, de los que acabó cumpliendo algo menos de uno. El empresario es, además, dueño de un grupo mediático, Promecal, que posee, entre otros, el Diario de Burgos. 

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De las dos ofertas que se presentaron a concurso para llevar a cabo las obras, el ayuntamiento se decantó por la más cara: 12,3 millones de euros frente a los 11,5 millones que ofrecía la empresa cántabra Cosepsa. "La de Cantabria era más barata pero se lo otorga a Copsa y Arranz Encinas. La explicación que utilizan es que tienen aspectos subjetivos como son las mejoras por las que apuestan las empresas", matizó el concejal del PSOE de Burgos, Chema Jiménez.

Méndez Pozo también es socio en Radio Televisión Castilla y León de José Luis Ulibarri, otro constructor imputado en el caso Gürtel. Jiménez sostiene que "es el capo de los medios de comunicación en Castilla y León. Mantiene un periódico afín al gobierno municipal, el Diario de Burgos, que defiende a ultranza el proyecto del bulevar".

El empresario, que ya piso la cárcel por salir beneficiado de la adjudicación de unas obras mediante licencias amañadas, vuelve a estar en el punto de mira. El alcalde de entonces, José María Peña Snamartín, fue inhabilitado. Veinte años después, las sospechas de corrupción vuelven a sobrevevolar sobre Méndez Pozo, según los socialistas. "Por ganar el concurso del Bulevar se llevó 240.000 euros. Ese concurso se supone que era anónimo pero no fue así, ya que algún medio local publicó el ganador antes de tiempo y es por ello que llevamos a los tribunales la adjudicación de este concurso", apostilla Jiménez.