Caso Palma Arena

Después de eludir la cárcel, Matas pide ahora no pasar por el juzgado

El expresident Jaume Matas, a su llegada a la Audiencia de Palma el pasado 5 de diciembre.

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El expresidente del Gobierno balear Jaume Matas ha solicitado al juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, que retire las medidas cautelares que en la actualidad pesan sobre él y que se concretan en la obligación de comparecer periódicamente ante el Juzgado para evitar que eluda la acción de la justicia.

En concreto, la petición ha sido cursada en el marco de la pieza principal de la causa, centrada en el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción de la considerada infraestructura estrella del último mandato de Matas: el velódromo Palma Arena, cuyo sobrecoste presupuestario lo relacionan los investigadores con el elevado tren de vida llevado por el exmandatario autonómico mientras ostentaba la presidencia del Ejecutivo.

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Ya el pasado mes de octubre, la Audiencia Provincial de Baleares dejó sin efecto otra de las medidas cautelares que le fueron impuestas a Matas en el marco de esta causa: la fianza carcelaria de 500.000 euros que pesaba hasta entonces sobre el expresidente, cantidad a la que ya fue anteriormente reducida la caución de tres millones de euros que el juez Castro le impuso en marzo de 2010 por riesgo de fuga.

Y es que fue tras tomarle declaración durante dos días, en marzo de 2010, cuando el magistrado decretó la fianza penal de tres millones de euros para el exministro dentro de esta compleja causa, una de cuyas principales líneas de investigación se centran en el enriquecimiento presuntamente ilícito del exalto cargo, que según las pesquisas no se corresponde con los ingresos que obtenía como presidente.

Los investigadores apuntan así a la relación de los elevados gastos de Matas con el supuesto desvío de fondos durante la ejecución del Palma Arena (2005-2007), unos hechos que, no obstante, niega de forma tajante el exdirigente del PP balear, quien durante su primera declaración ante el juez justificó sus dispendios en el cobro de ingresos no declarados por el alquiler de una vivienda de Palma.

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