Sanidad sostiene que hay más dependientes con ayudas pese a los recortes

Los últimos datos sobre el sistema de dependencia difundidos este martes por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dibujan un escenario alentador para las personas con dependencia que contrasta con los recortes a las prestaciones y las reiteradas advertencias de demolición del sistema de las personas afectadas y los trabajadores de los servicios sociales. Según estos datos, a 31 de diciembre de 2013, había 753.842 personas beneficiarias de alguna prestación o servicio, 2.291 más que hace un año y 15.255 más que hace dos. 

A pesar de que en los últimos meses las estadísticas del Imserso han ido mostrando cómo el programa no dejaba de perder beneficiarios, el ministerio dice servirse ahora de unos datos limpios de las irregularidades y errores que detectó el Tribunal de Cuentas en un informe demoledor hecho público hace un año, para dar cuenta de la buena salud de la que goza el sistema. De hecho, si se hace una comparación con los datos publicados por este mismo organismo el año pasado –en principio no depurados de irregularidades y que señalaban que había 764.969 beneficiarios– las cifras arrojan un saldo negativo. Es decir, habría ahora 11.127 personas menos recibiendo un servicio o prestación. A preguntas de infoLibre, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad explicó que los desfases se deben a la regularización que se llevó a cabo una vez detectados expedientes irregulares por el Tribunal de Cuentas. 

Estas cifras alentadoras contrastan con las políticas de recorte emprendidas por el PP desde su llegada al Gobierno. Tras dos aplazamientos –su incorporación al sistema estaba prevista primero para 2013 y después para 2014–, los dependientes menos graves continuarán expulsados hasta 2015. Según los cálculos de la entidad que integra a los especialistas en servicios sociales, esta decisión ha dejado sin derecho a la asistencia a más de 35.000 personas. Por otro lado, en su artículo 28, la Ley de Dependencia cifraba en seis meses –aunque en raras ocasiones se cumplió–. El Gobierno del PP amplió este plazo hasta los dos años y medio. 

Según los datos difundidos este martes, el número de personas que siguen esperando una ayuda o prestación que tienen reconocida disminuyó en 40.616 en el último año. No obstante, siguen siendo todavía 190.503 las personas a las que no se les está ofreciendo de manera efectiva la prestación o servicio que les corresponde. Y, sin embargo, en el último año sólo 2.291 nuevos beneficiarios se incorporaron al sistema. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, cree que esta cifra tiene varias explicaciones. "Esta enorme diferencia tiene que ver con el número de personas que han perdido el derecho a ser atendidas por tener el nivel I y II, con los que con los han sufrido revisiones de grado a la baja y los que fallecen sin recibir asistencia", señala.

Asimismo, Ramírez defiende que Sanidad ha manipulado las estadísticas en lo que define como una "estrategia desesperada" para ofrecer datos positivos de final de año. En este sentido, señala que los datos no depuran todas las personas fallecidas y que los datos ofrecidos por algunas autonomías no son iguales a los difundidos por el Imserso. A su juicio, la serie de datos de 2013 reflejaba una realidad incuestionable, que "la incorporación de nuevas personas atendidas está paralizada e incluso en disminución y el saldo entre incorporaciones y bajas arrojaba un saldo negativo medio de 2.400 personas atendidas al mes". La realidad es que los datos de diciembre reflejan un ligero descenso en el total de personas beneficiarias que reciben prestación, que pasó de 754.244 a 30 de noviembre de 2013 a 753.842 a 31 de diciembre.

Para este colectivo, que presentó el pasado diciembre 250.000 firmas en el Parlamento junto a la Plataforma Estatal de la Defensa de la Dependencia en las que se exigía el cumplimiento de la ley, es de una "crueldad insoportable" plantear como un éxito la reducción de la lista de espera mientras haya personas ya evaluadas que no reciben prestación.

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Una financiación a la baja 

Aunque para este año la asignación del nivel mínimo de protección –el dinero que el Estado da a las comunidades por cada dependiente según su gravedad– permanece prácticamente congelada, Sanidad es el ministerio que más verá recortado su presupuesto –un 35,6%– según el anteproyecto de cuentas públicas. Sin embargo, se apresuran a aclarar en el Ministerio de Sanidad, esta cifra se explica porque en los Presupuestos de 2013 se incluyó una partida "extraordinaria" de 1.034 millones para pagar las cotizaciones atrasadas de los cuidadores no profesionales de dependientes. Si se elimina este efecto, el presupuesto apenas sube un 0,16% hasta los 1.912 millones de euros. No obstante, aunque se obvie esta cantidad, las cuentas para el próximo año consolidan un recorte acumulado del 15% en Dependencia, si se compara con el dinero otorgado a esta partida en 2012.

Además, en las cuentas públicas para 2012, el Gobierno suprimió la partida dedicada a la financiación del llamado nivel acordado. Se trataba de una cantidad de dinero –283 millones de euros en 2011– que se distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto y que tenían por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico. Las comunidades nunca han vuelto a recuperar ese importe. Y eso a pesar de que el coste total anual de la aplicación de la Ley de Dependencia en España asciende a alrededor de 6.000 millones de euros, una cantidad que abonan principalmente las autonomías. De hecho, la inversión del Estado ha pasado del 39,2% en 2009 al 21,4% en 2012.