Desahucios

El Gobierno frena en el TC por segunda vez las medidas antidesahucios de Andalucía

El Gobierno frena en el TC por segunda vez  las medidas antidesahucios de Andalucía

Ibon Uría

El Gobierno central ha paralizado por segunda vez en el Tribunal Constitucional las medidas antidesahucios de la Junta de Andalucía. El Ejecutivo ha presentado un recurso de inconstitucionalidad que ha sido admitido a trámite y que conlleva la suspensión automática de la norma autonómica en virtud del artículo 161.1 de la Constitución, que permite al presidente del Gobierno frenar normas regionales si considera que hay un conflicto de competencias.

La batalla entre Ejecutivo y Junta no es nueva. En síntesis, la norma limita los embargos de la primera vivienda cuando las familias que vayan a ser desalojadas acrediten un estar en situación de riesgo de exclusión social. Aunque su propiedad sea embargada en el proceso de ejecución hipotecaria y pase a manos de una entidad bancaria, la Junta expropia el derecho de uso por hasta tres años y abona al banco un 2% del justiprecio por el que se adjudicó el inmueble. En la práctica, se pierde la titularidad de la vivienda, pero se puede seguir utilizando por hasta tres años.

El paquete de medidas, que también incluye sanciones a las entidades bancarias y a las inmobiliarias que mantengan pisos vacíos, se aprobó en forma de decreto-ley en el mes de abril. En esa primera ocasión los parlamentarios del PP se abstuvieron, lo que alentó las esperanzas de la Junta de que no hubiera recurso al Constitucional. Pero tras las advertencias del ministro Guindos, que dijo esperar correciones por parte de la administración regional, el Gobierno recurrió en junio al Constitucionalrecurrió y la aplicación de la norma se paralizó.

El contraataque de la Junta llegó en septimbre, cuando convirtió el decreto-ley en ley, aprobada con los votos de PSOE e IULV-CA. El PP votó en contra y el Constitucional decidió entonces dejar sin resolver el recurso al decreto, puesto que la ley dejaba sin efecto el decreto. El Constitucional ha acordado ahora dar traslado del recurso al Congreso, al Senado y a las dos administraciones implicadas –Gobierno y Junta– que disponen de 15 días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

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El Gobierno andaluz ha criticado la presentación de este recurso –al que ha tachado de ser "un ataque a la soberanía del pueblo andaluz, en orden a su Estatuto y al Parlamento"–, y ha asegurado que “provocará desahucios y especulación, porque ese es precisamente su objetivo". La consejera de Fomento y Vivienda andaluza, Elena Cortés, ha afirmado asimismo que la paralización cautelar de la ley "supone una desprotección masiva de derechos", por lo que ha anunciado que la Junta reclamará al Constitucional que no agote el plazo de cinco meses que tiene para levantar la suspensión provisional.

“Este recurso encarecerá el acceso a la vivienda, puesto que la Ley ante todo pretendía abaratarlo mediante la salida en alquiler asequible de las viviendas vacías, y devolverá a la rutina las imágenes de violencia contra las familias que no pueden pagar su hipoteca a causa de la estafa financiera”, ha aseverado Cortés, que ha asegurado que "en Cataluña hay en vigor una Ley de Vivienda de 2007 asentada sobre preceptos similares", una norma que, según ha señalado, el PP no recurrió.

Sobre las 39 expropiaciones ya efectuadas y pendientes de aprobación definitiva por Consejo de Gobierno, la consejera ha precisado que se van a dirigir a los juzgados que llevan esas ejecuciones hipotecarias pidiéndoles que "no se desahucie a nadie hasta que el TC no tome una decisión definitiva". Cortés ha indicado que esta suspensión no tiene carácter retroactivo, por lo que las dos primeras viviendas con las expropiaciones ya culminadas totalmente seguirán estando expropiadas por la Junta, mientras que sobre el resto "vamos a pedir a los juzgados que hasta que el TC no se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta ley, los jueces no ejecuten esos desahucios de esas familias".

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