Caja Madrid ocultó a la CNMV créditos a Díaz Ferrán y a sus familiares y empresas

Caja Madrid ocultó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) buena parte de las operaciones de crédito con que benefició a Gerardo Díaz Ferrán, su familia y sus empresas entre 2003 y 2009, periodo durante el que el entonces dirigente patronal y hoy preso de Soto del Real era consejero de la caja. Los correos secretos de Blesa, cuya difusión pretende investigar el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, acreditan que la cúpula de Caja Madrid conocía los riesgos del grupo de Gerardo Díaz Ferrán. 

La auditoría elaborada por KPMG encargo del juez Elpidio Silva cuando investigaba a Díaz Ferrán –la instrucción terminó archivada por orden de la Audiencia de Madrid– constata que el empresario y su entramado familiar y societario recibieron 104 millones de euros de Caja Madrid. Pero el cotejo realizado por infoLibre entre la pericial de KPMG y los informes de gobierno corporativo -que oficialmente buscan asegurar la transparencia- remitidos por la caja a la CNMV corroboran que la entidad sólo aportó datos sobre un tercio de esa cifra. Del peritaje de KPMG se desprende que Caja Madrid sí comunicó esas operaciones –o, al menos, el grueso de ellas– a la Comunidad de Madrid, aunque algunas recibieron vía libre de la entidad antes de que el Gobierno regional diese su preceptivo visto bueno.

¿Y por qué no comunicó esos mismos datos a la CNMV? Oficialmente, no hay respuesta. Pero los papeles remitidos a la CNMV terminan en su página web y son accesibles para cualquiera, mientras que los que llegan a manos de la Consejería de Economía madrileña no tienen carácter público. Según KPMG, Díaz Ferrán y su entramado personal y societario obtuvieron 104 millones de euros de Caja Madrid. El 15% de ese dinero (15,3 milones de euros) no había sido devuelto en marzo de 2013.

Operaciones multimillonarias como el préstamo de 20 millones otorgado en 2004 a Teinver SA, la sociedad patrimonial que utilizaban Díaz Ferrán y su socio de entonces, el ya fallecido Gonzalo Pascual, no aparece en el listado. Tampoco consta el crédito de 36,4 millones que la caja otorgó en julio de 2005 a Pullmantur, entonces del grupo Marsans y vendida a finales de 2006 a Royal Caribbean, compañía por completo ajena a Díaz Ferrán.

De haber volcado todos los datos sobre Gerardo Díaz Ferrán, cualquiera habría podido averiguar que el mismo líder patronal que en 2003 y 2004 contribuyó a financiar la campaña de Esperanza Aguirre como candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, estaba recibiendo un más que magnífico trato de la misma caja de ahorros por cuyos intereses debía velar como consejero. Díaz Ferrán fue uno de los grandes aportantes de fondos a Fundescam, una fundación del PP madrileño a la que la trama Gürtel endosó facturas de las campañas de Aguirre. 

El de Teinver, por ejemplo, es uno de los créditos para cuya concesión no pidió Caja Madrid autorización previa al Gobierno regional, pese a que tanto la Ley de Cajas de la Comunidad como los propios estatutos de la entidad le obligaban a solicitarla. ¿Por qué? Porque los créditos a los miembros del consejo de administración de las cajas estaban sometidos a controles mucho más férreos, al menos en teoría, que los destinados a ciudadanos o empresas comunes.

¿Estaba obligada Caja Madrid a comunicarlo a la CNMV?

¿Estaba obligada Caja Madrid a comunicar a la CNMV los créditos concedidos a sus consejeros o a sus familiares directos o a las empresas por ellos controladas, como especifica el formulario que la Comisión tiene establecido para que las empresas cumplimenten el informe de gobierno corporativo? Sí. Y así lo corroboraron fuentes de la CNMV, a la que este diario planteó una consulta de carácter general. Es decir, este diario evitó desvelar en su consulta que era Caja Madrid la que había obviado datos de relevancia en sus informes anuales de gobierno corporativo.

Las fuentes consultadas se limitaron a confirmar que, en efecto, las casillas del informe deben rellenarse atendiendo al enunciado de cada epígrafe. Y el enunciado del apartado B.1 del cuestionario resulta inequívoco. Dice así: "Detalle las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas ya sea directamente, indirectamente o a través de entidades dotadas, adscritas o participadas en favor de los miembros del Consejo de Administración, familiares en primer grado o con empresas o entidades que controlen según el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Indique las condiciones, incluidas las financieras, de estas operaciones". Se trata de un enunciado calcado del artículo 31 bis de la Ley de Cajas.

Bankia, que es la heredera de Caja Madrid y de otras seis cajas, declinó pronunciarse sobre el asunto, como viene haciendo con todos aquellos que afectan a la etapa de Miguel Blesa. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri lleva un año tratando de poner distancias con la gestión del compañero de pupitre de José María Aznar, que sigue imputado y que cuenta con el respaldo de la Fiscalía madrileña en su batalla contra el juez que lo envió dos veces a prisión, Elpidio Silva.  

Dos expertos independientes, uno de ellos expresidente de una caja y el segundo, un reputado economista experto en supervisión y regulación, remacharon la obligación de reflejar todas las operaciones crediticias –préstamos, líneas de crédito, avales, descuentos comerciales, etcétera– enumeradas en el punto B.1 del formulario de gobierno corporativo. Ambos pidieron reserva de identidad.

Una tercera fuente, que también pidió el anonimato y cuyos postulados se encuentran más cerca de Bankia que de quienes consideran que la gestión de Miguel Blesa provocó una ruina evitable, introdujo en escena la existencia de una orden ministerial dictada en septiembre de 2004. Esa orden marca una excepción a la regla sobre las operaciones que deben figurar en el informe de gobierno corporativo. Pueden librarse del trámite aquellas que "perteneciendo al giro o tráfico ordinario de la compañía, se efectúen en condiciones normales de mercado y sean de escasa relevancia".

Las restantes fuentes consultadas –los expertos y juristas conocedores del caso Blesa– sostienen que esa orden carece de valor en este caso. Pero si gozara de alguna virtualidad, la siguiente pregunta sería esta: ¿por qué habría Caja Madrid de considerar irrelevantes los préstamos millonarios a Díaz Ferrán y no aquellos otros que, por 11.000 y 12.000 euros aparecen asignados a otros dos consejeros el mismo año en que Pullmantur obtuvo 36,4 milones de euros?