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Fiscalía

La Asociación de Fiscales pide a Gallardón que cumpla las recomendaciones europeas contra la corrupción

  • Entre las demandas destaca la de reconsiderar el método de designación del fiscal general del Estado
  • La Asociación de Fiscales reclama un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal

Infolibre
Publicada el 17/01/2014 a las 13:34 Actualizada el 17/01/2014 a las 13:47
Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

EUROPA PRESS
La Asociación de Fiscales pidió este jueves al Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, que haga suyas las recomendaciones del Grupo de Estados contra la corrupción del Consejo de Europa, entre las que destaca la necesidad de reconsiderar el método de designación del fiscal general del Estado.

La organización ha valorado la "enorme profesionalidad" con la que trabajan los representantes del Ministerio Público y ha reclamado a Justicia que acometa una legislación adaptada a los estándares sugeridos por la institución comunitaria y lleve a cabo de forma "absolutamente prioritaria" un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, según informa Europa Press

Entre las recomendaciones del Consejo de Europa, la Asociación de Fiscales ha defendido la necesidad de reconsiderar el método de selección y el plazo de mandato del Fiscal General del Estado, "desligándolo" del mandato del Ejecutivo.

Código de conducta público

También ha abogado por establecer unos requisitos y procedimientos "claros" para incrementar la transparencia de la comunicación entre el Fiscal General del Estado y el Gobierno, así como por dotar de mayor autonomía presupuestaria a los servicios propios de las fiscalías.

A su juicio, es necesario adoptar un código de conducta de los fiscales que pueda ser conocido por el público y ser complementado con una guía sobre los conflictos de intereses y otras cuestiones relativas a la integridad.

Finalmente, demanda un marco regulador en materia disciplinaria dentro de la Fiscalía que contemple "garantías adecuadas de equidad y efectividad" y sea susceptible de revisión por parte de un órgano "independiente e imparcial".


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