PP y CiU siguen pactando al margen del desafío soberanista catalán

“La vida sigue más allá del pretendido referéndum. Nunca vamos a dejar de pensar en los ciudadanos, sean de donde sean”. La autoría de esta frase corresponde a un destacado miembro de la dirección nacional del Partido Popular (PP). Un intento de quitar del foco un asunto que tiene muy preocupado al Gobierno. Y un intento, también, de trasladar una explicación al hecho de que en los últimos meses el partido presidido por Mariano Rajoy y Convergència i Unió (CiU), la formación que gobierna Cataluña, hayan propiciado acuerdos tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlament y en ayuntamientos catalanes al margen del desafío soberanista que esta semana ha escalado un peldaño más.

La cámara autonómica catalana aprobó este jueves, con los votos de CiU, ERC, ICV-EUiA y tres diputados del PSC pedir al Congreso el traspaso de la competencia para poder convocar un referéndum de autodeterminación, un paso con el que quieren visualizar el no del Estado y ganar legitimidad internacional. La proposición salió adelante por 87 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones. Era el broche a un proceso ya anunciado y que comenzó a tomar forma el pasado 18 de diciembre, cuando el presidente de Cataluña –y líder de CiU–, Artur Mas, anunciaba un acuerdo con ERC, ICV-EUiA y la CUP sobre la estrategia adoptada y los plazos para llevar a cabo su desafío soberanista. Como pronto, esta iniciativa será debatida en Madrid el próximo marzo.

Los planes de Artur Mas para forzar al Gobierno de Mariano Rajoy a que autorice la consulta llevan meses siendo públicos. En este tiempo, mientras Mas lanzaba insistentemente el órdago al Gobierno y el Ejecutivo respondía que tal iniciativa no cabe en la Constitución, CiU y PP no han evitado la foto. La de sacar adelante iniciativas legislativas, muchas de ellas de gran calado y repercusión. De hecho, en el Congreso, la sintonía entre ambas formaciones en algunas materias ha evitado esa imagen, tan típica esta legislatura, del rodillo de la mayoría absoluta de PP sacando adelante iniciativas solo con sus propios votos.

“Sería incoherente por nuestra parte no buscar o no propiciar acuerdos. No se nos puede olvidar que son los ciudadanos los que nos han puesto en los escaños y que trabajamos por aquello que creemos lo mejor para ellos. Justamente, lo contrario que ha hecho Artur Mas planteando el referéndum”, sentencia un diputado al ser cuestionado por algunas iniciativas salidas de la cámara en los últimos meses, bien pactadas entre CiU y PP, o bien en las que CiU ha dado su apoyo al partido que gobierna.

La misma fuente insiste en que las relaciones entre su grupo parlamentario y el de CiU, liderado por Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de Uniò, –socio de Convergència– han sido siempre “muy correctas”.

De hecho, para los conservadores en la Cámara baja Duran i Lleida sigue siendo una especie de puente con la Generalitat de Cataluña.

Menos multas por consumo de alcohol al volante

¿Cuáles son los principales acuerdos a los que han llegado? El 17 de diciembre, justo un día antes de que Mas lanzara el órdago definitivo planteando la pregunta del referéndum y su hoja de ruta, un pacto de PP y CiU en el Congreso de los Diputados llevaba a suavizar las multas por consumo del alcohol al volante.

Esto ocurrió en la Comisión de Interior, que ese mismo día daba luz verde a la reforma de la Ley de Tráfico. Frente al proyecto inicial, que apostaba por subir de 500 a 1.000 euros todos los casos de positivo por alcoholemia, un pacto a última hora entre conservadores y nacionalistas catalanes estableció que se multará con 1.000 euros sólo si la tasa duplica la permitida o si el infractor es reincidente. Esta enmienda pactada por CiU y PP sería después apoyada por todos los grupos menos el socialista.

Este día, al tiempo que se firmaba este acuerdo en el Congreso, en el Senado el PP fracasaba en su intento, negociado durante semanas, de atraerse a los catalanes a su reforma local, uno de los proyectos estrella del Gobierno de Mariano Rajoy. A juicio de los conservadores, el partido de Artur Mas buscaba que la ley catalana prevaleciese sobre la estatal, por lo que la alianza fue imposible. No obstante, en esta ocasión el PP se apoyó en los nacionalistas vascos, formación con la que también mantiene tensiones territoriales.

Otro de los proyectos estrella de Mariano Rajoy, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, sí contó con los votos de CiU en el Congreso de los Diputados. Ocurrió el pasado septiembre. Como en la mayoría de las ocasiones, el sí de CiU llegó después de solucionar algunas cuestiones competenciales. En este caso, los nacionalistas lograron que sea la administración autonómica, y no la central, la que controle las sanciones a diputados regionales y a cargos municipales en el supuesto de que estos infrinjan los preceptos que fija el texto legislativo en su apartado dedicado a Buen Gobierno.

Ley de Seguridad privada

El pasado 10 de diciembre, los votos de CiU, también los del PNV, se sumaban a los del Partido Popular para la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley de Seguridad Privada. Se trata de un texto muy polémico que permite, entre otros asuntos, que los vigilantes privados puedan identificar y detener a personas en la vía pública. PSOE e Izquierda Plural, los grupos que se opusieron, ven en este texto un ejemplo más de la voracidad privatizadora del Gobierno de Rajoy y sospechan que tras ello está la intención de encomendar a las empresas de seguridad privada tareas hasta ahora desarrolladas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En definitiva, un nuevo recorte en servicios y en libertades.

El visto bueno de CiU a esta norma llegó después de que los nacionalistas pactaran con el PP que tanto Cataluña como País Vasco tuvieran las competencias sobre las empresas de seguridad y despachos de detectives que operan en sus territorios.

Los votos de CiU, sumados a la mayoría absoluta del PP y a los de UPN y Foro, tumbaron el pasado 19 de diciembre la petición de PSOE, Izquierda Plural y BNG para que la ministra de Sanidad, Ana Mato, dimitiese. Esta demanda llevaba aparejada la de la derogación del copago farmacéutico y la petición de una evaluación sobre los efectos que tienen sobre los enfermos crónicos y los inmigrantes los recortes puestos en marcha por Sanidad.

Entendimiento en Cataluña

Estos acuerdos, que ambas formaciones enmarcan en “el interés general”, también se reproducen en Cataluña, principalmente en el ámbito municipal.

Uno de los pactos más recientes tiene que ver con las terrazas de establecimientos en las calles de Barcelona. El pasado 20 de diciembre, el pleno del Ayuntamiento de esta ciudad dio luz verde a la nueva ordenanza. La norma salió adelante con el apoyo del Gobierno municipal de CiU y del PP, y el voto en contra del PSC, ICV-EUiA y UpB –grupo que incluye a ERC–.

En los días previos, PP y CiU habían negociado una bajada en los requisitos para poder instalar mesas en las calles permitiendo, entre otras cuestiones, que establecimientos de degustación como panaderías y charcuterías también puedan disponer de terraza. La decisión no sentó nada bien en el gremio de restauración.

Los socialistas, que se oponen a esta medida, denuncian que esta modificación abre la puerta a la posibilidad de que se abran más de 2.000 nuevas terrazas. Desde el Consistorio, en manos del convergente Xavier Trias, reducen este cálculo a la mitad.

Los grupos de la oposición atribuyen este tipo de acuerdos entre el PP y el partido que lidera el desafío soberanista a que ambos comparten una ideología "neoliberal".

No es la primera vez que CiU y PP pactan en el Ayuntamiento de Barcelona. El pasado julio, el grupo municipal conservador, liderado por Alberto Fernández, hermano del ministro del Interior, pactó con CiU cerrar la narcosala de Drassanes en esta legislatura municipal. 

En esta ocasión, los orígenes del pacto vienen de lejos. Hace falta remontarse a la legislatura municipal del tripartito PSC, ICV-EUiA y ERC. Cuando se inauguró esta narcosala en 2005, la oposición –CiU y PP– fue muy crítica con este servicio, sobre todo en lo relacionado con su ubicación.

En Badalona, en manos del conservador Xavier García Albiol, también se ha registrado un pacto reciente entre el PP y CiU. A finales de octubre, García Albiol y el presidente del grupo municipal de CiU, Ferran Falcó, presentaron un acuerdo por el que se incrementaba en más de 600 –el 53%– el número de becas de comedor que el ayuntamiento concedió el pasado curso escolar.

A la hora de justificar la postura de apoyo de su formación, Falcó subrayó que, "más allá de diferencias ideológicas", se trataba de una necesidad para la ciudad.

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Apoyos para la ley del aborto

En el PP y en el Gobierno subrayan que su actitud de los próximos meses hacia CiU, ahora que la proposición de ley reclamando la consulta viaja ya hacia el Congreso, no va a cambiar. "No se puede paralizar la marcha del país. Hay que seguir avanzando en las reformas", subrayan. No obstante, sostienen que esto no es incompatible con denunciar en todos los foros que sea necesario que "el señor Mas no puede decidir por 47 millones de españoles ni está entre sus competencias modificar las fronteras de España y Europa".

El PP se declara comprometido a buscar un acuerdo y el máximo consenso para la reforma de la ley del aborto propuesta por Alberto Ruiz-Gallardón al Consejo de Ministros. Las conversaciones con CiU jugarán un papel determinante.