Accidente

La Justicia reabre la investigación por el accidente del metro de Valencia

La jueza rechaza reabrir el caso del accidente del Metro de Valencia

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La Audiencia Provincial de Valencia ha estimado parcialmente los recursos presentados contra el archivo de la investigación del accidente del metro de Valencia –que en julio de 2006 costó la vida a 43 personas y provocó heridas a otras 47 más– y ha ordenado reabrir el caso con el fin de practicar once diligencias, ya que considera que "no se han agotado todos los medios de investigación" y que "se han puesto de manifiesto nuevos elementos que podrían dar lugar a nuevas sospechas y a hacer útil la continuación de la instrucción de la causa".

En un auto con fecha 20 de enero, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), los magistrados acuerdan revocar la decisión de la titular del juzgado de Instrucción número 21, Nieves Molina, de rechazar la reapertura de la causa. Asimismo, admiten once diligencias de investigación para tomar declaración como testigos a mecánicos y responsables de taller que revisaron la unidad siniestrada en 2005 y 2006, y piden información a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) sobre averías previas que hubiera sufrido.

La sala segunda de la Audiencia considera que en este caso "jurídica y moralmente estamos obligados a ser respetuosos, considerados y tolerantes con la más mínima duda planteada por las partes, [...] duda que debe ser solventada y solucionada con la práctica de las diligencia solicitadas". En este sentido, señala que "no caben dudas, titubeos o vacilaciones" y que "no hay que desfallecer en la búsqueda de la verdad para evitar una victimización secundaria de las víctimas del fatal accidente"

El pasado septiembre de 2013 la Fiscalía de Valencia solicitó de nuevo a la Audiencia la reapertura de la investigación por el accidente de metro ocurrido en Valencia al estimar que concurrían "nuevas pruebas" en este caso. De esta forma, Fiscalía recurría la decisión de la titular del juzgado de Instrucción número 21.

El ministerio público presentó un nuevo escrito al juzgado para pedir esa reapertura tras recibir dos denuncias, del PSPV y del portavoz de Cercle Obert de Benicalap, tras la emisión del programa de televisión SalvadosSalvados dedicado al accidente. Ahora la sala ha estimado parcialmente los recursos al entender que las sospechas de veracidad son "suficientes" para que debiera perseverarse en una indagación judicial iniciada en la medida en que pueden esclarecerse los hechos con determinados medios de investigación para ello.

"Legítima búsqueda de la verdad objetiva"

Los magistrados indican que "ante la más mínima duda, hay que agotar la investigación, buscando la verdad, dejando inocuo el más mínimo resquicio de duda frente a la actuación de personas físicas o jurídicas que puedan haber sido o no responsables de una acción". De esta forma, añaden que "no puede dejarse indefensos a quienes, en la legítima búsqueda de la verdad objetiva y la reparación adecuada, pretenden evitar la permanencia de vacíos sin cubrir en la investigación".

En esta línea, y ante la existencia de "indicios que puedan aclarar lo sucedido", la Audiencia ha acordado practicar nuevas diligencias de investigación "que puedan esclarecer" los hechos. La Justicia considera que "las víctimas nunca pueden ni sospechar que no se hizo lo debido y, con ello, se impidió descubrir el porqué de las muerte o lesiones de sus familiares más queridos"

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Respecto a las diligencias concretas, se admite que se tome declaración como testigos a los mecánicos y responsables de taller que realizaron las revisiones de la unidad siniestrada en 2005 y 2006, así como que se oficie a FGV para que remita el listado de maquinistas de la unidad siniestrada desde el 20 de junio de 2006 a la fecha del accidente, entre otra documentación al respecto. La Justicia también pide que se tome declaración como testigos a los maquinistas que conducían la UTA 3736 cuando tuvo los accidentes previos al investigado o la que sufrió una avería en los frenos días antes del siniestro del 3 de julio.

En esta línea, la Audiencia admite que se oficie al Sindicato Independiente Ferroviario para que remita la documentación de que disponga sobre esta avería en los frenos. Asimismo, solicita que se tomen declaración como testigos-peritos a los funcionarios de la Brigada de Policía Judicial que realizaron el informe de 18 de julio de 2006 y que se pida a Siemens que informe sobre las características técnicas de ventanas y marcos de la unidad siniestrada. Del mismo modo, la Audiencia insta a que se pida a FGV información sobre quiénes eran los responsables de revisar y decidir la ubicación y características de las balizas de limitación de velocidad instaladas en el tramo entre Plaza de España y Jesús.

Finalmente, admite que se practica una nueva diligencia pericial por el mismo perito que realizó los informes anteriores con los nuevos datos, hechos y documentos que se deduzcan de las diligencias anteriores, con el fin de determinar si "el estado de la UTA 3736 fue una de las causas del accidente del metro del 3 de julio 2006".

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