Anticorrupción intenta que Hacienda tumbe las bases para la imputación de la hija del rey

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach pondrá este sábado toda la carne en el asador en su intento para que los peritos de Hacienda y la Policía desmonten con su testimonio las bases sobre las que el juez José Castro ha citado a la infanta como imputada por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales.

Sea cual sea el resultado –la abogada de la acusación popular, Virginia López Negrete, busca demostrar que es la Agencia Tributaria la que se equivoca al exonerar a la hija del rey– Cristina de Borbón tendrá que someterse a interrogatorio el 8 de febrero. Las fuentes consultadas en Anticorrupción descartan de plano la hipótesis de que las eventuales aclaraciones de los técnicos, incluso si resultaran beneficiosas para la esposa de Iñaki Urdangarin, puedan tumbar su comparecencia como imputada.

La discrepancia esencial entre el fiscal –que se opuso a la imputación pero no la recurrió, con lo que, igual que los abogados de la infanta- dio vía libre a la comparecencia– y la acusación popular y el propio juez instructor, José Castro, nace precisamente de los informes de Hacienda. La Agencia Tributaria sostiene que los ingresos de Aizoon SL, la sociedad que comparten al 50% los duques de Palma, no son en realidad de la compañía sino exclusivamente de Urdangarin.

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La acusación popular, por el contrario, entiende, como el juez, que la infanta no solo conocía la mecánica utilizada para defraudar al fisco sino que participó activamente de ella. La letrada López Negrete argumenta que el hecho de que Urdangarin vehiculase sus remuneraciones como asesor o consejero de distintas empresas privadas a través de Aizoon SL no significa que no deba tenerse en cuenta la contabilidad de la sociedad y sus manejos para pagar menos impuestos. Aizoon, cree la acusación popular de López Negrete, que representa a Manos Limpias, podía perfectamente facturar si a renglón seguido Urdangarin hubiese librado otra factura contra su propia sociedad para incluir esos ingresos en su declaración de IRPF. Exactamente eso es lo que no hizo.

¿En qué consistieron los manejos de Aizoon? El primero, recibir de la pretendida ONG Instituto Nóos fondos que procedían del erario público: es decir, el dinero de los ya célebres convenios que reportaron a la asociación de Urdangarin y Diego Torres seis millones de euros públicos en Valencia y Baleares.

La segunda triquiñuela -el presunto delito– se perpetró a partir de 2006 y estribó en no repartir oficialmente dividendos– lo que habría obligado a cada uno de sus dos socios a computarlos en sus declaraciones de renta- para hacerlo de manera opaca a través de una fórmula ya destapada por la investigación: Aizoon asumía como gastos de empresa aquellos que en realidad tenían un carácter estrictamente privado. Por ejemplo, la reforma y decoración del palacete de Pedralbes, varios costosos viajes de la pareja al extranjero o, incluso, los honorarios de los animadores de fiestas infantiles y familiares.