Regeneración democrática

IU impulsa el debate de una “revolución democrática y social” con los ciudadanos

Alberto Garzón, en el pleno del Congreso el pasado 11 de junio.

Izquierda Unida ya salió de su X Asamblea, en diciembre de 2012, con el compromiso de organizar la "rebelión democrática". Para organizar un nuevo modelo de sociedad, un nuevo proceso constituyente. Aunque esa promesa se desprende de todos y cada uno de los documentos que salen de la federación, no había redactado hasta ahora un texto preciso de "radicalidad democrática" y de "revolución social, de alternativas económicas a la estrategia neoliberal de ajuste económico". 

Ahora esa iniciativa existe, y recibe el nombre de Rebelión democrática y social y proceso constituyente. La aprobó esta tarde la Comisión Ejecutiva Federal por unanimidad, aunque no tiene previsto presentarla oficialmente, si no hay cambios, hasta el 4 de febrero. El documento, de ocho páginas y al que ha tenido acceso infoLibre, ha sido redactado por el coordinador de la Presidencia, José Luis Centella, y básicamente, por el secretario de Política Económica Global, el diputado en el Congreso Alberto Garzón. El texto comprende dos pilares –revolución social y económica, de un lado, y revolución política, de otro– cuyo fin es desarrollar una campaña "que lleve a todos los rincones del Estado la ofensiva contra la reconstrucción del bipartidismo monárquico". Aparte de la comparecencia del 4 y el estreno de la web, se prevé organizar un seminario para el 20 de febrero, con varias mesas redondas. 

La parte más novedosa del borrador, sin duda, es aquella que Garzón y Centella llaman de "radicalidad democrática", con distintas propuestas destinadas a combatir una "crisis política" del sistema bipartidista nacido de la Transición, sistema que se está intentando "recomponer", "desviando las críticas que se lanzaban" desde el 15-M a PSOE y PP. Ambas formaciones, a juicio de IU, dan la "bienvenida" al "apoliticismo" y, en concreto, al "abstencionismo electoral". "En una suerte de nuevo empuje hacia la idiocia, o preocupación exclusiva por la vida privada, el régimen procura escapar de su crisis de legitimidad expulsando a los ciudadanos de la vida pública. El apuntalamiento del régimen se acompaña asimismo con las duras medidas de represión basadas en la generación y gestión del miedo", señala el documento.

Un documento sin primarias

IU se siente además en la obligación de responder a la "retórica de regeneración democrática" del Gobierno, que no está "acompañada de susteancia alguna", pues sus medidas son "claramente insuficientes" y "superficiales". La federación reivindica así, dice, "la Política con mayúsculas" frente a "un determinado tipo de política, corrupta, caciquil y clientelar". "Por esas razones, hemos acordado realizar un llamamiento para la rebelión democrática, en aras de lograr suficiente masa crítica como para tener la hegemonía suficiente para poner en marcha un proceso constituyente que desemboque en una democracia republicana en el Estado español".

Las medidas se ordenan en torno a cuatro ejes: estatus del cargo público, participación civil, transparencia y democracia participativa; procedimiento electoral y "el derecho a la no desinformación" y combate a la "monopolización de los medios". Las principales medidas propuestas son las siguientes: 

  • Creación de la figura del revocatorio. No es la primera vez que aflora este compromiso en un documento de IU. La federación defiende que es "urgente" crear el "mecanismo del revocatorio para los cargos públicos con tarea de gobierno", que permite a los ciudadanos "retirar su confianza en el representante a lo largo del mandato" y sin esperar a nuevas elecciones. Garzón propone una fórmula como ejemplo: si un 20% de los votantes recogen firmas a favor de la destitución de un determinado cargo "habría de ponerse en marcha un referéndum en el cual un quórum del 50% sería suficiente para activar la revocación". 
  • Rendición permanente de cuentas. El texto propone que el cargo público, "por ejemplo cada año", dé cuentas de su actividad ante sus prepresentados. Al final del mando deberá volverse a someter a un nuevo escrutinio para ver si efectivamente ha cumplido con éxito las tareas que le encargaron. 
  • Remuneración austera. Los cargos públicos, para IU, deben tener un salario "fijo, austero pero razonable", que le permita cumplir su función pero no como forma de "enriquecerse en política". El sueldo debería estar ligado al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 
  • Incompatibilidad de poder privado y público. IU considera "imprescindible" profundizar en la Ley de Incompatibilidades de cargos públicos, tanto en sus años de mandato como en los años posteriores. 
  • Ley anticorrupción. La dirección quiere que se apruebe una "ley integral y severa anticorrupción", que se elimine el aforamiento en los casos de corrupción y la adopción de medidas "estrictas" contra el transfuguismo. 
  • Referendos e iniciativas legislativas populares. La federación quiere "ampliar las circunstancias por las que un referéndum es un elemento obligatorio", para que así las decisiones de política exterior e interior más importantes sean refrendadas por las ciudadanas. Complementariamente, demanda reducir los requisitos para poder presentar una ILP. 
  • Transparencia en la gestión de las finanzas públicas. La cúpula quiere que todos los ciudadanos accedan a todos los presupuestos, que todos los contratos sean publicados, que toda la información relativa a los representantes y cargos (y también sus agendas) sea transparente. 
  • Separación del poder ejecutivo y el legislativo. La medida está encaminada a garantizar la "autonomía" de ambos poderes, para asegurar que el Gobierno no tiene mecanismos de "cooptación o coerción" sobre los grupos parlamentarios que lo han apoyado. 
  • Fomentar la participación ciudadana en la gestión de bienes y servicios públicos. Se establecerán, dice el texto, "mecanismos de participación ciudadana en la actuación de la Administración y en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, y su ampliación al ámbito socioeconómico". 
  • Ley electoral proporcional. Un clásico de IU, para potenciar la equidad del sistema. La federación desea que se apliquen los mismos mecanismos de proporcionalidad en el Congreso y en los parlamentos autonómicos. Los mayores de 16 años y los inmigrantes con dos años de residencia en España tendrían derecho al voto. 
  • Carácter vinculante de los programas electorales. La voluntad es que se asegure por ley que las "principales propuestas" de los partidos sean de obligado cumplimiento y, si se desobedecen, que desencadene un nuevo proceso electoral. 
  • Debates plurales y "ruptura" del bipartidismo. IU plantea que todas las televisiones, públicas y privadas, tengan obligatoriamente que difundir "debates políticos en condiciones de pluralidad". Y no sólo en los periodos electorales. 
  • "Democratización" de los medios de comunicación. El texto firmado por Garzón y Centella desea que las decisiones informativas no estén tomadas sólo por los dueños de las empresas, sino también por el conjunto de las redacciones. No a la privatización de los medios públicos. 
  • Turnos de palabra de los grupos. "Reforma de los reglamentos de funcionamiento de las Cortes Generales, de los parlamentos autonómicos y de los plenos municiaples para asegurar la transparencia en la toma de decisiones, la participación de las minorías y el control de las actividades del poder ejecutivo y la participación de la sociedad en los mismos". 

En el documento se propone legislar sobre el funcionamiento de los partidos para aumentar su democracia interna. Pero no se habla en ningún momento de la necesidad de las primarias (abiertas o cerradas). Garzón, como ya escribió en un artículo de La Marea, no las defiende ni cree en ellas, ni las considera imprescindibles. IU no se niega a discutir sobre este procedimiento de elección de candidatos, pero le ve bastantes pegas

A la "revolución política" le precede, en el documento, la "revolución social y económica". Aquí las propuestas son más conocidas, y parten de varias ideas base: plan de choque de creación de empleo, cambio de modelo productivo, derogación del artículo 135 de la Constitución (el que se reformó en 2011 para imponer un corsé al déficit y la deuda), auditoría de la deuda, reversión de las "agresiones" al Estado del bienestar del PP (y del PSOE), fiscalidad progresiva, banca pública, defensa de las políticas de igualdad, garantía del derecho social a la vivienda, políticas de justicia social... 

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"Trasciende la coyuntura electoral"

El documento fue la estrella de la ejecutiva de esta tarde. Llevaba preparándose desde hace tiempo y, como subrayaban en la dirección, "trasciende la coyuntura puramente electoral". La precisión viene a cuenta porque el texto podría ser interpretado como una "respuesta" a Podemos, el proyecto impulsado por el politólogo Pablo Iglesias. Se podría entender así por "el fondo", porque las propuestas son de calado y coinciden con las que plantea la iniciativa del tertuliano, pero no es una reacción a ella, según precisó a este diario Ricardo Sixto, secretario federal de Comunicación. 

De la reunión de la dirección de este lunes, por tanto, no salió ningún nuevo llamamiento a la unidad de fuerzas políticas y sociales de cara a las europeas. Cayo Lara ya había indicado que no habría discusión sobre este asunto, porque no hay "propuesta" oficial de Podemos, más que apelaciones a través de los medios. "No discutimos de lo que no existe", subrayó durante la mañana. En la convocatoria de la ejecutiva, varios dirigentes sacaron a colación la iniciativa de Iglesias –Enrique Santiago, Montse Muñoz, Antonio Cortés...–, pero no se profundizó ni se acordó una estrategia frente a ella. 

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