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Derechos sociales

IU plantea que las familias se puedan declarar en quiebra para evitar desahucios

  • El portavoz de Consumo de la Izquierda Plural y diputado por IU, Gaspar Llamazares, ha explicado que "se trataría de hacer lo mismo que se hace con las empresas"
  • IU plantea en su paquete de enmiendas la posibilidad de presentar recursos colectivos en materia de consumo, en temas como la electricidad, la telefonía móvil o las preferentes

infolibre Publicada 04/02/2014 a las 20:39 Actualizada 04/02/2014 a las 20:40    
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Gaspar Llamazares, en rueda de prensa en el Congreso el pasado 2 de enero de 2014.

Gaspar Llamazares, en rueda de prensa en el Congreso el pasado 2 de enero de 2014.

EFE
El portavoz de Consumo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y diputado por IU, Gaspar Llamazares, ha propuesto en su paquete de enmiendas al articulado de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias que se pueda declarar en quiebra a las familias –de la misma manera que se hace con las empresas– de cara a evitar desahucios, según ha confirmado el diputado a Europa Press.

"Se trataría de hacer lo mismo que se hace con las empresas. Declararse en quiebra para pactar una parte de la deuda y que por ejemplo esa deuda no se transmita a los descendientes", ha subrayado Llamazares, que ha recordado que en Francia existe una "especie de mediación" que permite declarar a las familias en quiebra y establecer con el acreedor (el banco) unas nuevas condiciones de contrato. "Esta situación daría respuesta a una de las denuncias de los jueces así como de la Comisión Europea, de que en España hay un desequilibrio escandaloso entre el comprador y el que da el crédito, el banco, el acreedor. En definitiva, un método recomendado por muchas instancias", ha destacado.

Igualmente, IU plantea en su paquete de enmiendas la posibilidad de presentar recursos colectivos en materia de consumo, en temas como la electricidad, la telefonía móvil o las preferentes; un punto en que también coinciden las enmiendas presentadas por el BNG, a las que ha tenido acceso Europa Press. "Como son pequeñas cantidades y cada uno tiene que ir por su cuenta, las tasas judiciales pueden llegar a disuadir a las personas. Hay un procedimiento europeo para denunciarlo de forma colectiva y que cuando se gane se repongan de manera colectiva y no individual", ha agregado.

Al mismo tiempo, Llamazares sugiere también la existencia de "mecanismos claros de sanción" ya que, según comenta, a pesar de que exista mucha legislación sobre consumo y que los tribunales den la razón a los usuarios en gran parte de las ocasiones, las grandes empresas que son sancionadas, por ejemplo, no reparan el daño. 

Por otro lado, IU promueve en sus enmiendas la regulación de las oficinas de defensa de los consumidores. "Cada empresa y sector comercial hace de su capa un sayo y no destaca el procedimiento de denuncia, ni la solución de las denuncias. Es otro de los temas a incorporarse", ha defendido Llamazares, que ha aseverado que la trasposición que realiza el Gobierno con esta ley del Consumidor es "atropellada y de mínimos" y por eso cree que hay que aprovechar la oportunidad para abordar temas vinculados "a la realidad". 

Por otra parte, el PNV ha resaltado en sus enmiendas la necesidad de que los servicios telefónicos de atención al público en general y de atención al cliente sean gratuitos. "El hecho de que la propia Directiva, de la que se deriva el presente proyecto de Ley, no se pronuncie sobre esta cuestión permite que al legislador interno regular este aspecto concreto en términos de defensa de los consumidores y usuarios, objetivo esencial de este texto legal", explica la formación nacionalista vasca.

Lenguas cooficiales y competencias

Además, de no hallarse el bien o servicio contratado, el PNV propone que el consumidor y el usuario puedan ejercer sus derechos de desistimiento y resolución en los mismos términos que si se tratara del bien o servicio inicialmente requerido, sin que le sean exigibles los costes directos de devolución.

Por otro lado, propone la adición de una disposición adicional de cara a que el texto de ley del Gobierno reconozca que las comunidades autónomas ostentan la competencia exclusiva en materia de defensa de los consumidores y usuarios, lo que les permite intervenir, incluso a nivel legislativo, en este sector de la actividad. A su vez, y tal y como ya denunció la formación en el debate de totalidad de la Ley, el PNV solicita que tanto la formalización de los contratos, como la información precontractual, se realice en la lengua cooficial en aquellas comunidades autónomas con lengua propia.

Desde el BNG sugieren que se garantice que las asociaciones que interpongan acciones colectivas disfruten de la justicia gratuita y no se les impongan costas en primera instancia, con lo que, en su opinión, se evitaría cualquier carga o gravamen económico que pueda desincentivar a la presentación de estas acciones colectivas. También han presentado una enmienda para evitar que los consumidores y usuarios asuman costes debido a reclamaciones o seguimiento del contrato, que deben ser asumidos por la parte empresarial o vendedora.


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