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Organizaciones de todo el mundo critican que el PP desactive la justicia universal

  • Un total de 17 colectivos, entre ellos Human Rights Watch o Amnistía Internacional, han entregado este lunes una carta en el Congreso de los Diputados para expresar su rechazo a la propuesta del PP
  • La medida, que se votará este martes, pone coto a la posibilidad de enjuiciar a responsables de delitos como crímenes de guerra o crímenes contra la Humanidad

Publicada el 10/02/2014 a las 17:18 Actualizada el 10/02/2014 a las 19:22
Audiencia Nacional.

Audiencia Nacional.

EUROPA PRESS
Un total de 17 organizaciones, entre las que se cuentan algunas como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, han entregado este lunes una carta en el Congreso de los Diputados para expresar su rechazo a la propuesta del PP –que se votará este martes– de limitar el alcance de la llamada justicia universal, que ahora mismo permite enjuiciar a ciudadanos de cualquier nacionalidad –siempre que tengan "algún vínculo de conexión relevante con España"– si son supuestos responsables de delitos de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la Humanidad, entre otros.

La reforma limitaría la aplicación del principio de justicia universal a casos que cumplan unas características muy específicas: o bien las víctimas deberían tener la nacionalidad española en el momento en el que hubieran sufrido el supuesto delito, o bien el acusado tendría que encontrarse en España para que pudiese abrirse una causa contra él. La reforma también establece que España sólo puede procesar los crímenes internacionales en los que el sospechoso sea un extranjero en territorio español si se demuestra que España ha recibido y se les niega una solicitud de extradición.

En su misiva, las organizaciones aseguran que la aprobación de la nueva norma "supondría una violación de obligaciones internacionales y podría consagrar la impunidad de muchos responsables de graves crímenes". "De aprobarse", alertan los grupos, "sería un golpe devastador para la jurisdicción universal y para los compromisos internacionales de España de asegurar que los crímenes más graves no quedan en la impunidad".

Estos colectivos no se limitan a criticar la medida, sino que explican que su contenido puede contravenir incluso varios tratados internacionales suscritos por España. En este sentido, las 17 organizaciones firmantes citan los Convenios de Ginebra, un tratado del que recuerdan que dispone que “cada una de las Partes Contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves [“crímenes de guerra”], y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad”.

De igual forma, en la carta también se recuerda que "el Estatuto de Roma también destaca el papel clave que los Estados deben tener en este ámbito, al establecer que la Corte Penal Internacional 'será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales' y que 'es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales'”.

En este sentido, las organizaciones señalan la contradicción que supone la nueva norma con respecto a los acuerdos firmados por España al explicar que "ninguno de estos tratados, ni aquellos que refieren la obligación de 'enjuiciar o extraditar', mencionan la posibilidad de limitar la persecución de graves crímenes de derecho internacional al hecho de que los perpetradores sean de una nacionalidad particular o que haya un pedido de extradición rechazado".

Asimismo, los firmantes de la carta alertan de que la reforma que el partido que sustenta al Ejecutivo quiere realizar en la Ley Orgánica del Poder Judicial tendría como primer efecto el archivo automático de los casos relativos a la jurisdicción universal que se encuentran actualmente abiertos en la Audiencia Nacional, una medida que, según sostienen "contraviene la obligación de España de llevar a cabo investigaciones efectivas" e incluso podría llegar a suponer una interferencia del poder Ejecutivo en el Judicial. "Cualquier decisión de cerrar estas investigaciones debería ser tomada por los jueces, individualmente y caso por caso", remacha la misiva.
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