Los peritos tributarios ven “ilegal” que la declaración del IRPF de la familia real la haga un funcionario de Hacienda

Los peritos de la Agencia Tributaria que declararon ante el juez José Castro dos semanas antes de que la infanta lo hiciera como imputada aseguraron de manera tajante que sería “ilegal” que un funcionario de Hacienda le hiciera las declaraciones de la renta a Cristina de Borbón. El tajante diagnóstico de los peritos sobre la "vulneración de la Ley de Incompatibilidades" que tal escenario plantearía deja en evidencia a la infanta. Porque, según todas las fuentes consultadas, la infanta no solo reconoció durante su comparecencia judicial del 8 de febrero que, como ya indicaban emails y otros documentos, es Federico Rubio Carvajal quien le asesora a ella misma sino que hace otro tanto con el resto de la familia Borbón.

Funcionario del Ministerio de Hacienda –extremo que, como muchos otros, la infanta dijo ignorar–, Rubio Carvajal ya preparó la declaración de IRPF del rey en 1993, el año en que se liquidó la herencia suiza de su padre, Juan de Borbón. En 2004, Iñaki Urdangarin le pidió consejo sobre la compra del palacete de Pedralbes.

Las preguntas del juez José Castro sobre este punto y las respuestas de los peritos pasaron inadvertidas el día 25 de enero. Quedaron eclipsadas por el punto de inflexión marcado por los peritos de Hacienda, que refutaron sin réplica la tesis de que el delito fiscal investigado debe ser atribuido también a la infanta por cuanto lo habría perpetrado la empresa Aizoon SL, cuya propiedad se reparten al 50% los dos integrantes del matrimonio Urdangarin-Borbón.

Ahora, la transcripción de lo declarado por los inspectores tributarios muestra la dureza con que se pronunciaron. Y, también, la sorna con que el magistrado expuso los puntos oscuros que quería aclarar. "En este caso –apostilló Castro en un momento dado– se ven cosas que no se habían visto en ninguno".

Casi a renglón seguido, el juez lanzó la cuestión clave para este capítulo, pero lo hizo elidiendo los nombres de Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin: "¿Es muy normal que un funcionario del Ministerio de Economía y Hacienda haga las declaraciones de la renta de personas que han acabado involucradas?".

Tras una primera respuesta que denota desconcierto y una vez que el magistrado puso sobre la mesa el nombre de Federico Rubio e instó a la perito a responder qué ocurre si se trata de un funcionario en activo, esta no se anduvo por las ramas: "Sería una vulneración de la Ley de Incompatibilidades del sector público". 

"Por lo tanto –replicó el juez–, algo que no es usual". Y entonces la perito fue al grano: "No, que es ilegal". La misma inspectora defendió de manera extensa por qué ni ella ni los otros encargados de elaborar los informes tributarios sobre el caso Nóos consideran que la infanta haya perpetrado delito fiscal. 

La perito había matizado previamente que no sabe si Federico Rubio está en activo o en excedencia. Pero no hay ninguna duda sobre que a día de hoy trabaja como funcionario para el Ministerio de Hacienda, ahora destinado en la Dirección General de Tributos. Ni la hay de que también estaba en activo cuando Urdangarin le consultó sobre la compra del palacete: el correo electrónico para cuyo su envío el duque de Palma dio instrucciones a uno de sus empleados, Marco Tejeiro, muestra como dirección de destino una con el dominio del Ministerio de Hacienda (minhac.es), que en 2004 no englobaba el departamento de Administraciones.

En noviembre, y tras constatar que en 2004 Urdangarin había consultado la compra del palacete de Pedralbes con Rubio Carvajal, entonces ya miembro del Cuerpo Superior de Gestión Catastral, infoLibre contactó con el funcionario a través del teléfono de su despacho. Rubio respondió de forma escueta: "No tengo nada que decir".

A continuación, este diario transmitió a la Casa del Rey una pregunta sobre la peculiaridad de que un funcionario público estuviese prestando asesoramiento privado a la hija del rey y su marido. Casi idéntica a la obtenida ahora, la respuesta de entonces fue esta: la Zarzuela no habla "sobre temas fiscales particulares".

Preguntado por infoLibre sobre la posible "vulneración de la ley de incompatibilidades" –expresión literal de los peritos tributarios– en que estaría incurriendo Rubio Carvajal, un portavoz oficial de la Zarzuela declinó ayer pronunciarse sobre la cuestión. "No comentamos asuntos privados de la familia" ni relativos a la declaración de la infanta, fue su respuesta.

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Hijo de un militar perteneciente al círculo más próximo padre del rey, Juan de Borbón, Federico Rubio Carvajal ya gestionó la declaración de renta del rey en 1993, justo cuando comenzó a liquidarse la herencia suiza de su padre. El dato fue revelado por el diario El Mundo en abril del pasado año.

Diversas fuentes que representan intereses distintos en la causa coinciden en que a renglón seguido el juez lanzó una segunda pregunta a la duquesa de Palma: ¿sabe que Federico Rubio es funcionario del Ministerio de Hacienda?

Sobre la respuesta que ofreció, hay diferentes versiones. Dos testigos presenciales de la declaración sostienen que la infanta se limitó a negar cualquier conocimiento sobre el destino profesional de Rubio, mientras que otro testigo presente en la comparecencia le atribuye la siguiente contestación: “Eso deberían preguntárselo a él”.