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Andalucía multa con casi un millón de euros a Telefónica y CaixaBank por abusos

  • La Junta impone una sanción a Telefónica por tres infracciones
  • La entidad financiera ha sido multada por ocultar información de preferentes

infolibre
Publicada el 18/02/2014 a las 18:00 Actualizada el 18/02/2014 a las 18:41
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado sancionar con 920.000 euros a Telefónica Móviles de España por vulnerar los derechos de consumidores y usuarios en materia de información, y con 828.000 euros a CaixaBank, como sucesora de las entidades Cajasol y Banca Cívica, por "ocultar información en materia de participaciones preferentes".

En el caso de la sanción a la operadora, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado que el expediente ahora resuelto impone una triple sanción por otras tres infracciones de carácter "muy grave": no informar de las condiciones generales de sus servicios ni del coste de las llamadas, no facilitar facturas separadas para los servicios de facturación adicional ni contratos a los usuarios de prepago y desatender solicitudes de desconexión de servicios de mensajes de tarificación añadida y llamadas internacionales.

De acuerdo con la legislación autonómica de consumo, estas tres infracciones se tipifican como "muy graves" al concurrir circunstancias como "haberse cometido de forma voluntaria y continuada, tener una alta repercusión en el mercado, afectar a un elevado número de personas y estar vinculadas a servicios de uso ordinario y generalizado". La Junta agrega que a estas circunstancias agravantes se añade también la derivada de que la empresa "cometió las infracciones valiéndose de su posición dominante en su sector". 

La empresa Telefónica ya fue sancionada en 2011 por el Consejo de Gobierno con una multa de 440.000 euros por el cobro indebido del servicio de identificación de llamadas, tras una denuncia presentada por Facua-Consumidores en Acción.

Las preferentes de Cajasol y Banca Cívica

Por otro lado, la Junta ha acordado sancionar con 828.000 euros a CaixaBank SA como "sucesora universal" de las entidades extintas Cajasol y Banca Cívica por las infracciones cometidas por estas dos entidades en la comercialización de participaciones preferentes, esto es, por "ocultar información relevante en materia de preferentes". La sanción es fruto de dos expedientes abiertos a cada una de las extintas entidades y tiene su origen en 483 reclamaciones recibidas en los servicios de consumo de la Junta.

De esta forma, de acuerdo con los procedimientos sancionadores instruidos, que se iniciaron en abril de 2013, "se considera probado que ocultaron información relevante sobre las condiciones de riesgo y liquidez de estas participaciones preferentes ofertadas". Así, la Junta ha explicado que en algunos casos, las personas afectadas "no recibieron el folleto informativo, no realizaron el test de conveniencia y no prestaron su consentimiento expreso para tramitar la compra".

Estos hechos, plasmados en 26 denuncias contra la antigua Cajasol y 8 contra Canca Cívica, según explica Vázquez, son constitutivos de tres infracciones tipificadas en la ley andaluza, esto es, "incumplimiento de la información en el suministro de bienes, incumplimiento de las condiciones de la prestación del servicio e incumplimiento de las medidas o requerimientos de la Administración".

En la misma línea, el Consejo recuerda que la antigua Cajasol "ya fue sancionada de manera firme en siete ocasiones por infracciones contra la normativa andaluza de consumo, cometidas entre 2009 y 2012". La Junta ha recordado que el 24 de septiembre de 2013 el Consejo ya impuso una sanción de 455.000 euros a CaixaBank por el mismo motivo y en los últimos dos años los servicios de Consumo de la Junta han registrado 713 reclamaciones relacionadas con productos financieros de alto riesgo, entre los que se incluyen las denominadas participaciones preferentes.
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1 Comentarios
  • P. González P. González 20/02/14 11:36

    Por fin parece que "una administración" empieza a preocuparse de poner firmes a las empresas que incumplen las leyes. A ver si cunde el ejemplo. Aquí en Madrid el Sr. González probablemente podría dar un serio ejemplo multando a los adquirentes de las muchas viviendas del IVIMA y la EMVS y también de SAREB que, seguro estoy, tampoco habrán cumplido con sus obligaciones legales. Por esa vía podría re3caudar una cantidad importante de dinero en multas, pero sobre todo estaría mandando un mensaje de que las leyes hay que cumplirlas.

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