La privatización sanitaria sigue viva porque el Gobierno de Madrid no ha renunciado legalmente

Más de tres semanas después de que el presidente madrileño, Ignacio González, anunciara que dejaba "sin efectos" la privatización de la gestión de seis hospitales públicos en Madrid, uno de los interrogantes que deja el fracaso de este plan es saber qué pasos tiene que dar la comunidad para darlo por finiquitado de manera formal, pues un proceso de tal calado, con vertiente administrativa y judicial, no puede anularse con unas escuetas declaraciones en rueda de prensa.

Por una parte están los trámites administrativos encaminados a revertir la adjudicación de los contratos a las empresas HIMA San Pablo –compañía puertorriqueña experta en turismo sanitario–, Sanitas y el consorcio formado por Ribera Salud, El Corte Inglés y una filial de la constructora OHL, pues aunque no llegaron a firmarse, las resoluciones sí se publicaron en el portal de contratación pública de la Comunidad de Madrid [pueden consultarse aquí]. Esta operación conllevaba transacciones económicas de casi 4.680 millones de euros.

Por otra parte está el pleito judicial, que fue el que precisamente acabó por tumbar los planes del Gobierno regional después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazara sus recursos contra la suspensión cautelar del proceso al estimar que seguir adelante con él tendría consecuencias "irreparables", toda vez que el drástico cambio en la fianza que debían aportar las empresas supone "una grave infracción legal".

Sobre el primer aspecto, en la Consejería de Sanidad rehúsan dar cualquier información y dicen atenerse a lo que dijo el nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez –su antecesor dimitió tras conocerse la renuncia del Gobierno regional a la privatización– el pasado 14 de febrero en una visita al hospital Ramón y Cajal. Rodríguez dijo entonces que el Ejecutivo regional "no" iba a "seguir" con el proceso y remarcó que ya se había reunido con las tres empresas que fueron propuestas para la adjudicación para comunicarles la decisión de suspenderlo. No dio más explicaciones.

Las compañías afectadas, que tuvieron que depositar fianzas millonarias, también guardan silencio. Ribera Salud, que optaba a los hospitales de Vallecas y Arganda, aportó un depósito de 11,7 millones de euros; Sanitas, que pretendía quedarse con el de Coslada, entregó 4 millones, e HIMA San Pablo, que quería gestionar los de San Sebastián de los Reyes, Parla y Aranjuez, 11,2 millones. Las dos primeras confirman que ha habido encuentros, pero se niegan a dar más información al respecto. En este punto es importante recordar que las tres tienen derecho a ser indemnizadas aunque nunca llegaron a tomar posesión porque diferentes juzgados empezaron a decretar la suspensión cautelar del proceso el pasado septiembre.

Expertos en derecho administrativo consultados por este medio señalan que mientras la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria, que fue el órgano que firmó la licitación que apareció publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el 7 de mayo de 2013, no incoe un expediente de renuncia y, por tanto, no se produzca un desestimiento formal, el procedimiento de contratación sigue vivo. Es decir, los contratos permanecen vigentes aunque no se puedan ejecutar porque el proceso se mantiene suspendido de forma cautelar en los tribunales. Para renunciar de manera formal, añaden las mismas fuentes, lo que tendría que hacer la viceconsejería es notificar esta voluntad a la parte interesada, que son las adjudicatarias, a través de una comunicación fehaciente o correo certificado. A diferencia de lo ocurrido con la convocatoria de licitación, esta decisión no tiene por qué ser publicada en el boletín oficial. "Aunque nada impide darle publicidad, no es obligatorio", señala José Luis Muga, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Rey Juan Carlos y abogado de Afem, la organización que ha liderado la marea blanca contra la privatización.

Proceso judicial 

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Por otro lado, fuentes jurídicas consultadas por infoLibre aseguran que la comunidad no ha comunicado a las instancias judiciales en las que todavía hay procesos en marcha relacionados con este asunto su voluntad de desistir del proceso. Las partes personadas en la causa tampoco tienen constancia de que el Gobierno regional haya dado este paso. Los diferentes procesos iniciados contra los pliegos de adjudicación a instancias de Afem siguen vivos en los tribunales a pesar de que el proceso siga paralizado de forma cautelar después de que los jueces de la Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimaran los recursos presentados por la comunidad y las empresas.

Y hasta que la comunidad no remita de manera formal su renuncia, los jueces seguirán con el proceso. De hecho, el siguiente paso sería que pidieran a los afectados que argumenten los motivos por los que reclamaron la suspensión cautelar. En el momento en el que el Gobierno regional y las empresas adjudicatarias presenten la citada resolución de desestimiento y la aporten a la causa, los recursos presentados contra el acto administrativo de la licitación perderían su objeto y, por tanto, ésta quedaría archivada. 

Sobre los motivos que han llevado a la comunidad a no haber formalizado todavía su decisión, las argumentaciones son variadas. Por un lado, algunas fuentes apuntan que tendría que ver con un hipotético proceso de negociación entre Administración y empresas para ver de qué forma se resciden los contratos. Por otra, pueden haber tenido cierta incidencia los cambios que ha habido en la Consejería de Sanidad desde el pasado 27 de enero, cuando el exconsejero Javier Fernández Lasquetty dimitió de su cargo. La semana pasada Antonio Burgueño, ideólogo del proyecto de privatización de la gestión de los seis hospitales y director general de hospitales de la Comunidad de Madrid, y Patricia Flores, que era directora de Atención Primaria, fueron relevados de sus cargos. Ninguno de los dos contaba con la confianza del nuevo responsable de Sanidad, Francisco Javier Rodríguez.