El supuesto cerebro de la estafa multimillonaria en formación fue candidato por el PP en 2003

José Luis Aneri Molina, el supuesto cerebro de la que ya se perfila como la mayor estafa destapada en cursos de formación –más de 15 millones desviados en la Comunidad de Madrid-, ocupó el puesto quinto en la candidatura presentada por el PP en Fernán Núñez (Córdoba) para las elecciones municipales de 2003, aunque no fue elegido concejal. La constatación de su vínculo con el PP -su padre llegó a ser teniente de alcalde en ese mismo municipio- coincidió ayer viernes con las declaraciones del presidente madrileño, Ignacio González, del PP, quien asegura sentirse sorprendido de que el caso, por ahora relacionado con las subvenciones de 2011, se esté focalizando en la Comunidad de Madrid. "La inmensa mayoría de los recursos"-adujo González- los aportó la comisión tripartita, formada por el Ministerio de Trabajo -en 2011, bajo mandato del PSOE-, empresarios y sindicatos, a los que pidió explicaciones.

El vínculo de Aneri con el PP fue desvelado en diciembre por el digital andalucesdiario.es. Ayer, fuentes políticas ajenas al PP y consultadas por infoLibre en Córdoba subrayaron que, aunque en la candidatura también figuraba su padre, que sí resultó elegido como número dos, la trayectoria del progenitor es impecable. Aneri padre llegó a ser teniente de alcalde de Fernán Núñez durante el mandato que arrancó en 1999. De la participación de su hijo José Luis en política solo consta su presencia en la candidatura de 2003.

Uno de los hermanos de Aneri sí participaba, presuntamente, en la estafa, según informó el diario El País. La apropiación de los fondos era relativamente fácil de perpetrar: a diferencia de lo que sucede con las vehiculadas a través de los sindicatos, el grueso de las acciones de formación desarrolladas por los empresarios se financian mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, lo cual dificulta su control efectivo.

Y máxime si, como sucedía en el caso de Aneri y su círculo, la materia prima del fraude eran cursos de formación no presencial. Inventar identidades y construir una lista de falsos alumnos: esas eran las claves del método utilizado. Para la falsificación, Aneri y los suyos utilizaban un programa informático. 

Aneri, que ayer viernes continuaba detenido y a quien la Policía pondrá hoy a disposición del juez, capitenea una pléyade de sociedades limitadas, varias de ellas dedicadas a impartir cursos de formación. Aunque la juez encargada del caso, justamente la sustituta de Elpidio Silva en el juzgado de instrucción número 9, ha decretado el secreto de las investigaciones, todo apunta a que el buque insignia de Aneri y su grupo era Sinergia Empresarial, una de sus mercantiles

El caso ya ha provocado la dimisión –parcial- del empresario Alfonso Tezanos como presidente de la patronal madrileña del comercio minorista (Cecoma) y como presidente de la comisión de formación de la Cámara de Comercio.

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De momento, Tezanos conserva la presidencia de Fedecam, la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid (Fedecam), una de las organizaciones que configuran la patronal CEIM. Hombre de Arturo Fernández, cuya reelección al frente de Ceim apoya, fue Tezanos quien, junto con su socio Víctor Porta, abrió a Aneri las puertas de la Comunidad de Madrid y de las asociaciones empresariales a las que ofrecía cursos y a las que finalmente estafó. La denuncia partió de varias de esas asociaciones, a las que ahora el Gobierno regional reclama la devolución de las ayudas.

Lo que se sabe de la estafa, en la que presumiblemente Aneri no terminará como único implicado, también ha golpeado al Gobierno de Ignacio González: en 2011, cuando supuestamente se produjo el desvío de 4,4 millones de fondos regionales –el resto procedía del Ministerio-, la Consejería de Empleo no detectó al parecer nada sospechoso: ni saltaron las alertas ante la repetición de empresas ni ante la profusión de cursos que eran capaces de impartir en un breve lapso de tiempo, recalcan fuentes del sector.

Mientras la oposición aprieta desde todos los flancos al Gobierno para que explique por qué no saltaron las alarmas -el PSOE exige una comisión de investigación-, el PP ha reaccionado con un salto similar al que ya dio en el caso Gürtel: el Ejecutivo regional pretende ejercer la acusación en las diligencias abiertas, y así lo anunció el jueves su portavoz, Salvador Victoria. Así ocurrirá salvo que la juez que investiga la estafa, justamente la sustituta de Elpidio Silva en el juzgado de instrucción 9 de Madrid, tenga en su mano datos que apunten a negligencia o connivencia por parte de personas al servicio de la administración regional.