El PP rechaza que los condenados por corrupción no puedan ser indultados

No habrá reforma de la Ley de Indulto. Así se ha decidido este martes en el pleno del Congreso de los Diputados, donde el Grupo Popular ha sido el único en rechazar la toma en consideración de la proposición de ley del grupo parlamentario de La Izquierda Plural para que se excluyese como posibles beneficiarios de la medida de gracia a los condenados por delitos de corrupción, una iniciativa que, además, incluía otra serie de cambios para eliminar la "arbitrariedad" y la "falta de transparencia" que ha denunciado el portavoz del grupo, Gaspar Llamazares.

Toda la oposición se ha mostrado favorable a la toma en consideración de la proposición de ley de La Izquierda Plural, si bien algunos de los grupos han matizado ciertos aspectos de la misma. En lo que todos se han mostrado de acuerdo –incluso, a regañadientes, el PP– es en la necesidad de que se revise una legislación que data del año 1870. En este sentido, Llamazares ha recordado que la última modificación que ha sufrido esta norma tuvo lugar en el año 1988 y sirvió para eliminar la obligatoriedad de motivar la concesión de los indultos, un requisito que el diputado ha abogado por reintroducir porque, a su juicio, la medida de gracia se ha convertido en una "puerta falsa" para que algunos condenados se libren de la cárcel.

Además de estas dos medidas, Izquierda Plural ha propuesto que los informes previos a la concesión del indulto por parte del tribunal sentenciador y de Instituciones Penitenciarias tengan carácter vinculante y no meramente orientativo, como ocurre actualmente. De esta forma, y como recoge la iniciativa, "en caso de informe desfavorable del Tribunal sentenciador, el Gobierno deberá someter la petición de indulto a una comisión mixta, compuesta por representantes parlamentarios y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que emitan informe vinculante para el Gobierno".

Por contra, la diputada del PP Pilar Cortés ha asegurado que, a pesar de que su grupo está abierto a una modificación de la Ley del Indulto, la actual norma no es "opaca, arbitraria o injusta", como han descrito el resto de los grupos. "Hay que huir del oportunismo político o de casos concretos en favor del interés general", ha dicho Cortés, que ha asegurado que algunos de los grupos estaban utilizando el pretexto de los indultos "para verter más criticas hacia el Gobierno" 

Asimismo, la diputada conservadora ha alegado que ni los grupos que componen Izquierda Plural ni el resto de partidos que han apoyado la iniciativa la llevaban en su programa electoral, y ha calificado de "curioso" que el PSOE no haya tenido "tiempo" durante sus gobiernos de cambiar la ley. Dicho eso, Cortés ha reivindicado la medida del indulto como un instrumento "satisfactorio" frente a la aplicación "estricta" del derecho, y se ha mostrado contraria a establecer una lista de excepciones para que no se pudiera conceder la medida de gracia a determinados delitos con el argumento de que eso crearía "desigualdad" entre los condenados.

La oposición, favorable

El PSOE, por el contrario, sí que ha apoyado la proposición de Izquierda Plural, aunque ha recriminado al grupo que no hayan querido tramitarla junto a una iniciativa muy similar que han presentado los socialistas. Su portavoz en la comisión de Justicia, Julio Villarrubia, ha criticado que el indulto se haya convertido en un "acto arbitrario", y ha reclamado que vuelva a ser necesario –como hasta 1988– motivar las medidas de gracia que se concedan.

De igual forma, el PSOE –que ha justificado el sí de su grupo a la proposición de ley en la necesidad de dar una "señal" a la ciudadanía de que "de verdad queremos luchar contra la corrupción"– ha apoyado la exclusión de los condenados por delitos de corrupción como potenciales beneficiarios de un indulto. No obstante, los socialistas también han mostrado algunas pequeñas divergencias con Izquierda Plural: frente a su propuesta de establecer comisión mixta compuesta por diputados y representantes del CGPJ, los socialistas han reclamado que el Gobierno rinda cuentas cada seis meses ante el Congreso por los indultos que se otorguen.

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Casi todos los demás grupos de la oposición han sido igualmente claros a la hora de apoyar la toma en consideración del proyecto y han recalcado la necesidad de modificar una ley que algunos diputados han tachado de "anacrónica". CiU ha sido el único grupo en mostrarse ambigüo en este sentido: si bien la diputada Monserrat Surroca ha considerado "positivo que se abra el debate" sobre la norma –de la que ha dicho que necesita "una profunda revisión"–, también ha asegurado que la iniciativa de Izquierda Plural viene provocada por el "fulgor de unos casos concretos".

Por ello, Surroca ha abogado por modificar la institución del indulto y no eliminarla, todo lo contrario que el portavoz de ERC, Joan Tardà, que ha asegurado que es "obsoleta" y "más propia de otros tiempos". "Se trata de una intromisión del poder político en el judicial inadmisible", ha denunciado Tardà, que ha ofrecido cifras de indultos relativas a 2013: según sus datos, mientras en Francia no se concedió ni un solo indulto durante el año pasado, en España fueron 204 las medidas de gracia.

Por su parte, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha asegurado que, tal y como se utiliza actualmente, el indulto está sirviendo para "amparar" a aquellos que violan la legalidad. Así, y frente a la reducción el pasado año del número de indultos –2013 fue el año con menos medidas de gracia desde 1996–, Díez ha asegurado que lo importante no es la cuestión cuantitativa, sino la cualitativa, y que en este sentido el indulto se ha convertido "en un sistema arbitrario". Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría ha criticado que el indulto siga siendo una prerrogativa real cuando, a su juicio, debería corresponder al poder ejecutivo, y se ha mostrado favorable a excluir los delitos de corrupción de este mecanismo, así como los relativos a terrorismo, colaboración con banda armada o torturas.