Gallardón se hace un lío con los indultos a corruptos

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este jueves que la condición que pone el Gobierno para no indultar a corruptos es que estos sean "políticos" que se hayan llevado “dinero al bolsillo”. La matización del ministro se ha producido tras la avalancha de críticas que provocó el miércoles con sus primeras declaraciones, cuando afirmó que el Ejecutivo no ha concedido ni concederá "ni un solo indulto" a condenados por delitos de corrupción. Algo que es falso.

Según datos de la Fundación Ciudadana Civio, el Consejo de Ministros ha indultado en esta legislatura a ocho personas por delitos de malversación o prevaricación, que junto al cohecho se consideran los delitos que entran dentro del ámbito de la corrupción –una figura que como tal no existe en el ordenamiento jurídico español–. La acotación de Gallardón, no obstante, limitaría los casos a los que el Gobierno se niega a conceder el indulto a aquellos que cumplan unas condiciones concretas: que hayan sido cometidos por políticos y que, además, éstos hayan tenido un beneficio económico directo.

Las limitaciones que ha señalado el ministro en sus declaraciones del jueves, por tanto, hacen que los condenados por corrupción a quienes se ha indultado durante esta legislatura no sean señalados por el Gobierno como personas a las que les estaría vetada la concesión de la medida de gracia. Un ejemplo es el de María Dolores Mateos Sánchez, una funcionaria pública que formaba parte de la Ejecutiva del PSOE del barrio sevillano de Sevilla Este cuando cometió un delito de malversación por el que fue condenada a tres años de cárcel en 2011 y por el cual fue indultada el año pasado. La ciudadana vio reducida su pena a dos años de prisión y no tuvo que entrar en la cárcel.

En su caso sí que habría habido un enriquecimiento ilícito, ya que la militante del PSOE fue sentenciada por haberse apropiado de un vehículo BMW tras haber sido nombrada por la Justicia depositaria del mismo después de que fuese embargado a una empresa. De igual forma, Mateos devolvió sin motor el otro coche que quedó bajo su custodia (un Nissan Patrol) cuando el juzgado le requirió ambos por haber sido adjudicados a un nuevo dueño. Según explica el blog El BOE nuestro de cada día citando la sentencia, su marido utilizaba el BMW de forma habitual e incluso llegó a contratar un seguro para el vehículo.

Los condenados por el caso Treball, también indultadoscaso Treball

También quedarían fuera de esta exclusión que ha señalado Gallardón casos como el de Josep María Servitje, a quien se conmutó en febrero de 2012 su pena de cuatro años y medio de prisión por una multa de 3.650 euros. Servitje había sido condenado en 2009 por la Audiencia Provincial de Barcelona como autor de un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos en el marco del caso Treball, por el cual permitió el desvío de más de 40.000 euros a empresarios afines a su partido –Unió Democrática de Catalunya (UDC)– mientras era secretario general de la Consejería de Trabajo.

El dinero se entregaba a dos empresas vinculadas a Víctor Manuel Lorenzo, militante de UDC y que también fue condenado e indultado por los mismos delitos. Estas compañías eran supuestamente contratadas para elaborar una serie de informes que, según señaló la sentencia, no respondían a una "necesidad real" de la Consejería. No obstante, los delitos de Sevitje y Lorenzo no cumplen las condiciones para ser incluídos entre los que Gallardón ha considerado no indultables, ya que el alto cargo de la Generalitat no tuvo beneficio económico personal, mientras que el militante de UDC –que si se lucró directamente– no era político, sino empresario.

El BOE desmiente a Gallardón

Ver más

Tampoco entrarían en la acotación del ministro el exalcalde de Valle de Abdalajís (Málaga), Tomás Gómez Arrabal, perteneciente al PP y que en el año 2009 fue condenado –junto a tres de los concejales de su partido en el municipio– por varios delitos de prevaricación urbanística continuada entre 2001 y 2004, consistentes en la concesión ilegal de licencias de obra sin tramitar los correspondientes expedientes administrativos, según informa la Cadena Ser.

Tanto a Gómez Arrabal como a sus compañeros –Antonio Pérez Postigo, Fermín Muñoz Armero y María Teresa Mesa– se les redujeron sus penas de prisión a dos años, una condena por la cual no tuvieron que ingresar en la cárcel, al carecer de antecedentes. E igualmente, ninguno de los cuatro condenados entraría dentro de las condiciones de Gallardón para ser considerados excluídos de la posibilidad de indulto, ya que, pese a haber cometido sendos delitos relacionados con la corrupción, no se habrían llevado "dinero al bolsillo".

Igualmente, no habría sido beneficiaria directa de su delito de corrupción la empleada pública Adoración Pomata, condenada en 2011 a dos años y medio de prisión como autora de un delito de malversación impropia y otro de falsedad documental. La funcionaria, que redactó tres expedientes falsos para que su expareja cobrara del programa de acción social unos 6.000 euros, vio reducida su pena a dos años de prisión en mayo de 2012 a través de un indulto parcial, por lo que evitó ingresar en la cárcel.