Regeneración democrática

El PSOE propone que los ciudadanos participen en el Congreso en un debate sobre el estado de la nación

El exalcalde donostiarra y diputado Odón Elorza (dcha.), el pasado 18 de abril en el Congreso.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado este lunes ante la Mesa del Congreso una proposición no de ley con varias medidas encaminadas a conseguir "un Parlamento abierto a la participación social". El documento propone modificar varios artículos del Reglamento del Congreso para conseguir "la adaptación del modelo institucional a una nueva cultura política basada en la ética, la transparencia y en una adecuación de los partidos a las demandas de la sociedad". 

"Está en juego dignificar la democracia representativa", asegura en su preámbulo la proposición no de ley, impulsada por el diputado por Gipuzkoa Odón Elorza, que es muy duro al asegurar que la resolución aprobada en el pasado debate sobre el estado de la Nación, relativa a la necesidad de modificar el Reglamento del Congreso para profundizar en el control parlamentario al Gobierno y acercar las instituciones a la ciudadanía, se queda "muy corta" porque no propone medidas para "poner fin a unos mecanismos formales de participación de la sociedad en la política que resultan escasos y con un diseño deficiente".

"Se ha acabado la pura delegación de voto para cuatro años en los representantes", defiende Elorza, que sostiene que en la actualidad "se impone una relación que debe sustentarse en el compromiso contenido en un contrato ciudadano que exige al parlamentario rendir cuentas periódicamente a los electores y abrir nuevos espacios a la participación ciudadana". El diputado socialista afirma, en este sentido, que es prioritario conseguir "un auténtico Parlamento abierto" a través de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones.

Medidas concretas

Pero, ¿cuáles son estos mecanismos? En primer lugar, se potencia el papel de las organizaciones sociales en la toma de decisiones, ya que se plantea "la celebración institucionalizada y pública en el propio salón del Pleno de un 'Debate Social sobre el estado de la nación', con intervenciones –para exponer su visión y peticiones al Congreso– de una pluralidad de entidades y organizaciones sociales, con anterioridad al Debate anual de politica general entre el Gobierno y los Grupos Parlamentarios".

De igual forma, la proposición no de ley plantea reformar la Ley Orgánica sobre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reducir los actuales requisitos para que una ley propuesta por los ciudadanos pueda ser llevada a las Cortes –actualmente es necesario que firmen la iniciativa 500.000 personas para que la ILP sea tan sólo presentada ante el Congreso–. En este sentido, el PSOE plantea reducir el número de firmas exigibles y permitir que se recojan de manera telemática, así como el "replanteamiento" de los asuntos que no pueden legislarse a través de este mecanismo –leyes orgánicas o la modificación de la Ley del Indulto, por ejemplo–.

No es, sin embargo, la única iniciativa que presenta la proposición no de ley. De esta forma, se propone "el perfeccionamiento del modelo parlamentario representativo de nuestra democracia" a través de medidas como la promoción de comparecencias de "agentes sociales, expertos y organizaciones interesadas o afectadas por el contenido de una iniciativa legislativa". De igual manera, Elorza plantea la creación de la figura del "diputado 351" a través de la creación de una comisión "que tenga la facultad de llegar a convocar en 'audiencia especial' a los autores de peticiones, preguntas o iniciativas de interés y apoyadas por un número de firmas para que defiendan en el Congreso su contenido".

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Según la iniciativa, los ciudadanos también podrían participar en la vida política a través de "foros deliberativos" que se celebrarían "entre ciudadanos, entidades y parlamentarios con el objetivo de promover la deliberación, la consulta y el debate social sobre una materia o demanda concreta". Asimismo, se insta a los diputados a consultar a colectivos y organizaciones durante la elaboración de una iniciativa parlamentaria, así como al aprovechamiento de Internet para mejorar la comunicación entre el Parlamento y la ciudadanía y para reseñar toda la actividad de las Cortes. 

El PSOE también plantea establecer convenios de colaboración entre el Gobierno, las Cortes y las "organizaciones independientes de monitorización parlamentaria", entidades cuya finalidad se describe como la de "acercar la actividad del Parlamento a las redes, promover el debate sobre las políticas públicas, explorar caminos de colaboración entre la ciudadanía y la institución, vigilar las prácticas de gobierno y parlamentarias, adaptar los mensajes de la web oficial con lenguaje menos técnico, así como hacer más transparente y más accesible la información del Parlamento".

Y ¿cómo se vigilaría que todas estas nuevas normas se cumpliesen? De nuevo entran en juego los organismos independientes. En este caso, un ente no relacionado con las Cortes se encargaría de realizar una memoria anual para viligilar "el corecto cumplimiento" de las normas propuestas, informe que debería ser debatido en el Congreso y el Senado y que, según la proposición no de ley, "deberá contemplar una valoración de su nivel de ejecución, problemas detectados y un capítulo de recomendaciones".

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