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Justicia

Garzón cree que se puede juzgar a los parlamentarios del PP por liquidar la justicia universal

  • El exjuez sugiere querellarse contra los diputados y senadores del PP que votaron a favor de la ley por usurpación de competencias de los jueces
  • La norma, aprobada en tiempo récord, dicta el archivo de todas las causas vivas, que para Garzón es una "interferencia absoluta" en el Poder Judicial
  • El exmagistrado, invitado a un seminario organizado por Izquierda Plural, anima a los jueces de la Audiencia a plantarse ante el Gobierno como ha hecho Pedraz

Publicada 18/03/2014 a las 12:49 Actualizada 18/03/2014 a las 15:56    
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Gaspar Llamazares y Baltasar Garzón, a su llegada al seminario sobre justicia universal en el Congreso, este 18 de marzo.

Llamazares y Garzón, a su llegada al seminario sobre justicia universal en el Congreso, este 18 de marzo.

EFE
"La guerra es larga. El Gobierno y el PP han ganado una batalla. Pero ya veremos". Ese "ya veremos" que decía este martes Gaspar Llamazares en el Congreso encierra buena parte del recorrido de lucha contra el fin de la justicia universal dictado sumarísimamente por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Un combate para el que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio bastantes ideas: que los magistrados se rebelen contra la ley, como hizo ayer Santiago Pedraz, que se persiga penalmente a los parlamentarios conservadores que votaron a favor de la muerte de la jurisdicción universal en el Congreso y en el Senado, que otros países arremetan contra España, que se acuda al Tribunal Constitucional y, posteriormente, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que se active la movilización ciudadana. Todo con tal de frenar la aplicación de una norma aprobada en tiempo récord, apenas un mes, y sin casi debate. 

Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y su portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, organizaron para este martes en la Cámara baja el seminario monográfico Justicia universal o impunidad, para el que invitaron a Garzón y a Manuel Ollé, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y profesor de Derecho Penal de la Universal Complutense de Madrid. El motivo de la jornada no era sólo despedazar y cargar contra la ley que liquida la justicia universal y que está en vigor desde el pasado sábado, sino también poner en común "qué hacer". La ley orgánica (la 1/2014) establece que los jueces sólo puedan investigar delitos de genocidio, torturas o lesa humanidad cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada, y sólo si la víctima es española. Y siempre que se haya interpuesto querella por el agraviado o por la Fiscalía. 

Garzón, que calificó la norma impulsada por el Gobierno –en puridad, por el Grupo Parlamentario Popular, para así agilizar la tramitación y saltarse todos los dictámenes consultivos previos– de "una de las mayores agresiones legales" perpetradas contra las víctimas, sugirió atacar directamente por la vía penal. La razón se encuentra en la disposición transitoria única, que prescribe que todas las causas que estén vivas "quedarán sobreseídas". O sea, que mueren. El exjuez, igual que Ollé y Llamazares, y como habían advertido igualmente el resto de grupos durante la tramitación, advirtió de que con ello se está interfiriendo en el Poder Judicial. "Los jueces, a tomar viento. Se acabó la independencia. Hay una interferencia absoluta. Hay una usurpación que en el Código Penal, en su artículo 506, está castigada con penas de hasta tres años de cárcel y 12 años de inhabilitación y multa para aquellas autoridades que dicten disposiciones generales para privar derechos en ámbitos que no son de su competencia. Los jueces y sólo los jueces, en el ejercicio de su jurisdicción, son los únicos que pueden archivar o sobreseer una causa [...]. ¿Quiénes son los diputados y senadores del PP para invadir el Poder Judicial? Es un motivo de inconstitucionalidad de la ley clarísimo". "Hay que pensar que esto no tiene por qué salir gratis", abundó. 

Por eso Garzón apoyó el plante de ayer de Pedraz en la Audiencia Nacional, que decidió mantener vivo el caso Couso, con el argumento de que, en virtud del IV Convenio de Ginebra, España está "obligada" a perseguir "sin limitación alguna" los delitos contra las personas y los bienes protegidos en caso de conflicto armado. El exjuez animó a los magistrados a rebelarse. "No es una ley necesaria. Es una ley inconstitucional. Los jueces tienen la obligación, cuando una norma es flagrantemente contraria a la Constitución, de no aplicarla. Por eso Pedraz ha hecho lo correcto, y espero que todos los demás colegas lo hagan". El exjuez, no obstante, entrevió en ese punto el primer obstáculo, pues considera que la Fiscalía, una institución cuyo titular es nombrado por el Gobierno, se opondrá a que la docena de causas que estaban siendo investigadas continúen en pie. "Vamos a ver qué hace el fiscal de la Audiencia Nacional, que convocó una junta de fiscales para criticar la reforma, vamos a ver si recurre o no la decisión de Pedraz. Me atrevo a decir que la va a recurrir. Acordaos de lo que os estoy diciendo", avisó al centenar de presentes en la sala Clara Campoamor del Congreso. 

Factura chapucera

Para el exjuez, que abrió las causas contra Adolfo Scilingo y Augusto Pinochet a finales de los noventa, la norma promovida por el PP supone un retroceso de "veinte años", que contraviene todos los tratados internacionales ratificados por España, por lo que puede ser sancionada “sin lugar a dudas”. “Estaría muy bien que así fuera. Todo se andará. Ojo, que las cosas están cambiando”, porque “fuera de España esto es un escándalo”, verbalizó. Garzón reseñó que otros países están siguiendo “la línea contraria”, la de ampliar los límites de la jurisdicción universal, caso de Francia. “Dicen que se apoyan en la comunidad internacional. ¿Qué se entiende por tal? ¿China, Rusia y Estados Unidos? Entonces hay consenso en la impunidad”.

El exmagistrado también advirtió de que la factura tan chapucera de la ley hace que incluso serían difícilmente perseguibles actos de terrorismo. Por ejemplo, no se podría actuar contra la cúpula de Al Qaeda por estar fuera de España, o contra un jefe de ETA que estuviera en Francia. “Si viene, se podría pasear por la Costa del Sol y no se podría hacer nada”, ilustró.

El recurso más inmediato y obvio es ante el Tribunal Constitucional, que con toda seguridad presentará el PSOE (apoyado probablemente por más grupos). De nuevo, el exjuez no mostró mucha confianza, por su composición, con mayoría conservadora. Así que habrá que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y a las instancias de la ONU como el comité de derechos humanos o el de desaparición forzada de personas o el comité contra tortura. Todos aquellos organismos en los que España está y que pueden exigirle “que cambie”. “Creo que nuestra obligación es la defensa de las víctimas, que son las grandes olvidadas y marginadas de esta reforma”.

"Compraventa legislativa de China a España"

Ollé clamó contra una ley “sangrante”, que deja impunes crímenes gravísimos, por los que todos debemos sentirnos “ofendidos”. El abogado hizo hincapié en los motivos que han guiado al Gobierno a actuar con tanta celeridad para matar la justicia universal: China. Cinco exlíderes comunistas estaban siendo investigados por la represión en el Tíbet. Y Pekín, uno de los mayores tenedores de deuda, presionó. Con éxito. Se trata, a juicio de Ollé, de un caso de “clientelismo, de compraventa legislativa de China a España”. Así, la jurisdicción universal cae por “motivos económicos”. “Se priorizan los negocios sobre el Derecho”, había coincidió Llamazares. “Si se boicotea la persecución de estos crímenes, se está favoreciendo la impunidad –resumió el letrado–. La ley debilita el Estado de derecho, contraviene el Derecho Internacional, destroza los derechos humanos, vilipendia la dignidad de las víctimas y garantiza la impunidad. Todos los operadores jurídicos debemos hacer lo que se hizo en su día: no cruzarnos de brazos, pelear desde la dignidad y el derecho internacional”.

Como concluyó Llamazares, de la jornada de este martes salen ideas para “coordinar iniciativas” en la calle y en las instituciones. “No estamos solos”.
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15 Comentarios
  • Goyo Escalante Goyo Escalante 20/05/14 14:27

    Es necesario que si son culpables vayan a la cácel, indemnicen con su patrimonio los dislates que han producido al pueblo y se mantenga el axioma o principio de que: "el desconocimiento de la ley no impide el cumplimiento de la misma". Deben ir a la cárcel si son culpables.

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  • BELLOTO BELLOTO 19/03/14 08:32

    Es curioso que una Justicia incapaz en casa de sacudirse injerencias políticas, se crea capaz de hacerlo fuera. Mas nos valiera que se rebelasen de una vez -amparados por la Constitución y apoyados por la ciudadanía- contra su situación actual interna. En cuanto a la Justicia Universal parece racional que se desarrolle dentro de la universalidad, y no desde las nacionalidades.

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  • La RAF La RAF 19/03/14 00:36

    Adelante con la iniciativa. Si hace falta apoyo económico se crea una bolsa de resistencia. EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENDIDO.

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  • albamanu7 albamanu7 19/03/14 00:23

    Gran noticia, si jurídicamente es correcta adelante

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  • nessie nessie 18/03/14 23:06

    Si hace falta yo pongo pasta.

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  • 359gcu 359gcu 18/03/14 19:53

    Es vergonzoso cobarde y traidor el comportamiento de este gobierno. Van acabar con el poco buen karma que nos que da. 

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  • Trueta Trueta 18/03/14 19:01

    Aunque yo esté de acuerdo en que siga la justicia universal, intentar perseguir a los parlamentarios por el sentido de su voto es una barbaridad que nos retrotrae a los momentos en que se inventó la inmunidad parlamentaria: 1789 en la Asamblea Francesa y la lucha de los representantes contra el rey en Inglaterra. Tanto a Alaya como a Garzón hay que regalarles unas obras completas de Montesquieu. Si olvidamos los principios no somos nada.

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    • P. González P. González 18/03/14 22:27

      Sr. Trueta: Entiendo que si finalmente resulta posible juzgar a los señores diputados, no lo será por expresar libremente su voluntad, sino por vulnerar dolosamente (o no, eso lo decidiría el Tribunal Supremo) la separación de poderes establecida en la Constitución, invadiendo el terreno exclusivamente reservado al Poder Judicial. Y pienso que Mr. Montesquieu opinaría de igual modo. Porque una cosa en que algunos parlamentarios nos hayan salido "asilvestrados" y otra muy distinta que, por muy zotes que pretendan ser (o lo sean en la vida real), tienen la obligación de conocer las leyes y, especialmente, la Constitución Española de 1.978.

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    • Jorge Cruz Jorge Cruz 18/03/14 20:46

      Más que el sentido de su voto como opinión personal (que no es tal, ya que obedece a la manida disciplina de empresa; digo, de partido), es el sentido de su voto por lo que ello implica. Que usted o yo emitamos una opinión determinada no lleva a más que a una mera expresión de ideas y como mucho a un debate entre nosotros. Pero lo que un parlamentario vota va más allá de lo que supone expresar una opinión personal; su voto tiene repercusión real sobre la vida de la ciudadanía y, en tanto suponga un perjuicio para ésta, es deber de los ciudadanos hacérselo saber. Como se pasan nuestra opinión por el arco del triunfo, si se puede evitar por vía judicial, no veo nada de bárbaro en ello.

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      • Trueta Trueta 18/03/14 23:07

        Tenemos todo el derecho a decirle a nuestros parlamentarios lo que pensamos, a recriminarlos y ellos tienen la obligación (que la mayor parte no cumplen) de escucharnos, recabar nuestra opinión antes de decidir y ser responsables ante los electores y no ante las cúpulas de sus partidos. Los parlamentarios tienen responsabilidad penal si votan en determinado sentido por soborno o para enriquecerse. No se les puede procesar porque voten algo con lo que usted o yo no estamos de acuerdo; habrá otra gente que si lo estará.  Intentemos que cambie la ley electoral y que los diputados se elijan por distritos unipersonales y no por listas cerradas y bloqueadas decididas por las cúpulas de los partidos. Así tendríamos un control más directo sobre los parlamentarios. La inmunidad parlamentaria nació para proteger a los diputados de la oposición contra el gobierno, que no pudieran meterlos en la cárcel si votaban en su contra o mandarlos a la cárcel para evitar que lo hicieran.

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        • pepelu pepelu 19/03/14 07:21

          Por muy intocables que sean los diputados y mucha impunidad parlamentaria que tengan, no quiere decir que no se les puede acusar cuando infringen flagrantemente las leyes, sobre todo los de los derechos humanos. Sería como blindarles por los crímenes que cometieran sin poder juzgarles. Yo estoy a favor de juzgarles porque, si no son capaces de pensar lo que votan, sino que obedecen a su pastor del rebaño, no actúan como diputados sino como lacayos, pero in ningún caso sin responsabilidad alguna.

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  • Dossy Dossy 18/03/14 18:55

    Si jurídicamente es viable, que se haga cuanto antes

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    • Lelene Lelene 18/03/14 19:49

      TOTALMENTE.  De acuerdo con su comentario. 

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  • baldos baldos 18/03/14 18:20

    El PP, con su mayoría absoluta que le dieron algunos, se creen los dueños de su cortijo, llamado España y pueden pasar por lo alto de todos los estamentos, ilegalmente pasando, por lo alto, ó con el beneplácito de jueces y fiscales, como acostumbra a hacer, con sus reformas laborales y lo les pase por él arco del triunfo.

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  • P. González P. González 18/03/14 16:37

    Coincido con D. Jorge Cruz. Si resulta viable querellarse contra los parlamentarios, debe hacerse. Porque una cosa es que tengamos que envainarnos durante 4 años las ocurrencias y traiciones de quienes, por nuestra estupidez (de votar a quienes no lo merecen) consiguieron la mayoría absoluta, y otra muy distinta que ello les autorice a vulnerar las leyes, cual parece ser el caso de la disposición transitoria que pretende dictar autos de sobreseimiento, o archivo, al margen de los jueces. Ya va siendo hora de que el miedo empiece a cambiar de bando.

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