Educación dice que el blindaje del castellano se aplicará “sí o sí”

No habrá dilación. A partir del curso que viene las autonomías con lengua cooficial –en realidad este precepto se dirige a Cataluña, que es la única que tiene un modelo de inmersión lingüística en el que el catalán es lengua vehicular– estarán obligadas a garantizar la enseñanza en castellano en "algunas" asignaturas. Si no hay oferta en la escuela pública o concertada, las autonomías tendrán que afrontar los gastos de escolarización en centros privados. La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomedio, dijo este miércoles que el decreto ley que define este cambio se implantará "sí o sí" el próximo curso.

La número dos de Educación se mostró así de tajante en una comparecencia ante los medios tras reunirse con los consejeros autónomicos en una cita a la que faltó la representante catalana, Irene Rigau, molesta tras la negativa del ministro a un aplazamiento del debate que permitiera iniciar algún tipo de diálogo sobre este asunto. En este sentido, urgió a las comunidades a reunirse con celeridad ante la posibilidad que ha abierto el ministro José Ignacio Wert de crear un grupo de trabajo con las autonomías con lengua cooficial para avanzar en las discrepancias que puedan surgir con el decreto que desarrolla la disposición adicional 38 de la Lomce relativa a las lenguas cooficiales.

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Aunque no estaba en el orden del día, otros de los asuntos tratados en el encuentro fue la financiación de la reforma educativa, que el próximo curso empezará a implantarse en 1º, 3º y 5º de Primaria y en FP Básica. Los plazos y la dotación de la reforma educativa preocupan mucho a los consejeros, aunque son sólo los de autonomías no gobernadas por el PP los que comentan este asunto en público. El Ministerio de Educación calcula que implantar toda la reforma costará 408 millones de euros en los tres años en los que está prevista su instauración y espera obtener en torno a 200 millones del Fondo Social Europeo.

El problema es que esta partida no está confirmada, algo que preocupa en algunas autonomías. En el ministerio le quitan hierro al asunto y aseguran que hay "una parte un acuerdo previo". De hecho, la secretaria de Estado de Educación dijo haber viajado Bruselas la semana pasada para cerrar este acuerdo. No obstante, como está previsto que ese dinero no llegue de inmediato, el Gobierno ha previsto financiar con 50 millones de sus fondos propios la implantación de la reforma en el primer trimestre. 

No obstante, según admitió todavía no se ha enviado la solicitud oficial porque el plazo finaliza el 22 de abril. La secretaria de Estado precisó, igualmente, que también se ha alcanzado un acuerdo con los otros departamentos ministeriales que también reciben financiación del Fondo Social Europeo sobre cómo sería el reparto de los fondos.