El Frente Cívico de Anguita se revuelve contra la Audiencia de Palma por el 'caso Urdangarin'

La Audiencia de Palma le enmendó ayer la plana al juez José Castro al obligar al Frente Cívico Somos Mayoría –entidad ligada a Julio Anguita- a ejercer la acusación en el caso Urdangarin valiéndose no de sus propios abogados sino de la letrada de Manos Limpias, asociación situada en las antípodas ideológicas y que se había opuesto de manera frontal a la entrada en escena de una nueva parte acusadora. La resolución de la Audiencia vio la luz a mediodía, apenas horas después de que el mismo tribunal hubiera notificado al Frente Cívico que las deliberaciones sobre el modo en que debe ejercer su personación tendrían lugar el próximo 12 de junio.

Fuentes cercanas a la Audiencia de Palma aseguran que “entra dentro de la normalidad” que la emisión del auto se haya adelantado casi tres meses respecto de la fecha prevista; y que esta no es ni la primera ni la última vez. Pero esa explicación ni convence ni tranquiliza al Frente Cívico, que se barrunta motivos "turbios" y que previsiblemente anunciará hoy la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo o el Constitucional.

El ponente de la resolución, con la que estima el recurso del fiscal Pedro Horrach contra la incorporación de un nuevo letrado a la causa en nombre del Frente Cívico, fue Diego Gómez-Reino, presidente de la Sección Segunda de la Audiencia. El magistrado arguye que "no es la disparidad de opiniones, ideologías o diferencia de sensibilidades el criterio a tomar en consideración para determinar si en un mismo proceso varias acusaciones, ya sean particulares o populares, han de litigar unidas y bajo una misma dirección letrada". El argumento esgrimido por Gómez-Reino difiere radicalmente del que utilizó el juez Castro para permitir la personación del Frente Cívico con equipo jurídico propio. Castro considera –y así lo expuso– carente de lógica dejar la representación procesal de una acusación en manos de otra que previamente había intentado impedir su participación en la causa bajo el razonamiento de que solo le guiaban "motivos ideológicos".

Fue Gómez-Reino quien, también con dos semanas de adelanto sobre la fecha marcada para la deliberación, levantó en mayo de 2013 la primera imputación dictada por el juez Castro contra la infanta Cristina. ¿Obedece su celeridad a una estrategia para cerrar cuanto antes la investigación sobre el caso Urdangarin? Las fuentes jurídicas consultadas convienen en que Gómez-Reino es partidario de “no dilatar el proceso” innecesariamente y que por eso habla en su auto sobre cómo la instrucción está “a punto de concluir”.

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Pero también el juez Castro confía, según sus próximos, en cerrar la instrucción en un par de meses como mucho: si nada se tuerce en la resolución de los recursos pendientes los tribunales valencianos tramitan pronto el exhorto –solicitud a otro juzgado- lanzado para que tome declaración por segunda vez a Francisco Camps como testigo y si tampoco se demora la citación de otros testigos en esa misma ciudad, es muy posible que el plazo incluso se acorte. 

A día de hoy, la gran incógnita estriba en si el juez procesará o no a la infanta, bien por delito fiscal, bien por blanqueo de capitales. Su decisión se conocerá en el llamado auto de cierre de la instrucción y de pase a procedimiento abreviado, con el que se inicia la recta final hacia el juicio.

Tanto si el juez procesa a la infanta como autora o cooperadora necesaria o cómplice en uno de esos dos delitos, es seguro que la Fiscalía recurrirá ante la Audiencia de Palma. Si la exonera –una opción que consideran remota algunos de los principales juristas del caso-, el recurso partirá salvo giro copernicano de Manos Limpias, que ahora tiene el control sobre el Frente Cívico.