Varapalo judicial contra el veto a la consulta sobre el agua de Alcázar

La Justicia ha asestado un duro revés este jueves al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real. Y lo ha hecho al estimar el recurso interpuesto por la Plataforma contra la Privatización del Agua de la localidad contra la resolución de la propia Subdelegación que declaraba improcedente la comunicación que había efectuado el colectivo vecinal para solicitar una consulta ciudadana a partir de este viernes sobre la gestión del agua en la localidad, cuya empresa ha sido privatizada recientemente por el alcalde, Diego Ortega (PP).

En la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) basa su decisión de anular la resolución en que ésta no es "conforme a derecho", por lo que la comunicación de la consulta ciudadana –que se celebrará los días 21, 22 y 23– y de la instalación de mesas informativas queda legalizada. El TSJCM, que también ha condenado a la Administración General del Estado a pagar las costas del procedimiento, explica que la Plataforma no pretende convocar un referéndum ni una consulta popular, algo para lo que no tienen competencias, sino una simulación de voto "como un acto puramente testimonial y reivindicativo", algo en lo que también incide su portavoz, Juan Garrido.

En su recurso, la Plataforma aseguraba que la votación se trata de "una continuación de las actuaciones que se están realizando desde el pasado verano manifestándose pacíficamente, como con la recogida de firmas en contra de la privatización de Aguas de Alcázar". Por su parte, según la sentencia, la Subdelegación del Gobierno –cuya posición ha sido desestimada– aclaró que no se prohíbe ningún acto, sino que se entiende que no ha de tramitarse la comunicación a esta Subdelegación sino al Ayuntamiento como autoridad municipal por la ocupación de la vía pública.

Garrido ha asegurado que los vecinos valoran de forma "muy positiva" la decisión de la Justicia, ya que, además de su consulta, valoran que se haya defendido "la libertad de expresión". "Estábamos convencidos de que no nos lo podían prohibir", explica el portavoz, que hace hincapié en que la Plataforma sólo pretende realizar "un acto ciudadano, preguntar a los vecinos su opinión", y no una consulta oficial, algo que sería competencia del consistorio.

"Se ha demostrado que se puede hacer", se ha congratulado Garrido, que relata que este jueves se celebrará el acto final de la campaña para pedir el voto contrario a la privatización a los vecinos, un evento que contará con la participación de miembros de la Plataforma, ciudadanos de Alcázar e incluso miembros de colectivos similares de otros lugares de España, como la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II. 

El voto, presencial, por correo o a domicilio

¿Y cómo se realizará la consulta? No hay cambios en su organización desde que la Plataforma la convocó hace unas semanas, salvo que su fecha de inicio será este viernes 21, en lugar del jueves 20 como se preveía en un principio. Garrido explica que esta modificación se debe a que en el recurso que se interpuso contra la decisión de la Subdelegación se reseñó por error esta fecha como la de inicio de la votación, si bien el cambio no afectará a la forma de votar: los vecinos colocarán once urnas fijas en todo el pueblo para que los ciudadanos puedan depositar su voto, y éstos también podrán expresar su opinión por correo o pedir por teléfono que el sufragio se recoja en su domicilio.

Las urnas, a pesar del retraso, estarán colocadas desde el jueves en las puertas de los colegios de la localidad ciudadrealense para informar a los vecinos sobre la privatización de la empresa Aguas de Alcázar y la posición de la Plataforma en este sentido, así como para entregar copias de la sentencia hecha pública este miércoles.

Las reacciones a la sentencia no se han hecho esperar. Si bien ni el alcalde ni nadie del equipo de Gobierno del Ayuntamiento se han pronunciado, según cuenta Garrido, sí lo han hecho los partidos de la oposición en la corporación local y del ámbito extraparlamentario. Así, el PSOE de Alcázar –única fuerza opositora en el consistorio– ha llamado a la participación de los vecinos en el referéndum, y ha pedido por boca de su portavoz municipal, Rosa Melchor, el 'sí' a que Aguas de Alcázar mantenga un modelo 100% público. 

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“El señor Ortega lo ha tenido muy fácil, bastaba con sentarse, escuchar a su pueblo y dejarlo opinar ante la venta de Aguas”, ha señalado Melchor, que según informa el diario Lanza Digital ha condenado también la reciente agresión sufrida por el alcalde en un local del municipio, si bien ha matizado que el regidor la hubiera evitado "si hubiera reaccionado de un modo más democrático y tolerante ante las justas reivindicaciones de los vecinos".

De igual forma, las formaciones sin representación en el consistorio también se han mostrado satisfechas con la resolución. UPyD ha asegurado en una nota de prensa que "en situaciones de especial relevancia, en las que la ciudadanía reclama el protagonismo para decidir el destino de un bien público como es el agua, el poder político debe obedecer a la ciudadanía en su solicitud de celebrar una consulta popular sobre este asunto". Por su parte, IU también se ha congratulado de la decisión judicial.

La formación magenta ha criticado que la mala situación económica de la empresa municipal se debe a la "desastrosa gestión" del anterior equipo de gobierno socialista, que "ha situado a Alcázar en una situación ruinosa con un enorme endeudamiento público". Con respecto a su posición, la formación defiende que la compañía siga manteniendo la titularidad pública, pero ha exigido que su gestión se realice con "transparencia y eficiencia".