Un juez imputa por presunta estafa a Adif a la plana mayor de Segur Ibérica

Una jueza de Barcelona ha admitido una querella por presunta estafa y falsedad documental contra la cúpula directiva de Segur Ibérica, uno de los gigantes del sector en España, y ha citado ya a declarar como imputados al presidente de la compañía, José Luis Novales, así como a otros cuatro directivos. Planteada por la Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha contra la Corrupción (Aspacom), la querella sostiene que Segur Ibérica defraudó al gestor ferroviario público Adif casi medio millón de euros, durante 2009 y 2010, al facturar trabajos inexistentes y en ocasiones prestados por falsos vigilantes de seguridad.

Fuentes de Segur Ibérica negaron anoche de forma tajante las acusaciones vertidas en la querella y recalcaron que la compañía ya había sido objeto de otras tres querellas interpuestas por hechos idénticos que terminaron sobreseídas antes de que cualquier directivo tuviese que prestar declaración. “Es cosa juzgada”, dijo un portavoz de la compañía, contratada por los armadores españoles que faenan en el Índico como fuerza de protección frente a ataques de piratas. 

Aspacom, cuya personación como acusación popular admite la juez en un auto fechado el 28 de febrero y que Segur Ibérica niega haber recibido aún, desmiente que la querella de Barcelona verse sobre idénticos o muy similares hechos a los que originaron otras ya archivadas: tres –una en Madrid, otra en Valencia y una más en Barcelona– dice Segur Ibérica; dos –la de Madrid y otra en Valencia por estafa procesal y no económica–, replican otras fuentes cercanas a los querellantes.

“Si fuera cosa juzgada, la juez no habría aceptado la querella”,

aducen portavoces autorizados de Aspacom. Las fuentes consultadas en Segur Ibérica arguyen por el contrario que un juez no necesariamente ha de saber qué ha hecho otro en relación a los mismos hechos. "Estamos seguros de que esta también se archivará".

Los denunciantes creen exactamente lo contrario. De hecho, se declaran convencidos de que el soporte documental entregado a la jueza de Barcelona –cuadrantes de trabajo y facturas emitidas contra Adif– operará como auténtica prueba de cargo.

Entre los documentos aportados, la querella menciona partes de trabajo, facturas y dos actas notariales a las que aún no ha tenido acceso infoLibre. A tenor del relato de la denuncia, cada una de esas actas contiene una confesión hecha ante fedatario público: la primera, de un falso vigilante que sufrió una agresión mientras prestaba servicio en la estación barcelonesa de Sants en 2006, episodio que habría destapado lo irregular de su contratación; la segunda, la declaración de un antiguo apoderado de Segur Ibérica cuyas palabras confirmarían que la empresa se valió de un programa informático para falsear las horas reales de trabajo e hinchar así las facturas dirigidas a Adif.

Segur Ibérica sostiene que lo que subyace bajo esta querella y las anteriores es justamente un asunto de informática: el pleito emprendido en Valencia contra Nix Universal, la empresa que le suministraba los programas necesarios para elaborar nóminas y facturas y con la que rompió en 2007. La compañía de seguridad mantiene que Nix Universal le causó “graves daños”. Y le reclama casi 30.000 euros. “Cada vez que se interpone una querella, el pleito civil se para”, apuntan sus portavoces.

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Pero la versión de Nix Universal, con cuyos representantes logró contactar anoche este diario y que impulsó la querella archivada en 2012 en Madrid, difiere radicalmente: “Con nuestros programas se pagan cada mes 100.000 nóminas y nadie se ha quejado nunca de ningún fallo; Segur Ibérica prescindió de nuestros servicios porque nos negamos a que se pudiera manipular la aplicación informática”, dice un directivo de la sociedad.

Además de al presidente de Segur Ibérica, José Luis Novales, la titular del juzgado de instrucción 19 de Barcelona cita a declarar como imputados a otros cuatro altos cargos: el delegado territorial en Cataluña hasta 2013, el director y el subdirector de operaciones y el director de recursos humanos.

Entre octubre y diciembre de 2011, el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, perteneció al consejo de administración de Segur Ibérica. Cesó en el puesto para, a finales de octubre de 2012, regresar al órgano de administración, ahora como presidente, aunque efímero: apenas transcurrido mes y medio y una vez formalizado su nombramiento como ministro, Morenés dimitió.