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Archivada la causa contra el abogado de Tomás Gómez por revelación de secretos

  • El juez afirma que los hechos "son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada"
  • El letrado del líder socialista estudia emprender acciones legales contra Salvador Victoria y Henríquez de Luna por las declaraciones contra su honor

infolibre
Publicada el 27/03/2014 a las 21:13 Actualizada el 27/03/2014 a las 21:33
Tomás Gómez.

Tomás Gómez.

EUROPA PRESS
El juez de Instrucción número 29 de Madrid ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el letrado Wilfredo Jurado, el abogado del secretario general del PSM, Tomás Gómez, por un delito de descubrimientos y revelación de secretos relacionado con la supuesta filtración de la contabilidad del PP en la Asamblea de Madrid.

Así consta en un auto dictado el pasado 21 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, donde el juez entiende que de lo actuado se desprende que los hechos investigados "son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada". Por ello, considera "procedente" y de conformidad a lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, decretar el sobreseimiento provisional de estas actuaciones "al no quedar acreditado que fuera Wilfredo Jurado el autor de la filtración denunciada". No obstante, rechaza el sobreseimiento libre de las actuaciones solicitado por la representación procesal al Juzgado de Instrucción en un escrito donde aseguraban los letrados del denunciado que Jurado no era autor "de la comunicación a nadie de la contabilidad del PP".

Defensa de Jurado

En este sentido, explicaban que su única relación con la contabilidad del PP consistió en recibir una copia de la misma de su cliente (el PSM) con el encargo de analizar desde el punto de vista jurídico determinadas partidas relativas a los cobros de sobresueldos por parte de los diputados del PP en la Asamblea de Madrid.

Así, Jurado se defendió asegurando que lo único que hizo fue llevar a cabo el encargo de su cliente "realizando una breve nota o informe de dichas retribuciones, junto con la copia de la contabilidad recibida". "Eso es todo", se insiste en el escrito donde se solicita el sobreseimiento libre.

Jurado también explicó que al realizar dicho encargo "recortó de la contabilidad general del PP aquellos apuntes que tenían que ver con los cobros de los diputados, lo convirtió en formato PDF y junto con su informe lo entregó a su cliente. Esto sucedió, añade, a finales de mayo de 2013, sin poder "precisar los días exactos".

El abogado de los socialistas presentó también una certificación del secretario del Juzgado Central de Instrucción número 5 referida a la pieza separada sobre el informe "acreditando que la contabilidad del PP se aportó en esa pieza en fechas 25 de marzo, 10 de abril y 13 de junio y que en dicha pieza no se personó la parte que defiende Jurado hasta el 15 de julio de 2013".

Así pues, continúa, la fecha que aparece en los correos electrónicos usados por la parte denunciante (PP), que es la del 3 de junio, "Wilfredo Jurado todavía no había sido tenido por parte personada en dicha pieza, de manera que difícilmente puede tener acceso a la copia de esa documentación depositada en el Juzgado".

En un comunicado, el despacho de abogados Jurado & Abogados, al que pertenece el letrado denunciado, ha destacado que esta causa intentaba ser "una cortina de humo en torno al fraude a la Seguridad Social que están cometiendo los diputados de la Asamblea de Madrid", en alusión al hecho de que presuntamente perciban dos retribuciones por una misma actividad.

Además, han adelantado que se reservan las acciones legales que sean procedentes contra el portavoz del Gobierno regional, Salvador Victoria, y contra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Íñigo Henríquez de Luna, por verter declaraciones en contra del honor de este letrado.

Precisamente fue Henríquez de Luna quién denunció ante los Juzgados ordinarios la presunta filtración de un documento en mayo de 2013 por parte de Wilfredo Jurado.

El artículo 466 del Código Penal señala que podrá ser castigado por esta infracción penal "con las penas de multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años".
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