Andalucía mantiene que no financiará a centros que segregan por sexo a pesar de la ‘ley Wert’

La Junta de Andalucía está decidida a no consolidar los conciertos con los centros que separan a en clase a niños y niñas a pesar de que la 'ley Wert', en vigor desde el 30 de diciembre de 2013, señala de forma expresa que esta opción educativa puede estar financiada con dinero público. La secretaria general de Educación, Elia Maldonado, y la directora general de Planificación y Centros, Elena Marín, mantuvieron este miércoles un encuentro con los portavoces de la plataforma 'Mis padres deciden', que engloba a la comunidad de padres de alumnos de doce centros que segregan en la comunidad. Seis de ellos –los otros lo harán en los próximos días– han presentado sendos recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para impugnar la negativa de la Junta, por segundo año consecutivo, a estabilizar los conciertos.

El presente curso escolar es el primero en el que no se ha financiado con dinero público los cursos de inicio de estos centros educativos en educación Infantil, Primaria y Formación Profesional. Y la Junta pretende que siga siendo así de forma sucesiva. En el resto de los cursos sí se mantiene el concierto, pues existe un compromiso de garantizar la estabilidad de los alumnos que iniciaron su escolarización en un sistema concertado hasta que la finalicen. En su momento, cuando se publicó la orden de conciertos 2013-2017, la Junta se basó en varias sentencias del Tribunal Supremo para no concederlos a estos colegios. 

Fuentes de la Consejería de Educación andaluza señalaron a infoLibre que "todo seguirá igual" por su parte porque, aseguran, les "avala" el Tribunal Supremo. Los padres, por su parte, reclaman que esta opción se afiance para "garantizar la pluralidad en el acceso a la educación", dijo a este periódico Rafael Caamaño, secretario general de CECE Andalucía. De hecho señalan que, con la ley en la mano, tienen las de ganar. La realidad es que la LOMCE les da la razón y que las sentencias a las que alude la Junta se basan en una ley que ya no está en vigor, la Ley Orgánica de Educación (LOE), y que dejaba la decisión final en manos de las autonomías al señalar que los colegios mixtos serían "objeto de atención preferente y prioritaria". La legislación actual –recurrida al TC por la Junta por este y otros aspectos– recoge que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" en las escuelas aunque añade que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos".

La clave, en los tribunales 

El Supremo falla a favor de los centros andaluces de educación que separan por sexo y reconoce el derecho al concierto

Ver más

El consejero andaluz, Luciano Alonso, ha asegurado recientemente que no rectificará el rechazo de la administración autonómica a concertar a los colegios que segregan salvo si éstos "ganan en los tribunales", informa Europa Press. No obstante, la Junta todavía se guarda otros ases debajo de la manga. Por un lado, aluden al artículo 21 de su Estatuto de Autonomía, que señala que "todos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a los centros educativos sostenidos con fondos públicos" y que "a tal fin se establecerán los correspondientes criterios de admisión, al objeto de garantizarla en condiciones de igualdad y no discriminación". 

Además, quizá sin quererlo, el ministro José Ignacio Wert –el mismo que en otras ocasiones se ha referido a la escuela que separa por sexos como "una opción de libertad"– echó un capote a la Administración andaluza. En respuesta a una pregunta de la senadora socialista Mar Moreno dijo que "si una administración educativa entiende que esas plazas [en referencia a las de centros segregados] no tienen que ser concertadas porque existe oferta pública, ésa es la competencia de la comunidad autónoma". En este sentido, en la Junta alegan también que la orden de conciertos se aprobó en 2013 y tiene vigencia hasta 2017, por lo que no tienen previsto hacer ningún tipo de modificación. Hay un concierto "por cuatro años y no pensamos tocarlo bajo ningún concepto", dijo en rueda de prensa el consejero Alonso. 

Caamaño, de la patronal de colegios privados CECE, afirma que la Junta niega los conciertos a estos centros siguiendo criterios "políticos" y define de "incongruencia" que la Administración andaluza haya recurrido al Tribunal Constitucional una norma "con la que no cumple". "No defendemos ni un modelo ni otro. Nos basamos en el artículo 27 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos", añade. Gemma García, portavoz de la plataforma 'Mis padres deciden' lamenta que la Junta quiera "imponer" un modelo "único, laico y mixto" y acusa a los dirigentes andaluces de ser "elitistas" por no favorecer que las familias con menos recursos tengan acceso al modelo educativo que prefieren.