Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno criminaliza las protestas

Amnistía Internacional (AI) cargó duramente contra la reforma del Código Penal del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Una modificación que, según la organización, incorpora "graves restricciones injustificadas a los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica". Además, sostuvo que el Gobierno pierde de este modo la opción de tipificar adecuadamente los crímenes de derecho internacional y "profundiza en la invisibilización de las personas migrantes".

En un informe publicado en su página web, Amnistía desglosó los principales puntos de fricción con la reforma gubernamental. El endurecimiento de penas y la modificación de los delitos de antentado contra la autoridad y de desórdenes públicos preocupa a la ONG "en un contexto de crisis económica en el que se están violando los derechos de las personas más vulnerables".

En este sentido, recordó que las molestias o perturbaciones que se produzcan en el ejercicio de la libertad de expresión, reunión o manifestación no necesariamente constituyen una alteración del orden público. Esteban Beltrán, director de AI en España, defendió que "es muy preocupante que la reforma pueda convertir en acto criminal la sola participación en la protesta".

Los crímenes de derecho internacional, que quedarán sin ser juzgados por la derogación de la justicia universal, son otro asunto que preocupa a la organización porque dejan abiertos "resquicios para la impunidad" al no garantizarse la imprescriptibilidad de los mismos.

Por otro lado, el informe criticó además la prisión permanente revisable que se plantea para delitos de especial gravedad tras el cumplimiento efectivo de entr 25 y 30 años (o hasta 35 en caso terrorismo). Para AI, también deberían plantearse garantías de rehabilitación y reinserción de los condenados, "una cirscunstancia esencial para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", recuerda.

En los casos de terrorismo, la ONG adviritió que el nuevo Código Penal "sigue sin tipificar estos casos de manera adecuada", lo que se traduce en que se podría llegar a "considerar como delitos delitos, conductas de quienes por medios pacíficos propugnen cambios o expresen sus opiniones".

Por último, Amnistía denuncia que se invisibilice a los ciudadanos extranjeros. Según la organización, castigando a quienes ayuden a entrar en el territorio español a los imnmigrantes, con o sin ánimo de lucro, y promulgando penas de expulsión –en lugar de penas de cárcel– se estaría dificultando, el derecho de asilo político. 

Por todo ello, AI recomendó en su informe que "se tomen las medidas necesarias" para no vulnerar derechos vigentes y para perseguir crímenes tipificados en el derecho internacional de derechos humanos.