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Los abusos de la banca

CCOO se querella contra la cúpula de Liberbank, el marido de Cospedal y el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear

Ignacio López del Hierro y María Dolores de Cospedal.

La Federación de Servicios Financieros de CCOO (Comfia-CCOO) interpondrá este martes en la Audiencia Nacional su anunciada querella contra la cúpula de Liberbank y contra la propia entidad bancaria como persona jurídica. La querella, a la que ha tenido acceso infoLibre, incorpora como querellados al empresario Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, y al presidente del Consejo de Seguridad Nuclear y exsecretario de Estado de Energía, Fernando Marti Scharfhausen, ambos beneficiarios de contratos de asesoramiento que el sindicato cree "mendaces": o sea, falsos.

Desde diciembre de 2011, el mismo año en que Cospedal ganó las elecciones de Castilla-La Mancha, López del Hierro percibe del grupo bancario en torno a 7.000 euros por mes en virtud de un contrato de asesoramiento que su empresa Hilo de Inversiones SL firmó supuestamente con Liberbank en noviembre de ese año y que CCOO considera inexistente. Según Liberbank, el empresario presta servicios de asesoramiento inmobiliario, aunque ninguno de sus eventuales informes ha salido a la luz. Marti Scharfhausen es copropietario de la empresa New Intercontinental Portafolio Conceptual Associated SL, que cobró al menos 12.500 euros de Liberbank en diciembre de 2011.

Por esos hechos, el sindicato acusa a los querellados de falsedad documental "en concurrencia con un delito de apropiación indebida o administración desleal".

Además de López del Hierro y Martí Scharfhausen, la querella se dirige contra el presidente del grupo Liberbank, Manuel Menéndez, y otros tres miembros del consejo de administración: Felipe Fernández, Jesús María Alcalde y Encarnación Paredes. A estos tres últimos, el sindicato los acusa de fraude fiscal por cuanto se acogieron al ERE decretado para la plantilla y percibieron las indemnizaciones estipuladas pese a que continuaron ejerciendo como miembros del consejo de administración. Y cobrando por ello.

Comfia recalca en su querella que tanto la aceptación de facturas "falaces" –así define las de López del Hierro y Marti Scharfhausen– como el pago de indemnizaciones astronómicas por despido a los tres directivos que se mantuvieron como consejeros supone "un gravísimo desvío de fondos de un grupo que ha recibido más de 124 millones de euros de ayudas públicas".

Citando como fuente el Informe sobre Remuneraciones difundido por Liberbank en su web, el sindicato relata cómo sólo uno de los tres directivos querellados, Felipe Fernández, exdirector general de Cajastur, percibió en 2012 "327.000 euros como retribución fija y 7.000 euros por prestaciones asistenciales".  Ese mismo año, prosigue CCOO, Fernández "percibió una indemnización de 654.000 euros, que suponemos sería equivalente a la del resto de los afectados por el ERE, en este caso tres años y medio de retribución, que se acogerían a la exención tributaria prevista".

En relación con el marido de la presidenta de Castilla-La Mancha, el sindicato introduce la hipótesis de que su contratación "tal vez" obedeció a razones que podrían considerarse tráfico de influencias o cohecho, aunque no suma ninguno de esos delitos a su calificación jurídica inicial.

La Caja Castilla La Mancha (CCM) fue una de las que, junto con las de Cantabria, Asturias y Extremadura, se integraron en el nuevo banco Liberbank. CCOO dice al respecto lo siguiente: "La propia CCM, tras ser intervenida por las autoridades gubernativas, subastada y adjudicada a Cajastur, mantiene aún una serie de competencias, sobre todo en la Fundación CCM, donde el Gobierno de Castilla La Mancha, que precisamente preside la mujer del Sr. López del Hierro, tiene una enorme capacidad de decisión y competencias, todo ello además de la propia competencia en materia financiera regional que depende del propio órgano de Gobierno regional". Y es lo anterior lo que lleva al sindicato "a interpretar que tal vez la contratación de esta persona [..] en realidad obedecía a ciertos tráfico de influencias o de cohecho, pero en todo caso son ajenas al tráfico mercantil".

Comfia recuerda en la querella que Hilo de Inversiones SL es la empresa que López del Hierro utilizó para comprar en 2011 el cigarral toledano donde vive con su esposa, a la que donó el 50% del inmueble. Ese ejercicio, Hilo de Inversiones multiplicó por 14 sus ingresos respecto del ejercicio anterior. El sindicato subraya que "pese a tener contraído supuestamente un sustancioso contrato con una entidad financiera desde el año 2011, no presentó sus cuentas anuales en el Registro Mercantil sino hasta el año 2013, aunque sabido es el carácter estricto que exigen las entidades financieras con sus proveedores, incluyendo cláusulas de obligaciones de tipo personal, y que facultan la resolución por estar el contratista simplemente incurso en causas de disolución o irregularidades de tipo administrativo o formal".

"La investigación ya fue archivada"

Fuentes cercanas a López del Hierro declinaron pronunciarse sobre la querella en espera de conocer su contenido pero recalcaron que "la investigación ya fue archivada en febrero por la Fiscalía de Cantabria". En efecto, la querella es la respuesta de CCOO al cerrojazo de la Fiscalía de Cantabria a la investigación abierta el pasado verano tras una denuncia sobre los pagos efectuados a López del Hierro a través de su sociedad Hilo de Inversiones SL.

El antiguo director general de la filial de Liberbank –Bancantabria Renting– que hizo los pagos a López del Hierro a través de Hilo de Inversiones se llama Antonio Huesca. Se negó a pagar aduciendo que no existía ningún contrato. Luego, fue despedido. Y luego, le contó todo lo anterior a la Fiscalía.

El fiscal jefe de Cantabria, José Ignacio Tejido, consideró pese a ello que no había indicios de ilegalidad, otorgó carta de naturaleza a la tesis de que ambas partes estaban unidas mediante "relación laboral"  y dictó en febrero el archivo de las diligencias.

Según CCOO, el ministerio público cerró el caso cuando ya tenía en su poder una de las pruebas que se adjuntan a la querella: la transcripción de una conversación telefónica, grabada, entre un delegado sindical de CCOO y uno de los dos apoderados de Bancantabria Renting con facultades para suscribir contratos.

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La transcripción aportada por CCOO constata cómo ese apoderado de Bancantabria admite que el contrato original con la empresa Hilo de Inversiones, el supuestamente firmado en noviembre de 2011 y en el que en septiembre de 2012 se subrogó directamente Liberbank, "no existe". Entre las diligencias que CCOO propone figura la de que el juez que asuma la investigación reclame al sindicalista la grabación original de esa conversación telefónica.

La Fiscalía optó por el archivo tras dar por buena la versión de Liberbank: que el contrato existía, aunque firmado por otro directivo del grupo distinto a Antonio Huesca. En favor de la tesis de que López del Hierro estaba prestando servicios reales, el fiscal tomó como testimonio clave el prestado por un vigilante de seguridad, según el cual el empresario accedía de manera frecuente a la sede de la entidad financiera para acudir a "reuniones de trabajo".

CCOO emprende acciones contra el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Fernando Marti, básicamente por los mismos motivos que aduce contra López del Hierro. A diferencia del marido de Cospedal, Marti ostenta la condición de cargo público. "Conviene señalar –dice la querella– que don Fernando Marti Scharfhausen ocupó hasta fechas inmediatamente anteriores al pago de la factura, y desde luego cuando supuestamente se prestaron los servicios, el cargo de vicepresidente del Consejo Nacional de la Energía, para ser designado, poco después, secretario de Estado de Energía, momento en que se pagó la factura".

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