Castilla-La Mancha

Cospedal evita ser auditada al eliminar la Sindicatura de Cuentas castellanomanchega

Sede del Tribunal de Cuentas en Madrid.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves, con los únicos votos a favor del PP, eliminar la Sindicatura de Cuentas de la región –el equivalente autonómico del Tribunal de Cuentas–, cuyas competencias pasarán al Tribunal de Cuentas nacional. En la práctica, esto supondrá que las auditorías de esta legislatura no vayan a publicarse hasta después de las próximas elecciones autonómicas en la comunidad.

Los conservadores han argumentado que la supresión del organismo responde a la necesidad de eliminar "gastos superfluos" y duplicidades. Así, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Cañizares, ha asegurado en rueda de prensa que la eliminación de la Sindicatura supondrá ahorrar 1,5 millones de euros anuales, una cifra que han puesto en duda los socialistas. En este sentido, un portavoz del PSOE ha señalado a infoLibre que, de los 52 trabajadores de la Sindicatura, 46 son funcionarios de carrera que tendrán que ser recolocados en otros puestos de la administración, un hecho que, a su juicio, enjugará buena parte del ahorro pronosticado.

Sin embargo, y más allá del supuesto ahorro, existe otra consecuencia directa: dados los plazos habituales del Tribunal de Cuentas, es muy difícil que los resultados de las auditorías de las cuentas de esta legislatura sean publicados antes de que ésta finalice. Así lo reconocen fuentes de la Junta y así se desprende de los propios datos del organismo, cuyos últimos informes publicados acerca de las comunidades que no cuentan con una autoridad fiscalizadora propia –Cantabria, Extremadura, Murcia y La Rioja, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla– datan de hace pocos meses y se refieren a los ejercicios de 2010 y 2011.

La auditoría podría tardar más de dos años

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El último informe de las cuentas de la Junta publicado por la Sindicatura castellanomanchega, por su parte, corresponde a 2011, por lo que el Tribunal tendrá que ocuparse en primer lugar de fiscalizar las cuentas de 2012, el primer año completo de Cospedal como presidenta –tomó posesión del cargo en junio de 2011–. Si los plazos se mantienen tal y como hasta ahora, el organismo podría tardar en publicar su informe algo más de dos años. Y las elecciones, si no hay ningún adelanto, se celebrarán en la primera mitad del año 2015.

El debate parlamentario ha sido tenso. La diputada socialista Delfina Carrasco ha criticado que este tipo de medidas evidencian que el Ejecutivo "se ha cebado de tal manera con la austeridad que al final ha sido todo un austericidio", y ha lamentado que el PP no haya aceptado las enmiendas de su grupo, que según ha dicho pretendían mejorar el "sinsentido" que supone la supresión. Carrasco, además, ha asegurado que al Gobierno le da igual que uno de los trabajadores de este organismo, un conserje que tenía plaza temporal, vaya a perder su empleo. "Después de haber despedido a 20.000 trabajadores públicos, les da igual uno más", ha remachado.

La diputada socialista, además, ha defendido la creación de una Oficina de Control Presupuestario, que ha sido rechazada por el diputado del PP y posteriormente por el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, que ha recordado que esa oficina fue de los primeros organismos que creó Cospedal al llegar al Gobierno. Esteban, igualmente, ha asegurado que si hoy el Ejecutivo tiene "que encarar dificultades"  es "por la herencia recibida" del anterior Ejecutivo socialista.

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