Anja Bienert: “En España faltan mecanismos para investigar abusos policiales”

La organización Amnistía Internacional (AI) ha presentado este jueves el informe España: el derecho a protestar, amenazado. En el documento, la ONG sostiene que el Gobierno está restringiendo el derecho de manifestación y acosando a líderes de movimientos sociales, y que los abusos policiales para con los manifestantes gozan de un clima de impunidad total.

Con este diagnóstico general coincide la responsable de policía y derechos humanos de AI, Anja Bienert, que estima que en España existe un "problema estructural" que va más allá de las posibles actuaciones irregulares de agentes concretos de las unidades antidisturbios. En una entrevista con infoLibre, Bienert subraya que el uso indiscriminado de la fuerza está generalizado.

"Las actuaciones policiales deberían dirigirse contra las personas violentas presentes en una manifestación, al tiempo que deberían facilitar el ejercicio del derecho de forma pacífica por parte de la mayoría –señala–, pero diversos testimonios demuestran que la mayoría de heridos por pelotas de goma no tenían nada que ver con los disturbios violentos".

Actuaciones en tela de juicio

Así, Bienert asegura que el uso de la fuerza en España para contener las manifestaciones es "indiscriminado" por parte de la Policía y también que es necesaria una reflexión en torno a los materiales empleados por las unidades de intervención policial (UIP), las conocidas como antidisturbios.

"Cuestionamos el material que se emplea, por ejemplo las pelotas de goma, y es necesario determinar si es adecuado y lo suficientemente preciso para dirigirse en las intervenciones únicamente a las personas violentas", comenta la experta. A este respecto, Amnistía ha recogido casos de ciudadanos heridos e incluso fallecidos en España a consecuencia de esta clase de proyectiles.

La analista de AI también llama la atención sobre la "preocupante ausencia de protocolos" que guíen la actuación de los efectivos antidisturbios cuando se producen altercados en manifestaciones o cuando se trata de acompañar protestas de carácter pacífico. 

El manifestante, enemigo público

Preguntada sobre las causas a las que responde esta situación, Bienert no duda en señalar que en España se han pasado a considerar ilegales protestas sólo por "faltas adminsitrativas", como la ausencia de comunicación previa, lo que a su juicio ha desembocado en una "relación casi de hostilidad" de la Policía con los manifestantes.

"Las fuerzas del orden han acabado oponiéndose constantemente a los manifestantes, y esa no es una relación sana", incide. "En España se están disolviendo marchas por cualquier medio y casi por cualquier motivo, sin discriminar siquiera entre manifestantes pacíficos y los asistentes que muestran comportamientos violentos".

Clima de impunidad

Pero si preocupantes considera las actuaciones de las fuerzas policiales y la criminalización de los movimientos sociales, Bienert no ve menos alarmante la impunidad de los abusos policiales en España. Por una parte, AI ha detectado "agentes que a título particular actúan de forma excesiva". "Exigimos –agrega–, que se les pueda identificar y sancionar".

Por otra, la experta recuerda que "no es un policía quien toma la decisión de disolver una protesta ni de cargar empleando material antidisturbios. Eso son órdenes de arriba –asegura–, y eso significa que en España tenemos un problema mayor, un problema estructural", relacionado con actuaciones excesivas que quedan impunes.

En este sentido, dice que cuando Amnistía se ha dirigido al Ministerio del Interior para solicitar información sobre episodios concretos relacionados con actuaciones a priori cuestionables por parte de efectivos policiales, la respuesta del Gobierno ha sido que "el 95% de las denuncias de manifestantes son archivadas".

Bienert destaca los "grandes esfuerzos" que tienen que hacer las víctimas para poder denunciar: "Hay un problema en España, y es que no se reconoce que hay actos ilegales por parte de la Policía que hay que investigar adecuadamente. En España hace falta un mecanismo de investigación independiente sobre los abusos policiales".

Espiral restrictiva

Finalmente, y de cara a los próximos meses, la responsable de policía y derechos humanos de Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la situación en España: "Hemos visto cómo las cosas han empeorado en el país y consideramos que hay un riesgo grande en España, porque no se reconocen los problemas existentes por parte de las autoridades".

Bienert cita como ejemplo países como Grecia o Turquía, donde las autoridades optaron por recetas similares a las del Ejecutivo conservador español a la hora de aplacar las protestas derivadas de la crisis económica y las políticas de austeridad: restringir derechos, emplear la fuerza contra los manifestantes y criminalizar las protestas.

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"Está claro que la intención del Gobierno español es restringir derechos porque hay miedo, pero el Ejecutivo no entiende que la represión es un camino desacertado, y que por esta vía va a obtener peores resultados que si opta por escuchar a quienes protestan y dar explicaciones", sostiene. "La gente necesita ser escuchada, no que se la obligue a callar", zanja.

En el marco de las progresivas restricciones contempla medidas como la anunciada Ley de Seguridad Ciudadana o la reforma del Código Penal: "Se pretende disuadir a las personas de participar y restringir aún más el derecho de manfiestación", denuncia Bienert.

La experta se muestra especialmente crítica con el recurso desmedido a las sanciones adminsitrativas en detrimento de la vía judicial y con la formulación "excesivamente genérica" de muchas faltas. "Con la Ley de Seguridad Ciudadana, incluso la resistencia pacífica y pasiva podría ser castigada", sentencia.