Las asociaciones antidroga critican al Gobierno por su “irresponsabilidad”

Las consecuencias de la reforma de la justicia universal ya están aquí. Y no sólo tienen que ver con la falta de respeto a los derechos humanos en otros países. El pasado 28 de abril, el Pleno de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional se vio obligado a excarcelar a 13 presos acusados de narcotráfico. Con la aplicación de la nueva legislación, otros 38 narcos podrían abandonar las cárceles españolas. Las asociaciones antidroga denuncian la “irresponsabilidad” del Gobierno y le acusan de olvidar su función principal: proteger a su sociedad.

“Garrafal”. Así califica Carmen Avendaño, presidenta de la Fundación Érguete, el "error" cometido por el Gobierno con la reforma de la justicia universal en lo que afecta a la lucha contra el narcotráfico. “Los legisladores que tenemos obvian la gravedad de lo que legislan”, lamenta esta madre gallega, conocida por su larga batalla contra las mafias de la droga.

Como explicaron fuentes de la Audiencia Nacional, en virtud de la nueva normativa España no tiene jurisdicción para perseguir el delito de narcotráfico si afecta a personas extranjeras detenidas en embarcaciones que naveguen en aguas internacionales, si el barco no tiene pabellón español o no se acredita que el destino de la droga sea nuestro país. “El destino no importa –apunta Avendaño a infoLibre-; la droga que se intercepta en las proximidades de España tiene Europa como destino, y de una u otra forma llegará a nuestro país”.

Entre 1980 y 1990 hubo una reacción política y social muy fuerte respecto al narcotráfico. Desde entonces, “las fuerzas de seguridad del Estado están muy preparadas para hacer frente al tráfico de estupefacientes, sobre todo en alta mar", recalca la presidenta de Érguete–. Pero "con la nueva legislación se pretende desmontar este sistema”.

Más impunidad, más oferta

El perfeccionamiento de los sistemas de seguridad y de los dispositivos para combatir el narcotráfico permiten al Estado conocer “la procedencia de la droga: desde dónde sale, hacia dónde va, en qué cantidades”, explica Avendaño. Sin embargo, “si la vigilancia queda deteriorada antes de llegar a las costas, las aguas internacionales serán ahora un salvoconducto para los narcos que llegan de América y África”. La experiencia le dice a esta activista gallega que “se incrementará el tráfico de drogas por Galicia, como ya está sucediendo”.

La Fundación Salud y Comunidad de Barcelona, organización destinada al tratamiento, prevención y sensibilización de adiciones, también advierte del aumento de la cantidad de droga que llegará a España con motivo de la impunidad en alta mar. “Habrá más oferta, y cuando hay más oferta es más fácil acceder a ella”, remarcan. Desde la organización subrayan que su mayor preocupación reside en los efectos secundarios que la nueva justicia universal tenga “sobre las personas que atendemos”.

Después de años de denuncia y lucha, Avendaño, junto a otras madres gallegas con hijos afectados por las drogas, consiguieron que el Gobierno pusiera en marcha más recursos para perseguir el narcotráfico. “Ahora nos sentimos impotentes”, se lamenta. “Que nuestros representantes, y más un ministro de Justicia, tomen estas decisiones demuestra que muchos políticos son unos inconscientes que no sopesan las medidas que realizan”, denuncia la combativa gallega. “El Estado debe proteger”, recuerda al Ejecutivo.

Desde la Fundación Érguete no sólo advierten del deterioro de las barreras antinarcotráfico: también denuncian la liberación “de los responsables de causar miles de muertos”. “Nuestros políticos están obviando que las cárceles están llenas de jóvenes que se enfrentan a 14 o 15 años de prisión por traficar con papelinas para pagar sus adiciones, mientras se deja en libertad a los máximos responsables”, denuncia. Para Avendaño, la nueva legislación denota “irresponsabilidad” y “una gran falta de conocimiento” de la gravedad de esta situación.

En este sentido, la Fundación Salud y Comunidad denuncia la “doble moral” que subyace en la nueva legislación. “Se criminaliza a las personas que menudean como consecuencia de su propia adición, mientras que los que trafican con una gran cantidad de droga se van de rositas”, recalcan. Se trata, a su parecer, de una “paradoja” en la que se condena a los “que tienen menos opciones”.

Cobertura legal para condenar el narcotráfico

La mayoría de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aprobó la liberación de los narcos al considerar que con la nueva legislación los acusados quedan exentos de cualquier juicio. La Fiscalía Antidroga, sin embargo, defiende la competencia de los tribunales españoles para juzgar a los marineros arrestados y reclama la aplicación de la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes. Según el Ministerio Fiscal, el artículo 17 de este texto establece “la necesaria cooperación entre los Estados firmantes para eliminar el tráfico ilícito por alta mar”.

La fundación catalana Salud y Comunidad recuerda que la reforma de la justicia universal se llevó a cabo de manera exprés y sin consenso. “En un tema tan importante como el narcotráfico se debería trabajar desde el consenso; sin embargo las fracturas en este ámbito son evidentes”, asegura.

La Fundación Gallega contra el Narcotráfico cree que “existe un error de redacción e interpretación de la norma”. La ambigüedad de esta nueva ley “es lo que ha motivado a los jueces a liberar a los narcos”, interpreta Fernando Alonso, miembro de la fundación.

La reforma de la justicia universal “no es buena para la lucha contra el narcotráfico”, asegura Alonso. “Lo que hay que hacer es dar cobertura legal inmediata a los jueces para que puedan intervenir con total seguridad”, añade. El nuevo texto referente a la justicia universal “no sólo supondrá que muchos criminales salgan libres, sino que se dejará de detener a muchos otros”, apostilla.

En virtud de los tratados internacionales firmados por España, “nuestros magistrados están acreditados para detener y condenar a estos narcotraficantes: vayan donde vayan y vengan de donde vengan”, sentencia Alonso.

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Para la fundación, concebida para hacer frente al tráfico de estupefacientes, lo más lógico sería “volver al status quo de la ley anterior donde se podía actuar contra el narcotráfico con total seguridad jurídica”.

Las diferentes plataformas dedicadas a la prevención y asistencia de drogodependientes señalan que es indispensable “un debate serio sobre el mundo de las drogas”. La reforma de la ley universal y su repercusión directa en el narcotráfico deberían despertar “un debate social y político en este ámbito marcado por la exclusión social y el doble rasero”, reclaman desde la fundación catalana. Para esta organización, lo que demuestra la nueva normativa es que “la justicia no es igual para todos".

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), cuya presidencia de honor ocupa la reina Sofía y a cuyo patronato pertenecen los presidentes de las principales empresas españolas y de los grandes grupos de comunicación, ha preferido no opinar sobre la reforma de Gallardón y sus consecuencias para la lucha contra el narcotráfico. "Nosotros solo nos centramos en la prevención", ha manifestado a infoLibre un portavoz.