El CGPJ insta a Interior a facilitar las visitas de jueces y fiscales a los CIE

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –integrada por 5 de los 20 vocales del organismo– ha acordado este jueves por unanimidad exigir al Ministerio del Interior que establezca las condiciones legales que permitan a jueces y fiscales visitar los centros de internamiento de extranjeros (CIE).

La decisión del CGPJ, tomada en una reunión extraordinaria de su Comisión Permanente que solicitaron las vocales progresistas Roser Bach y Concepción Sáez, viene provocada por la negativa de Interior –por segundo año consecutivo– a que un grupo de jueces y fiscales visitasen el pasado martes el CIE de Barranco Seco (Gran Canaria) como parte del Foro de Inmigración que se está celebrando estos días en la isla y que está organizado por el Gobierno canario y el propio CGPJ. En dicho congreso participan magistrados venidos de toda España, y en él se organizan diferentes actividades y conferencias sobre el papel de la Justicia en relación a este fenómeno para complementar la formación de los togados.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han asegurado a infoLibre que, si bien la Comisión Permanente "considera que no corresponde al CGPJ cuestionar el ejercicio de otros poderes del Estado de las competencias que les son propias", sí que ha hecho hincapié en que "las visitas a los CIE pueden resultar de especial interés para la formación de los jueces, especialmente de los que tratan o vayan a tratar en el futuro asuntos de extranjería, ya que dicha actividad les acerca a la realidad social de los extranjeros sometidos a expediente de expulsión".

La visita carecía de "amparo legal", según Interior

El departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz argumentó para defender su prohibición que la visita que iban a realizar los jueces y fiscales, una actividad de caracter formativo, carecía de "amparo legal”. Y no es la primera vez que Interior da esta explicación: el año pasado ya vetó una visita de otro grupo de magistrados a este mismo CIE arguyendo que “en las normas de funcionamiento de régimen interno de los CIE no están contempladas las visitas", un razonamiento que tanto en 2013 como en 2014 ha provocado las críticas del Gobierno canario y de los propios jueces.

En este sentido, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo del archipiélago denunció en un comunicado que la prohibición suponía "una falta de respeto al Poder Judicial, al Ministerio Fiscal y al Gobierno de Canarias". El responsable de este departamento, el socialista Francisco Hernández Spínola, criticó igualmente la "falta de transparencia" y "opacidad innecesaria y nada conveniente" de la que, a su juicio, hizo gala Interior, "más aún cuando a los que se impide acudir son aquéllos que actúan como garantes de la legalidad y de los derechos fundamentales".

"La Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que los jueces debemos visitar los centros de privación de libertad", explicaba por su parte el pasado martes a infoLibre Victoria Rosell, portavoz adjunta de Jueces para la Democracia y jueza de control del CIE de Barranco Seco. La intención de visitar el centro, según Rosell, no es "caprichosa", sino que responde a que los ciudadanos demandan a los jueces que estén "al tanto de lo que ocurre en la calle". "Paradójicamente yo podría ir mañana, pero no puedo enseñárselo a otros jueces para mejorar su formación", señalaba la portavoz de Jueces para la Democracia.

Otros años no hubo problemas

Interior veta por segundo año consecutivo la visita de jueces y fiscales a un CIE

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La magistrada destacó, igualmente, que mientras al grupo de jueces y fiscales que tenían planeado asistir al centro de Barranco Seco se les prohibía la visita, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, sí pudo acudir el martes sin ningún tipo de problema. Y en este sentido, Rosell explicó que en 2006 y 2011 otros grupos de jueces y fiscales visitaron sin ninguna pega por parte de Interior los CIE de El Matorral (Fuerteventura) y Aluche (Madrid) en el marco de los Foros de Inmigración celebrados esos años.

"Actualmente solo hay siete CIE en funcionamiento, tras el cierre de los de Algeciras y Fuerteventura, por lo que muchas de las autoridades judiciales afectadas no tendrán otra ocasión de conocer estos lugares de detención, situados en algunos casos a cientos e incluso miles de kilómetros de los juzgados que autorizan el internamiento", señalaba en esta línea Jueces para la Democracia en un comunicado, en que también recordaban que "el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, en su informe publicado en 2013, realizó a España una recomendación general de promover las visitas judiciales a todo tipo de centros de detención".

En este tipo de centros los inmigrantes irregulares pueden ser confinados un máximo de 60 días mientras se tramita su expulsión de España, una situación que varias ONG han tachado de abusiva, ya que los internos "tienen restringido el derecho a la movilidad, al contacto con el exterior o a recibir visitas", según María Serrano, responsable adjunta de política interior de Amnistía Internacional, que también denuncia que en ocasiones se producen malos tratos e incluso "a veces no se respetan los derechos humanos".