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Caso Nóos

El juez del ‘caso Nóos’ imputa al número dos de Barberá por los convenios con Urdangarin

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicealcalde, Alfonso Grau,en una imagen de 2012.

El juez del caso Urdangarin, José Castro, ha imputado este martes al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, del PP, por los pagos que la Fundación Turismo Valencia, ligada al ayuntamiento de la capital, hizo a la pretendida ONG Instituto Nóos entre 2004 y 2006. El número dos de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia está llamado a declarar el próximo sábado a las 16.00 horas en los juzgados de Palma.

Solicitada por los socialistas valencianos, que ejercen la acusación popular en el caso, y respaldada por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, la imputación es la primera de un político en activo desde que las pesquisas sobre el yerno del rey y su entramado salieron a la luz en noviembre de 2011.

Grau, según varios subordinados, fue quien decidió que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) cofinanciase al 50% con la Generalitat valenciana las tres ediciones de la llamada Valencia Summit.

En total, la fundación aportó 1,5 millones de euros, buena parte de los cuales ni siquiera justificaron Urdangarin y su socio de entonces, Diego Torres. Anticorrupción sostiene que la adjudicación fue ilegal en sí misma. Y que, en realidad, lo que hicieron la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia fue otorgar un contrato a dedo sin más trámite que los que se emplearon para camuflar el amaño.

La información recabada ayer por infoLibre apunta a que la rapidez con que el juez ha citado a Grau busca evitar que se demoren más los trámites previos al cierre de la instrucción y el auto por el que el resolverá si procesa o no a Cristina de Borbón.

En principio, todo indica que el magistrado incorporará a la infanta a la lista de imputados que finalmente se sentarán en el banquillo, y a que le atribuirá como autora o cooperadora necesaria un delito fiscal y/o de blanqueo de capitales. No obstante, en tanto no se conozca el auto de cierre de la instrucción y de pase a procedimiento abreviado –la fase previa al juicio–, nada estará escrito. 

El papel motriz de Alfonso Grau en los convenios que reportaron a Instituto Nóos 3,5 millones de las arcas valencianas ya era conocido desde hace dos años. Pero fueron las dudas sobre la naturaleza jurídica de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau las que le fueron librando desde entonces de una imputación idéntica a la que pesa sobre los sucesivos responsables de Cacsa, la empresa pública de la Generalitat que sufragó el otro 50% de las minicumbres turístico-deportivas encargadas a la asociación que presidía el yerno del rey.

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La semana pasada, y tras las declaraciones prestadas como testigos por antiguos miembros del patronato de la fundación que señalaron a Grau, la petición de los socialistas valencianos (PSPV) precipitó los acontecimientos. El apoyo de la Fiscalía a esa nueva imputación ya presagiaba que el juez accedería a dictarla: hasta ahora, Castro no ha denegado ninguna de las imputaciones propuestas por Horrach.

Lo que inclinó a la Fiscalía a respaldar definitivamente la iniciativa del PSPV fue un dictamen de los interventores adscritos a la investigación el que despejó las dudas sobre la fundación valenciana.

Los interventores, aseguran las fuentes consultadas, concluyó que si bien se trata formalmente de un ente de naturaleza privada en el que participan, por ejemplo, organizaciones empresariales, su control efectivo político y económico está en manos del Ayuntamiento de Valencia y, por tanto, debe considerarse como una fundación pública. El consistorio valenciano mantiene justamente lo contrario. 

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