Aduaneros critican el tajo a la justicia universal porque entorpece su lucha contra el narcotráfico

La importante limitación que ha impuesto el Gobierno al principio de justicia universal en España, que en un principio iba destinada a calmar los conflictos diplomáticos con China, ha causado la apertura de un frente inesperado: las liberaciones de narcotraficantes –hasta 38 podrían abandonar o ya han dejado las cárceles– por la aplicación de la nueva norma. Y, según la Asociación Profesional del Cuerpo Ejecutivo de Vigilancia Aduanera (ACEMVA), esto es sólo el principio, ya que la legislación dificultará su labor contra la entrada de droga a través del mar.

Los aduaneros protestan contra una jurisdicción que tachan de confusa y que aseguran que provocará "posibles conflictos entre normas e inseguridad jurídica a los funcionarios del Servicio Marítimo de Vigilancia Aduanera". ¿El motivo? Que, a su juicio, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que reduce las atribuciones de la justicia universal no respeta los tratados internacionales sobre lucha contra el tráfico de drogas. En este sentido, la ACEMVA hace referencia en un informe a varios tratados, entre los que destacan dos: la Convención de Derecho del Mar Montego-Bay de 1982 y la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes de 1988.

En el primero de los acuerdos –ambos firmados por España–, se señala que "todos los Estados cooperarán para reprimir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas realizado por buques en la alta mar en violación de las convenciones internacionales". La ACEMVA denuncia que la limitación de la justicia universal restringe el alcance de estos tratados porque, para que Vigilancia Aduanera actúe contra un barco sospechoso de transportar drogas fuera de las aguas españolas, éste debe viajar bajo bandera de nuestro país, tener algún español en la tripulación o dirigirse a territorio nacional.

Si el buque viaja bajo pabellón de otro Estado, el SVA tiene que pedir permiso a este país para poder abordar e inspeccionarlo y, en su caso, detener a los responsables. Sin embargo, los aduaneros explican que "no todos los barcos dedicados a estos ilícitos [el tráfico de drogas] llevan pabellón, siendo un modus operandi habitual las embarcaciones sin pabellón. ¿Qué tribunal se hará competente de una neumática sin pabellón –lo habitual– cargada con 2.000 kg. de hachís en aguas internacionales que haya sido aprehendida por el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en virtud del Derecho Internacional?", No hay respuesta porque la nueva ley no contempla estos supuestos.

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Estas restricciones se encuentran vigentes, tal y como recuerdan los aduaneros, desde la reforma de la justicia universal que realizó en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que acotaba que para iniciarse un proceso judicial los presuntos responsables debían encontrarse en España o tenían que existir víctimas de nacionalidad española, aunque era posible comenzar la investigación si se constataba "algún vínculo de conexión relevante con España". La introducción de este "nexo español", según la Asociación, "limitó las investigaciones, las operaciones y la cooperación internacional en alta mar".

Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de esta limitación? Tal y como recoge el informe, la Fiscalía alertaba en su Memoria anual relativa al año 2012 de que los procesos iniciados por tráfico de drogas eran cada vez menos. Y ofrecía cifras: si en 2005 fueron 237 los juicios, en 2011 se incoaron 113 procesos, una tendencia que "parece haberse intensificado en 2010 tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ha restringido los supuestos de competencia extraterritorial de la jurisdicción española, especialmente relevante en los casos de abordajes de barcos en alta mar", según señalaba el propio Ministerio Público. Los datos le dan la razón: en 2012 fueron sólo 101 los procedimientos iniciados.

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En este sentido, ACEMVA señala que la base para combatir el tráfico de drogas es la cooperación internacional, dado que se trata de un delito de carácter "transnacional". "Si analizamos el negocio de la droga y nos preguntamos: ¿Dónde se cultiva? ¿Dónde se procesa? ¿Quiénes la transportan? ¿Dónde y quiénes la distribuyen en los países de destino?¿Quiénes y dónde se blanquean los beneficios? Las respuestas obtenidas tendrán como protagonistas a diferentes Estados y personas de distintas nacionalidades", señala el informe, que argumenta que, dada esta circunstancia, es "incomprensible la introducción del 'nexo español' en la reforma de 2009 y en la actual".

Asimismo, los aduaneros protestan por los diferentes criterios que han seguido los jueces de la Audiencia Nacional a la hora de encarar los procesos basados en el principio de justicia universal desde la aprobación de la nueva norma. Mientras el magistrado Santiago Pedraz se ha negado a cerrar el caso que investiga la muerte del cámara español José Couso en Irak, argumentando que contravendría la IV Convención de Ginebra, que obliga a "perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado", los jueces que han liberado a los narcotraficantes han interpretado que la nueva legislación en España impide continuar con los procesos abiertos.

"Los argumentos dados para acometer esta última reforma son que este principio de jurisdicción universal provoca conflictos diplomáticos y su poca eficacia en los distintos procedimientos. En nuestro caso el efecto es el contrario: mejora las relaciones diplomáticas, generando confianza, mostrándonos como un socio fiable con capacidad de enfrentarse a esta amenaza con éxito", remacha el informe.