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El Gobierno se plantea elevar el máximo de financiación 'crowdfunding' a 2 millones

El ministro de Economía, Luis de Guindos, en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros.

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El Gobierno estudia la posibilidad de elevar el importe máximo de captación de fondos por proyecto a través de crowdfunding desde el millón de euros estipulado en el Anteproyecto de Ley de Fomento de Financiación Empresarial a los dos millones de euros.

Así lo ha asegurado el Grupo de Trabajo de Equity Crowdfunding, que ha destacado en un comunicado que el Ejecutivo "puso de manifiesto su receptividad" ante esta propuesta presentada por la organización en la reunión mantenida con responsables del Ministerio de Economía y Competitividad el pasado 7 de mayo.

El objetivo de esta medida, señala el Grupo de Trabajo, es que el importe máximo coincida con el límite mínimo del valor estimado de las acciones susceptibles de incorporación en el Mercado Alternativo Bursátil.

Esa misma receptividad, asegura el comunicado, fue mostrada ante la necesidad de precisar que la prohibición de publicitación sobre proyectos concretos se refiere a la comunicación subjetiva y persuasiva que "tenga por objeto incentivar o enaltecer un determinado proyecto sobre el resto de proyectos".

Este Grupo de Trabajo, formado por doce plataformas de equity crowdfunding y por la Asociación Española de Crowdfunding, también ha solicitado "encarecidamente" que se agilice la tramitación de dicho anteproyecto, "con el objetivo de que la financiación de las empresas españolas a través de las Plataformas de Financiación Participativa (PFP) contribuya de forma efectiva a la salida de la crisis".

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Este organismo ha informado así de la reunión que tuvo lugar dos días antes de que el ministro Luis De Guindos anunciase que los inversores podrán saltarse los límites de 3.000 euros por proyecto y 6.000 euros a doce meses por plataforma impuestos a los inversores no profesionales.

En este sentido, el Grupo de Trabajo ha destacado que "la calificación de inversor profesional no puede venir determinada exclusivamente por los ingresos anuales del inversor, sino también por otros criterios relativos a su patrimonio, su conocimiento, experiencia o cualificación en el mundo financiero y societario, o la plena conciencia del riesgo que supone invertir en capital, entre otros".

Asimismo, el Grupo de Trabajo ha señalado que existe "plena consciencia sobre la legalidad en la actualidad de la actividad de puesta en contacto a través de páginas web entre los inversores con promotores de proyectos". Esta actividad, una vez aprobara la Ley, quedará reservada a las PFP.

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