Relaciones UE-EEUU

Las sombras del Tratado de Libre Comercio entre la UE y EEUU

El tratado de libre comercio entre EEUU y la UE podría reducir los derechos sociales y laborales de los ciudadanos

En noviembre de 2011 un grupo de líderes europeos y americanos comenzaron a estudiar la puesta en marcha de políticas que ayuden a incrementar el comercio y la inversión entre EEUU y UE. El proyecto comenzó a fraguarse el año pasado cuando, en julio de 2013, se iniciaron las negociaciones. Este acuerdo es lo que se conoce como el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés), o Tratado de Libre Comercio, que podría aprobarse finalmente durante 2014. Sin embargo, ni las organizaciones públicas de ambas instituciones ni los ciudadanos, ni siquiera el Parlamento Europeo, tienen acceso a las negociaciones y, según decenas de colectivos, podría poner en riesgos los derechos laborales y sociales de los europeos.

El pasado 21 de mayo, a cuatro días de la celebración de las elecciones europeas, más de 120 organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea y Estados Unidos presentaron un manifiesto común contra el Tratado. En él denuncian el oscurantismo en torno a las negociaciones y la falta de procedimientos democráticos con la que un acuerdo de esta envergadura se está llevando a cabo. Uno de los puntos más reseñables de esta denuncia es que el único sector integrado en los diálogos es el privado, lejos de cualquier debate democrático con la ciudadanía y las estructuras políticas. “Sabemos que las grandes empresas tienen cerca de 600 representantes que asesoran el proceso”, apuntan.

Las organizaciones implicadas en la denuncia llevan meses mostrando su preocupación por una posible “degradación de las regulaciones y la eliminación de salvaguardas a ambos lados del Atlántico", según una carta enviada a la Comisión Europea el pasado mes de marzo. Critican que la escasa información disponible (obtenida en parte a través de filtraciones), deja ver que el TTIP “generaría más desempleo” y supondría un ataque “sin precedentes a los derechos sociales y la democracia, privatizando aún más los servicios públicos, como la salud, la educación y el agua”. Además, apuntan que bajar los salarios y eliminar los niveles de protección existentes en diversas áreas (medioambiente, salud pública, derechos laborales…), se encuentran entre los objetivos del acuerdo.

Armonización a la baja de la legislación

“Generalmente los tratados de libre comercio suelen bajar los aranceles entre las naciones que lo negocian”, explica Luis Rico, portavoz de Ecologistas en Acción, “en este caso, como entre la UE y EEUU los aranceles ya son bastante bajos (3,5% de media) lo que buscan es una cooperación legislativa”. Esta cooperación se explica por la queja de las grandes multinacionales que operan a ambos lados del Atlántico y que denuncian grandes pérdidas económicas por las diferentes legislaciones. “Muchos tememos que con esta combinación lo que estén buscando sea una armonización a la baja de toda la legislación que protege tanto a la ciudadanía como al medioambiente”, critica Rico.

La UE lleva a cabo una política más proteccionista en cuando a transgénicos, productos químicos peligrosos (incluidos productos farmacéuticos) y otra serie de sustancias en sectores como el sanitario o el ganadero que en el marco europeo están prohibidas o suponen costes mayores y barreras comerciales más rígidas, mientras que en EEUU no sucede de esta forma. “Lo mismo ocurre con los derechos laborales. EE.UU. no ha firmado parte de los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo”, comenta Rico. "Si equiparamos las normas laborales a ambos lados del Atlántico muchos nos tememos que podemos salir perdiendo derechos laborales”, denuncia el portavoz de la organización.

El 90% de los negociantes son del sector privado

Desde Ecologistas en Acción subrayan que, a pesar de que las negociaciones se encuentran ya en la quinta ronda, los ciudadanos siguen sin contar con ningún texto que permita conocer qué es lo que se está negociando para el TTIP. “Solo sabemos los puntos que se van a tratar, lo de la cooperación regulatoria y poco más”, critica Rico.

La Comisión Europea publicó en su página web una serie de preguntas y respuestas en torno al Tratado en el que básicamente niega que vaya a haber problemas, que vayan a suprimir derechos o a legislar a la baja. “A nuestro entender la Comisión Europea no tiene mucha legitimidad puesto que muchas veces ha cedido a los intereses de la industria”, afirma Luis Rico. “Los datos que conocemos es que, antes de comenzar las negociaciones, de las 130 reuniones con la sociedad civil que reconoció tener la UE, 119 eran representantes de la industria, o sea más del 90% pertenecían al sector privado”, añade.

“Durante la cuarta ronda de negociaciones en Bruselas los dos negociadores de la Comisión Europea estuvieron cenando en la sede de las principales multinacionales de ambos lados del Atlántico, esto ya te da una imagen de lo que está ocurriendo”, denuncia Rico.

Ecologistas en Acción ha lanzado una campaña contra el Tratado, creando un blog en el que actualiza con frecuencia las novedades en el asunto y organizando conferencias por diferentes ciudades."50 preguntas y respuestas sobre el TTIP"

Alberto Garzón, diputado de IU y economista miembro del Consejo Científico de ATTAC España, una de las organizaciones firmantes, ha tratado de aportar algo de luz sobre este acuerdo publicando en su blog personal el documento 50 preguntas y respuestas sobre el TTIP, lanzado desde la Secretaría de Economía y Política Gloibal de Izquierda Unida. Algunas de sus respuestas permiten conocer más de cerca ciertos puntos que ya se conocen, como la regulación que pretende hacer en el sector sanitario, la necesaria adaptación de los Gobiernos implicados en sus normativas laborales, el daño a la agricultura y al sector del medioambiente.

“Todos esos rasgos –apunta Garzón– sabemos que van a estar incluidos en el Tratado, no sabemos su definición ni su diseño concreto pero sabemos que van a estar. Eso ya de por sí es una regresión, estamos hablando de un país que tiene unos estándares mucho más bajos en todos esos ámbitos que los nuestros”.

Según el diputado, lo más importante es “entender” cuál es la lógica que subyace en un tratado de libre comercio y basarse en la experiencia previa de acuerdos pasados, “sobre todo cuando se hace entre dos zonas geográficas y económicas tan diferentes como son EEUU y la UE”.

Garzón también denuncia la “absoluta opacidad” de las negociaciones, que considera un reflejo de la “lógica actual que impera” en la institución europea. “Está siendo una negociación entre élites que buscará una ratificación en el Parlmento Europeo que, bueno, ciertamente es una entidad democrática pero no se informa a la ciudadanía de la importancia del Tratado de Libre Comercio. No hay debate público”, denuncia el economista.

“Sabemos quiénes están dirigiendo este proceso, sabemos que la Comisión Europea se ha reunido con las grandes empresas, sabemos que están buscando aumentar las tasas de beneficios de esas grandes empresas y eso solo se puede hacer disminuyendo los estándares: controles de calidad de los productos, control de medio ambiente…”

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Cláusula de protección de inversores

El diputado de IU resalta la importancia de la cláusula de protección de inversores que, según comenta, en este caso sí se ha dicho que se está trabajando a partir de ella. Este apartado implica que las grandes empresas puedan demandar a un Estado a través de tribunales internacionales cuando los gobiernos aprueben leyes que afecten a sus beneficios económicos presentes o futuros. Así lo explica Garzón en sus 50 preguntas y respuestas mentando el caso de la multinacional estadounidense Phillip-Morris que demandó a Uruguay por 2.000 millones de dólares por haber puesto alertas sanitarias en las cajetillas de tabaco. Dinero que sale del bolsillo de todos los contribuyentes.

Además, Garzón señala que PP y PSOE aprobaron el pasado año una proposición no de ley con respecto a Europa en la que buscaban “promover” y “acelerar” un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, “aunque no se han pronunciado sobre el contenido”, señala Garzón. Izquierda Unida propuso que, cuando el Tratado fuera ya una realidad, se sometiera a referéndum. “Y ante eso”, denuncia el diputado, “que creo que es una mínima garantía democrática para que la gente sepa de lo que está pasando, el PP, el PSOE y otros grupos votaron en contra”.

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