Los deberes de Felipe VI

Felipe de Borbón y Grecia tomará las riendas de la Corona en el momento de mayor desgaste de la institución monárquica en España desde la restitución de la democracia. Hace más de dos años y medio que el CIS no da buenas noticias a la Zarzuela en lo que a popularidad de la monarquía se refiere. La última calificación que obtuvo su padre en el barómetro del pasado abril fue un 3.72 sobre 10. Sin embargo, la caída en picado de la confianza de los españoles no es, ni mucho menos, el único desafío que tiene por delante Felipe de Borbón. A esta circunstancia se une el desafío soberanista en Cataluña, que tiene su fecha clave en la consulta prevista para el 9 de noviembre de 2014. 

De puertas para adentro, el heredero tiene por delante del reto de cómo afrontará la deriva judicial del caso Nóos, toda vez que la decisión del juez Castro sobre si incluye o no a su hermana Cristina en la lista de imputados parece estar ya a la vuelta de la esquina. Y también la cuestión de las transparencia, después de que la Zarzuela se haya comprometido "a lo largo de 2014 y 2015" a ir "ampliando" la información económica que concierne a la Jefatura del Estado. Por el momento, la Corona no ha ofrecido información sobre el patrimonio de Juan Carlos, la herencia que le dejó su padre o el gasto de los ministerios en la Corona. 

01. El desgaste de la institución

Recuperar la imagen de la monarquía será, sin duda, uno de los grandes retos que tiene por delante el hijo de Juan Carlos I cuando se convierta en Felipe VI. En los últimos dos años y medio su padre ha obtenido rotundos suspensos cada vez que el CIS ha preguntado a los españoles sobre su confianza en la Corona. La última vez, en el barómetro oficial del pasado abril, divulgado el 5 de mayo, el sondeo volvió a arrojar una imagen muy preocupante para la institución monárquica. Y por tercera vez consecutiva. En esta ocasión la nota fue de 3,72 puntos sobre 10. 

El primer revés llegó en octubre de 2011. Aún no había explotado el caso Nóos, pero la monarquía ya no fue capaz de aprobar el examen de la ciudadanía. La nota fue entonces de 4,89 puntos sobre 10. Tras un año y medio de silencio en las encuestas del CIS, el organismo volvió a incluir una pregunta sobre la monarquía en el barómetro de abril de 2013. La nota fue de 3,68. Entonces se acababa de conocer la primera imputación de Cristina de Borbón. Y ya había pasado también el traspié más costoso para Juan Carlos: su cacería de lujo en Botsuana y su repatriación de urgencia a España para ser intervenido en la cadera derecha. La Corona respondió con algunos ejercicios de mayor transparencia y la petición de ser incluida en la ley, aunque precisamente este asunto será otro de los retos que tiene por delante el heredero. 

Entre abril de 2013 y abril de 2014 la recuperación fue leve, de apenas cuatro centésimas. Y eso que la coyuntura era teóricamente mejor, pues la ebullición del caso Nóos se había templado de forma notable. Sin embargo, el 3,72 del último sondeo implica que la monarquía sigue sin quedar bien parada a ojos de los ciudadanos. La Corona se mantiene, además, en la sexta plaza en la tabla de puntuación de las instituciones del Estado, tras la Guardia Civil (5,78), la Policía (5,70), las Fuerzas Armadas (5,29), los medios de comunicación (4,51) y el Defensor del Pueblo (3,87). La Corona es citada como una preocupación ciudadana por el 0,4% de los españoles, frente al 0,9% de hace un año.

Estas malas notas cosechadas por su predecesor coinciden además con un momento de cierto desgaste de las instituciones democráticas, de cuestionamiento de los consensos de la Transición y de desafección hacia los partidos que tradicionalmente han ejercido en España labores de Gobierno, PP y PSOE, lo que puede dar lugar en el futuro a Cámaras más fragmentadas y también que cuestionen más a la monarquía como institución. Por lo pronto, formaciones como IU, ERC, BNG, Podemos o Equo comenzaron este lunes a reclamar la celebración de un referéndum en el que la ciudadanía pueda decidir sobre el modelo de jefatura del Estado. En el PSOE, la postura del aparato es la defensa de la sucesión borbónica si bien en el partido, abierto en canal a propósito de sus malos resultados electorales y la cuestión de su liderazgo, hay posturas discordantes como la de las Juventudes Socialistas, que reclaman también la celebración de una consulta y dicen no sentirse representadas por el modelo monárquico. 

02. El desafío soberanista

El futuro reinado de Felipe VI tiene una fecha marcada con rojo en el calendario. Es el 9 de noviembre de 2010, cuando está prevista la consulta independentista en Cataluña. La última vez que Juan Carlos I visitó Cataluña –sin contar la visita de este lunes, cuando acudió a un almuerzo con motivo del 49º Congreso Internacional de Esquí– fue el 21 de mayo pasado. Hacía 20 meses que no pisaba suelo catalán, al menos en viaje oficial. Entonces el rey evitó las alusiones al contexto político y social en Cataluña y se limitó a instar a los nuevos jueces en su acto de entrega de despachos a “tener presente la Constitución”. 

Aunque veladas, el príncipe no ha dejado de hacer referencias al desafío soberanista cada vez que ha visitado Cataluña de forma reciente. El pasado febrero, Felipe presidió con motivo del congreso mundial de móviles una cena en la que ante el presidente de la Generalitat destacó que cuando las distintas Administraciones trabajan juntas son más fuertes y competitivas. En su última visita, el pasado abril, cuando acudió junto a la princesa Letizia a la inauguración de la sede de una multinacional, no se refirió de forma directa al desafío independentista, aunque sí dijo que ensalzó la "importancia de abrirse al mundo".

El tema catalán preocupa, y mucho, a la Corona. Y será, sin duda, uno de los asuntos que marque los primeros meses de reinado de Felipe. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya avisó este lunes de que el cambio en la jefatura del Estado no cambiará la hoja de ruta secesionista. "Habrá cambio de rey pero no habrá cambio en el proceso político que vive el pueblo de Cataluña, seguirá adelante", advirtió.

03. El 'caso Nóos' 

Dos años y medio después de que una batería de registros lanzada por el juez Castro destapara cómo el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, y su socio de años, Diego Torres, habían logrado embolsarse seis millones de euros públicos gracias a Instituto Nóos, el asunto que está sobre la mesa es saber si el magistrado incluirá o no a la hermana del futuro rey en la lista de imputados del caso Nóos. La clave es si Castro considerará a la infanta penalmente responsable –o corresponsable– de los delitos de fraude fiscal que se atribuyen a su marido o de uno de blanqueo de capitales por su supuesta participación en el afloramiento del dinero ingresado por Aizoon de Instituto Nóos y/o empresas privadas y conservado en las cuentas de la pareja o su sociedad Aizoon SL. 

Esa decisión llegará con seguridad después 16 de junio, por lo que es una incógnita si Felipe la recibirá ya como jefe del Estado. Lo que está claro es que será una de las cuestiones cruciales a las que se tendrá que enfrentar a su llegada al trono. Hasta ahora, el heredero ha evitado aparecer en actos públicos junto a su hermana y su yerno Iñaki Urdangarin. Este fue apartado de la vida oficial de la Corona en diciembre de 2011. Su comportamiento fue calificado entonces de "no ejemplar". Aunque más tarde que su marido, la hija del rey, Cristina de Borbón, fue apartada de la agenda de actos oficiales antes incluso de verse ella misma envuelta en el escándalo. Sin embargo, cuando ella resultó imputada, la Casa del Rey resaltó que creía en su inocencia e incluso manifestó su "sorpresa" por la decisión del juez al tiempo que aduló la posición del fiscal, contrario a la imputación. La Corona había guardado silencio cuando el señalado por la Justicia fue Urdangarin. 

Sin embrago, desde que estalló el caso Nóos, los príncipes de Asturias no tienen relación con los duques de Palma, a los que antes estaban muy unidos, según informó El País. De hecho, según este mismo periódico ni ellos ni sus hijas acudieron a la Zarzuela la pasada Nochebuena. Es decir, hay una gran diferencia entre la actitud que tomaron los monarcas con su hija –la reina Sofía es la que más ha intentado mantener la unidad de la familia– y la de los príncipes, que optaron por cortar por lo sano. Uno de los interrogantes de su reinado será ver cómo gestiona Felipe la relación con su hermana Cristina, algo que posiblemente tenga mucho que ver con la deriva judicial del caso. 

04. La transparencia de la Corona

El estallido del caso Nóos y la caída en picado de su popularidad llevaron a la Casa del Rey a prometer que se sería más transparente. En su mensaje de la pasada Navidad, el monarca aseguró que asumía las exigencias de "ejemplaridad y transparencia". Sin embargo, por el momento, se trata sólo de palabras. Los hechos no acaban de llegar y ese será, por tanto, otro de los retos a los que tendrá que enfrentarse el futuro rey.

A día de hoy, la Zarzuela sigue sin ofrecer por ahora más datos sobre el patrimonio de Juan Carlos, la herencia que le dejó su padre o el gasto de los ministerios en la Corona. Existe un compromiso de que "a lo largo de 2014 y 2015", la institución irá "ampliando" la información económica que concierne a la Jefatura del Estado. Días después de ese discurso, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en una entrevista en TVE, volvió a prometer que la institución cumplirá "con la letra y el espíritu" de la Ley de Transparencia y llegó a calificar de “injusto” que la acusen de "opacidad".

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No obstante, entre los puntos oscuros relacionados con la Corona sigue estando el desglose de la asignación que recibe la institución con cargo a los Presupuestos Generales del Estado –este 2014 fueron 7,77 millones, un 2% menos que el ejercicio anterior– y lo que gastan los distintos ministerios en la Jefatura del Estado. Sobre la cuantiosa herencia de Juan de Borbón, no se sabe el volumen exacto del legado o si pudo comprobar fehacientemente que se pagaron los impuestos cuando el dinero se repatrió. Y tampoco se publicitan las agendas de los miembros de la familia real, más allá de las audiencias públicas o el uso que se hace de las residencias propiedad de Patrimonio Nacional pero de utilización privativa del monarca y su familia. El Gobierno en su día alegó que no podía informar de la residencia que pudo emplear la princesa alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amiga de Juan Carlos, en la finca La Angorrilla del recinto de El Pardo, precisamente porque sólo da cuenta de aquellos monumentos y jardines a los que puede acceder el público.

La monarquía, paradójicamente, se encuentra a resguardo por la propia Ley de Transparencia, que aunque ya está publicada en el BOE, no ha entrado en vigor íntegramente. Lo que ya está vigente es el Título II, el relativo al código de buen gobierno, exigible a los cargos públicos de los tres niveles del Estado (Gobierno central, ejecutivos autonómicos y locales). Pero el grueso del texto, los títulos I y II, que afectan a la información que deben proporcionar las administraciones públicas e instituciones (entre ellas la Corona) y que crean el Consejo de Transparencia –el órgano que debe velar por el cumplimiento de la ley–, no estará operativo hasta el 10 de diciembre de 2014. Si es que se cumplen los plazos, claro. No sólo eso. La disposición adicional sexta de la ley establece un filtro previo. La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno será el órgano competente para tramitar todas las peticiones de información que obren en poder de la Casa del Rey.

Además, de la Jefatura del Estado –igual que de otras instituciones como Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Banco de España, Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas– se conocerán sólo sus actividades "sujetas a Derecho Administrativo". Es decir, se conocerá lo que gastan los ministerios en el sostenimiento de la monarquía, pero no el patrimonio o cuentas personales de sus miembros (una reclamación que incluso asumió el PSOE), cosa que sí ocurre con los parlamentarios, por ejemplo. Además, las peticiones de información a estas instituciones sólo serán recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa, no ante el Consejo de Transparencia.