El juez no desvelará si procesa a la infanta hasta que Felipe sea proclamado rey

La proclamación de Felipe de Borbón como rey, prevista en principio para el día 18, tendrá una derivada de alcance en el caso Urdangarin. Hasta que no se haya producido el relevo monárquico, aseguran fuentes jurídicas, el juez José Castro no dictará el auto donde desvelará si incluye o no a la infanta Cristina en la lista de quienes cree que deben sentarse en el banquillo.

Ayer, y a preguntas de los periodistas que le esperaban a las puertas de los juzgados de Palma, Castro remarcó a micrófono abierto que el proceso de abdicación en absoluto afecta al caso. Pero, pese a que ese es su mensaje oficial, las fuentes consultadas indican que no habrá auto antes de que Felipe de Borbón tome posesión del trono y hayan transcurrido algunos días.

Al posponer su resolución, se visualiza un mensaje: que el magistrado busca evitar por todos los medios que su dictamen sobre la hija del rey se interprete como una interferencia en el relevo monárquico. Sea cual sea su contenido, ese auto marcará el cénit en un caso que estalló en noviembre de 2011 y que ha golpeado de modo inédito el prestigio de la Corona.

Si, tal como todo parece indicar, el juez procesa a la infanta por delito fiscal o por blanqueo, una resolución judicial difundida antes de la proclamación de Felipe fácilmente sería vista como una bofetada al futuro rey y a su padre.

Pero si, en contra de todos los pronósticos, Castro conviniera con el fiscal Pedro Horrach y con Hacienda en que no hay elementos de prueba para juzgar a la infanta y la exonerase penalmente, su auto correría otro riesgo: ser recibido en sectores republicanos o favorables a un referéndum como un favor a la Corona. Aunque los técnicos de Hacienda que han intervenido en el caso han remachado en distintos informes y aunque su testimonio judicial pareció convencer a Castro, algunos juristas creen que el magistrado alberga una convicción: la de que la Agencia Tributaria debe limitarse a confirmar la existencia de delito fiscal sin exculpar a priori a la infanta.

Al igual que Hacienda, el fiscal Horrach sostiene que la infanta no cometió delito fiscal –el de blanqueo también lo descarta de plano en cuanto a Cristina de Borbón–, pero se benefició de él económicamente. Y que, en consecuencia, debe devolver parte del dinero desviado a Aizoon, lo que en principio puede rondar el medio millón.

Aunque la posibilidad de una exoneración en toda regla sigue viva, todas las fuentes relacionadas con el caso y cuya opinión ha pulsado infoLibre coinciden en su diagnóstico: el de que Castro procesará a la infanta porque lo contrario implicaría una enmienda a la totalidad de las tesis por las que la imputó y por las que ha recabado un alud de información tributaria, financiera y patrimonial sobre Cristina de Borbón y la sociedad que comparte con Iñaki Urdangarin, Aizoon SL.

La tardanza del juez en hacer público su auto, que muy probablemente tiene ya escrito, ha alimentado en las últimas semanas las dudas sobre si Castro ha cambiado finalmente de opinión. Quienes conocen al juez mantienen que el retraso obedece exclusivamente a la existencia de trámites pendientes.

No obstante, hasta que el juez hable todo serán conjeturas. Si finalmente procesa a la infanta, Castro tiene de antemano asegurado un recurso de Anticorrupción ante la Audiencia de Palma, que se verá entonces ante el mayor dilema conocido de su historia.

El magistrado, a quien la Audiencia de Palma pidió en marzo que acabase ya la “dilatada” instrucción del caso Nóos o Urdangarin, ha visto cómo el encadenamiento de recursos y la confección de algunos informes de auxilio judicial alargaban en el último trimestre una instrucción ya terminada en la práctica a falta solo de flecos.

Alguno de ellos –la imputación del vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, que declaró el sábado– no es un fleco menor. Pero su gestión procesal no paraliza a Castro ni le impide dictar auto de procedimiento abreviado. Con esa resolución, equivalente al auto de procesamiento, comenzará la recta final hacia el juicio.

La Audiencia palmesana tiene pendiente resolver sobre el delito de blanqueo que, según Castro, no es posible atribuir a Iñaki Urdangarin. El juez no esperará que el tribunal de segunda instancia se pronuncie. Pero sí a que  el último recurso de Manos Limpias llegue a la Audiencia una vez que el propio magistrado lo rechace en el llamado trámite de reforma.

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Todos los conocedores del caso dan por seguro que el juez tumbará el recurso y lo enviará a la Audiencia, lo que ocurriría no más tarde del día 16. A partir de ahí, el magistrado tiene vía libre para dictar la resolución más esperada desde que Cristina de Borbón declaró como imputada en febrero.

Ese último recurso de Manos Limpias se dirige contra la negativa de Castro a someter a Iñaki Urdangarin y a Cristina de Borbón a un examen caligráfico si previamente no verifican que las firmas de distintos documentos del sumario son efectivamente suyas. Acceder a la solicitud de esta acusación habría implicado llamar de nuevo a la infanta para someterla a una prueba de escritura.

La abogada de Manos Limpias sostiene que si no se confirma en la fase de instrucción la autenticidad de las firmas que figuran en las actas de Aizoon como pertenecientes a Urdangarin y su esposa, alguno de ellos o ambos –si la infanta llega al banquillo– podrían reputarlas falsas durante el juicio. El juez, en cambio, interpreta que el trámite resulta inútil. Y subraya en el auto por el que rechazó la petición que aun si se hubiera producido una falsificación de firmas –la infanta declaró que nunca presidió las juntas de Aizoon–, deberá ser ella misma  "y no terceros quien así lo denuncie, y nos ponga en la pista de quiénes pudieron llevar a cabo tales supuestas falsedades".