El futuro de la monarquía

El PP acusa a Amaiur de intentar asesinar al rey

Y. G.

El pleno celebrado este miércoles en el Congreso de los Diputados para aprobar la ley de abdicación que permitirá que Juan Carlos I ceda el testigo a su hijo Felipe de Borbón sirvió para más que para que los partidos contrapusiesen sus posturas sobre el modelo de Estado y la necesidad o no de un referéndum. Antes de que 301 de los 348 diputados presentes dieran el sí a esta ley de un único artículo, el portavoz del PP, Alfonso Alonso, aprovechó parte de su turno de intervención para responder al diputado Sabino Cuadra, de Amaiur, que le había precedido en turnos anteriores. 

El dirigente conservador comenzó calificando de "ejercicio de política miserable" la intervención de Cuadra. Dijo que ya sabía por anticipado que Amaiur no iba a aprovechar su turno para "hacer un homenaje al rey" porque esta formación "es más partidaria de homenajes a ETA". Más tarde, vinculó a esta formación parlamentaria con la banda terrorista, acusándoles de haber intentado "asesinar al rey". "Su compromiso político ha sido la defensa de los criminales que quisieron liquidar nuestra democracia. Su discurso es despreciable pero es también la expresión de una frustración, de un fracaso, de una derrota", insistió.

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Previamente, el diputado navarro había comenzado su intervención recordando el juramento que don Juan Carlos I pronunció al convertirse en rey, sobre los Evangelios y las leyes del franquismo, y consideró que su abdicación "no supone ningún cambio sustancial" sino que es "un mero lifting político para tapar las brechas de esa Monarquía decrépita".

No es la primera vez que un miembro del partido del Gobierno vincula a Amaiur con ETA. Pero, hasta la fecha, el Ejecutivo no ha dado ningún paso en la línea de la ilegalización aunque amagos no han faltado.

Esta fue la única alusión directa que Alfonso Alonso realizó en una intervención en la que destacó que "el carácter parlamentario de la monarquía es el fundamento de nuestro sistema político". Y en la que señaló, como ya había hecho Mariano Rajoy y el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que desde el punto de vista jurídico y constitucional este procedimiento para aprobar la ley de abdicación "no puede ser más impecable".

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