El CGPJ pide a Gallardón que su reforma despenalice el aborto en casos de malformación

El informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma de la ley del aborto, ese que le faltaba al Ministerio de Justicia para continuar los trámites de la legislación en esta materia más restrictiva de la democracia ya ha sido aprobado. Diez votos a favor. Ocho en contra. Tres abstenciones. El pleno del CGPJ reunido en sesión extraordinaria dio luz verde este viernes, muy dividido, a un informe favorable a la reforma de la ley del aborto de Alberto Ruiz-Gallardón firmado por la magistrada conservadora Carmen Llombart. No obstante, se le reclama que incluya el supuesto de malformación fetal, el eje de la reforma del Gobierno.

El anteproyecto de reforma de la ley del aborto que Justicia trasladó al Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre sólo incluye dos supuestos de despenalización: el de violación y el de peligro para la vida o la salud física o psíquica para la madre. Ahora, está en el tejado del Ejecutivo la pelota de incluir ese tercer supuesto y que la ley sea, en esencia, la de 1985. De hecho, en más de una ocasión, el presidente del Gobierno ha señalado que su voluntad era la de que se vuelva al "consenso" del 85 en esta materia.

Ante la falta de acuerdo en los últimos meses, el órgano de gobierno de los jueces llevó a este pleno 2 informes: el de Llombart y el de la progresista Pilar Sepúlveda, que reclamaba la retirada del anteproyecto. Este informe recibió diez votos en contra, ocho a favor y tres en blanco.

Una vez que este informe sea trasladado de forma oficial al ministerio, los planes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón son los de volver a trasladar al Consejo de Ministros un texto con algunos retoques en base a las observaciones de los órganos consultivos. Este proceso tardaría, según estiman fuentes de Justicia, un par de semanas. La idea, pues, tal y como adelantó infoLibre, es que la reforma llegue al Congreso de los Diputados en este periodo de sesiones. Lo que no habrá es tiempo de que sea aprobada antes de las vacaciones de verano.

Impulso definitivo

Este anteproyecto de ley, uno de los más polémicos que tiene el Gobierno entre manos, ha recibido un impulso definitivo esta semana. Al informe del CGPJ de este viernes se suma el hecho de que este miércoles, el Consejo Interterritorial de Sanidad, un órgano en el que están representadas todas las comunidades autónomas, emitió un informe, a petición de Justicia, según el cual este texto no tiene impacto alguno en la normativa sanitaria. De hecho, la ministra Ana Mato señaló en esta reunión que la propuesta mejora el marco legal que regula la objeción de conciencia de los profesionales y refuerza la información a la paciente.

Cuatro votos particulares

Cuatro vocales del CGPJ habían presentado alegaciones a las propuestas de informe al Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección del concebido y los derechos de la mujer embarazada redactadas por las ponentes Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda. 

Dos de ellos, Mercè Pigem (CiU) y Enrique Lucas (PNV), firmaron un escrito en el que se recomienda al Gobierno que “se replantee la conveniencia de aprobar una nueva norma en una materia tan sensible, modificando un sistema como el vigente que presenta un alto grado de aceptación por la ciudadanía, y que no ha arrojado un saldo negativo en su aplicación”.

Estos dos vocales sostuvieron, además, que hay una razón de seguridad jurídica que el Ejecutivo no puede soslayar y que atiende a la propia materia objeto de regulación.

Pigem y Lucas alertaban de la situación de inseguridad jurídica que derivaría de una declaración de constitucionalidad del modelo vigente –de plazos e indicaciones– por parte del Tribunal Constitucional, “de tal forma que la adopción de este Anteproyecto sin esperar la respuesta del Tribunal Constitucional podría convertir en delictivas conductas que son consideradas y declaradas como constitucionales por el Alto Tribunal”.

También el vocal Fernando Grande-Marlaska (PP) aludió a las razones de seguridad jurídica en su escrito. Este vocal sostuvo que dados los específicos derechos, libertades y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos afectados en la regulación y teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional aún no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la Ley vigente, “habría que estar a su resolución”.

“Como nos encontramos ante la regulación de una materia donde los valores que conforman la ética cívica (de mínimos) pueden ser reinterpretados, aun cuando no debiera, por el legislador en extremos de máximos, difuminando su alcance, conjugándose al día de hoy una legislación que no consta violenten los mismos (ética pública), la única forma de garantizar esta última, y específicamente el valor de seguridad jurídica, no sería otra que estar al pronunciamiento del TC sobre la Ley Orgánica 2/2010”, añadió.

En caso contrario, señaló Grande-Marlaska, “al margen de inseguridad jurídica en materia constitucional tan esencial, serían previsibles futuras modificaciones legislativas”.

Este viernes, tanto Pigem, como Lucas, como Grande-Marlaska se abstuvieron en la votación.

Previamente a esta reunión, la vocal Nuria Díaz discrepó, de las propuestas de informe presentadas por las ponentes Carmen Llombart y Pilar Sepúlveda.

Díaz recordó en su escrito que, en su reciente informe al Anteproyecto, el Comité de Bioética ha considerado que la despenalización del aborto en la regulación de 1985 y de 2010 en el supuesto de anomalías del feto “es una norma discriminatoria que atenta contra la Constitución española y contra la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que perpetúa el enfoque inadmisible de la discapacidad”.

La vocal concluyó que la introducción del aborto eugenésico como supuesto independiente, desligado no solo de los efectos sobre la salud psíquica de la madre, sino incluso de la viabilidad del feto, para permitir el aborto simplemente cuando concurran graves taras físicas o psíquicas del feto, “deja a éste completamente desprotegido y supone una violación de los compromisos internacionales del Reino de España en materia de protección de la discapacidad”.

Este informe irá acompañado de cuatro votos particulares. Los anunciados este viernes por Mercé Pigem y Enrique Lucas, el de Grande-Marlaska y el de los vocales Nuria Díaz y Juan Manuel Fernández.

En manos del Consejo de Ministros

El principal asunto sobre el que tiene reflexionar ahora el Gobierno tiene que ver con las críticas que ha recibido por la supresión del supuesto de malformación por parte de los órganos consultivos, las asociaciones de mujeres, la oposición, e incluso de sectores del PP.

En su día, cuando fue presentado el anteproyecto, destacados dirigentes del PP y varios barones territoriales mostraron su disconformidad con un texto que calificaron de "vuelta al pasado". El miedo a una rebelión interna hizo que el propio Rajoy, en un Comité Ejecutivo Nacional lanzara un llamamiento al ministro Ruiz-Gallardón a que escuchara las observaciones de sus compañeros de partido. Posteriormente, el partido se abrió a cambios en la tramitación parlamentaria. La duda está en dónde se pone la línea roja.

Dirigentes conservadores consultados ponen sobre la mesa la posibilidad de que el Gobierno reconsidere la supresión del supuesto de la malformación fetal incluyendo algún tipo de observación que aplaque el malestar.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, fue preguntada este viernes sobre el informe del CGPJ en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No quiso ir más allá de asegurar que el Ejecutivo estudiará de forma detallada todas las observaciones que les han llegado de los órganos consultivos. En total, Justicia solicitó 29 estudios.