La malnutrición infantil no toma vacaciones en verano

La malnutrición infantil en España es a día de hoy una realidad palpable. Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) –basándose en datos de 2013–, los niños y niñas que viven en riesgo de pobreza y exclusión social en España son casi un 30% de los menores de 18 años, es decir, más de dos millones. Además, la cifra se elevaría hasta el 33,8% si tenemos en cuenta el riesgo de exclusión social que Eurostat basa en condicionantes como la pobreza relativa de las familias o la situación laboral de sus miembros.

A estos datos hay que sumar el hecho de que más de 500.000 alumnos culminan el periodo de recepción de becas-comedor al finalizar las clases, según el informe Los derechos no se van de vacaciones de la ONG Educo, lo que dificulta el hecho de que los menores accedan al menos a una comida completa al día.

En este contexto, no es de extrañar que la defensora del pueblo, Soledad Becerril, instara a las comunidades autónomas a que los comedores escolares no cerraran sus puertas durante este verano. Becerril defendió que garantizar la alimentación de estos niños en riesgo de exclusión debe ser "una prioridad para todos los poderes públicos" y que, en ese esfuerzo, "deben comprometerse el conjunto de las administraciones públicas".

Paralelamente, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, confirman a este diario que se destinará una partida extra de 17 millones de euros para reforzar proyectos contra la pobreza infantil y la nutrición adecuada de los menores. El reparto, según adelantan, se hará entre las comunidades autónomas que pidan esta ayuda y se basará en factores como el índice de desempleo del territorio o el nivel de pobreza.

Las reacciones de los gobiernos de las comunidades autónomas ante las declaraciones de la Defensora del Pueblo han sido de lo más variopintas, y algunas, como las de responsables del PP en La Rioja o Galicia, han suscitado fuertes críticas, al mostrar más preocupación por la "visibilidad" de la pobreza que por la pobreza en sí. infoLibre ha contactado con las diferentes regiones para saber su posición. A continuación, repasamos qué regiones abrirán sus comedores o utilizarán fórmulas similares como escuelas de verano o campamentos y cuáles han descartado la apertura o se remiten a los servicios sociales para paliar la malnutrición infantil.

Las comunidades que sí abrirán comedores

Tanto Andalucía como Canarias repetirán sus planes del año pasado. La Junta de Andalucía, a través del plan de Garantía Alimentaria, beneficiará a familias y ONG y reforzará la alimentación infantil en las escuelas de verano durante los meses de verano. Una medida que en la anterior época estival benefició a más de 4.000 niños.

Por su parte, el Gobierno de Canarias –como ya hiciera en 2013– pondrá en marcha talleres de inmersión lingüística en inglés con comedores en julio y agosto. El año pasado fueron más de 6.000 los menores beneficiados y este año pretenden introducir la actividad física en sus talleres.

Extremadura –una de las regiones que el pasado verano abrió los comedores escolares– ha diseñado una serie de propuestas, aún provisionales, que formarán parte del plan de lucha contra la Pobreza Infantil de la comunidad. Aunque no se abrirán los comedores escolares como tales, sí habrá campamentos urbanos de verano que incluyan talleres específicos para proporcionar alimentos a los participantes. Además, según explican desde el gobierno extremeño, se desarrollará un programa de apoyo a la alimentación infantil.

En el caso de la Región de Murcia, la Consejería de Educación se limita a explicar que, como ya hizo en Navidades y Semana Santa, pone a disposición de los servicios sociales de los ayuntamientos y otras entidades sin ánimo de lucro los comedores escolares de los centros educativos. Igualmente, Aragón tiene intención de abrir algunos comedores y todavía se está perfilando la acción entre los servicios sociales y la Consejería de Educación.

En Cataluña, según anunció la Generalitat, habrá hasta 3.500 centros de verano y más de 500 actividades de pernoctación que incluyen campamentos, campos de trabajo o colonias de las que se podrán beneficiar niños con pocos recursos. También contemplan la colaboración con centros abiertos durante la época estival gestionados por ayuntamientos y otras entidades que garanticen dos o tres comidas diarias.

En la Comunidad Valenciana, el Govern afirmó que la malnutrición se debía atajar desde "la asistencia a toda la familia", aunque, finalmente, la consejera de Bienestar Social anunció que alrededor de 2.400 menores de entre 3 y 16 años podrán participar en las escuelas de verano gratuitas diseñadas por su departamento en los meses de julio y agosto que incluyen también comedores para los participantes.

Las comunidades que no abrirán comedores

En el caso de Galicia, consideran que "no es adecuado", dado que podría "generar excesiva visibilidad" de estos casos, según indicó el diputado del Partido Popular Román Rodríguez durante el debate en pleno de una proposición no de ley presentada por el grupo de Alternativa Galega de Esquerda. La Xunta de Galicia pasa la pelota a los servicios sociales y asistenciales.

En la misma línea, La Rioja descarta abrir los comedores escolares. El presidente de la región, Pedro Sanz, aseguró recientemente que "la situación no es tan grave" y que acudir a un comedor escolar durante el verano "marcaría de por vida" a los alumnos en situación de pobreza.

En Castilla y León tampoco se abrirán los comedores. Desde Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se remiten a un plan de protección de familias al que, según indicó el propio presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera, se inyectará este año 1,5 millones de euros más para la atención puntual de casos de pobreza infantil. Una medida que considera “mejor” que abrir los comedores en verano, como propuso la Defensora del Pueblo.

La Comunidad de Madrid tampoco es partidaria de seguir la recomendación de Soledad Becerril. El presidente regional, Ignacio González, cree que en su comunidad “no hay problemas de desnutrición infantil”, sino de crisis económica. “Si existieran supuestos casos de riesgos de desnutrición, la red asistencial y social actuaría”, zanjó González. Por lo tanto, será responsabilidad exclusivamente de los ayuntamientos abrir o no los comedores escolares.

Navarara, Euskadi y Asturias han manifestado que descartan la apertura de los comedores escolares porque no lo consideran necesario y no han recibido peticiones de sus ayuntamientos que les hagan pensar lo contrario.

Más difusa es la posición de Castilla-La Mancha y Cantabria. Ambos gobiernos siguen barajando opciones de colaboración con ayuntamientos pero descartan la apertura de los comedores de los colegios.

También desde Baleares se está estudiando el plan de acción, aunque ya adelantan desde la Consejería de Familia y Servicios Sociales que la apertura de los comedores “no es la única solución” posible.

Las ONG aplauden la petición de Soledad Becerril

“Es estupendo que la Defensora del Pueblo haya tomado cartas en el asunto denunciando y visibilizando este problema”, afirma Jesús Salido, presidente de la Asamblea General de la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), en conversación con infoLibre. Este argumento es compartido sin discusión por las organizaciones no gubernamentales consultadas, si bien existen diferencias ante la forma de actuar que tienen las diferentes comunidades.

“Si algo contribuye a la malnutrición son las dificultades que las comunidades autónomas ponen a las ayudas. Son auténticas medidas antisociales”, denuncia Salido, que cree que existe un doble lenguaje: “destinan mucho dinero a ayudas pero con condiciones muy restrictivas”.

“La administración tiene que pensar medidas necesarias y suficientes”, afirma el coordinador de campañas de Ayuda en Acción, Alberto Casado. En la misma línea, su homóloga en Save The Childen, Áurea Ferreres, cree que se debería estudiar seriamente el fenómeno de la malnutrición infantil “para que se pueda cuantificar”.

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Ferreres pone de manifiesto que hace falta un plan específico de lucha contra este fenómeno y programas de detección: “No vale con pasarle la pelota a los servicios sociales que cada vez tienen menos recursos financieros”. Además sostiene que, aunque el periodo estival constituye en sí mismo un factor de riesgo, la apertura de los comedores solo es una medida de urgencia insuficiente.

El riesgo de marginación o el hecho de que se pudiera señalar a los menores que acudieran a los comedores escolares en verano ha sido el motivo por el que algunas comunidades han descartado abrir las puertas de estos centros. Desde las organizaciones entienden que no es necesario que se estigmatice a los niños, pues podrían simplemente verse beneficiados de becas o ayudas para comedores u otras actividades como los campamentos urbanos y escuelas de verano en las que no solo habría jóvenes en riesgo de pobreza.

En cualquier caso, Pepa Domingo, coordinadora de becas comedor de la ONG Educo, sostiene que “es mejor que al menos tengan la opción de ir al comedor”. Domingo cree que a las administraciones les ha cogido la petición de Soledad Becerril “con el paso cambiado”. Por eso augura que van a tener que ser muy ágiles o no podrán dar respuesta a los menores en situación desfavorecida.