Ley del Aborto

La última fase de la reforma del aborto divide al PP

El viernes pasado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dio luz verde, tras varias prórrogas y bastante dividido, a un informe sobre el anteproyecto de la reforma de la ley del aborto moderadamente crítico. En el estudio, el órgano de gobierno de los jueces pide al Ministerio de Justicia que recupere el supuesto de malformación fetal, que sí estaba presente en la ley de 1985, y que desligue esta cuestión del peligro psicológico para la madre. En texto elaborado por el equipo del ministro Alberto Ruiz-Gallardón limita los supuestos a dos: violación o peligro físico o psíquico para la gestante.

Con este trámite, el ministerio ya ha completado la fase de informes que se comprometió a abrir el pasado 20 de diciembre, cuando el texto pasó por el Consejo de Ministros. En total, Justicia solicitó un total de 39 informes a los órganos consultivos. Las fuentes consultadas subrayan que la práctica totalidad ya están emitidos y que, a día de hoy, resta que se analice el del CGPJ hecho público el pasado viernes. La duda, a día de hoy, está en si este proceso se amplía solicitando el informe al Consejo de Estado, un trámite clásico en gran parte de las iniciativas legislativas que pasan por el Consejo de Ministros. Las fuentes del Gobierno consultadas precisan que la decisión será tomada una vez que se analice "a fondo" el dictamen del órgano de gobierno de los jueces.

La posibilidad de que el Ejecutivo vaya a saltarse el informe de este órgano consultivo ha provocado cierto revuelo en las filas conservadoras. Destacados dirigentes consultados por infoLibre consideran que sería un "error" prescindir de este paso.

Errores de "estrategia"

Así, subrayan que no someter el texto al Consejo de Estado va en contra del compromiso de Mariano Rajoy, verbalizado en actos internos del PP, en actos públicos y en ruedas de prensa, de presentar una ley con las máximas garantías y el máximo consenso.

Paralelamente, creen que, a efectos de estrategia politica, también vendría bien someter el proyecto de ley que salga tras la revisión de los 39 dictámenes solicitados al examen de este órgano. Desde que el informe del CGPJ recibió luz verde de la mayoría de los vocales, el Partido Socialista ha emprendido una campaña para exigir al Gobierno que no se salte el informe del Consejo de Estado. "Obviarlo sería dar argumentos al principal partido de la oposición y tampoco hay que olvidar que es un anteproyecto de ley que no gusta ni en sectores del Gobierno ni en sectores del PP", subraya una de las fuentes.

Los socialistas consideran que el partido del Gobierno tiene miedo a que el Consejo de Estado emita un juicio muy crítico con esta reforma que Mariano Rajoy plasmó, aunque sin concreción ninguna, en el programa electoral con el que ganó las elecciones generales de 2011 por mayoría absoluta.

¿Qué ocurrió en situaciones anteriores?

A priori, en el Ejecutivo rechazan dar un portazo a la posibilidad de solicitar este último dictamen. Pero insisten, primero, en que no es una cuestión obligatoria. Máxime cuando se han solicitado cuarenta dictámenes a asociaciones, ministerios, comunidades autónomas...

Además, precisan que no todas las leyes que han regulado la interrupción del embarazo en España han sido sometidas al Consejo de Estado. En este sentido, señalan que la legislación vigente, la ley de plazos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sí fue remitida, pero que no había solicitado tantos informes. Y que la ley de 1985, esa que los conservadores dicen tener como modelo, no fue enviada.

Independientemente de la decisión que se tome al respecto, la intención de Justicia es que el texto sea remitido al Congreso de los Diputados para iniciar los trámites parlamentarios en este periodo de sesiones. No obstante, el descanso estival impedirá que salga ahora adelante. Habrá que esperar a otoño.

El dilema de Rajoy

Para Mariano Rajoy, la reforma de la ley del aborto ha sido un dilema desde antes de plasmarse en un anteproyecto de ley. Lo fue en 2011, cuando el Partido Popular desarrollaba el programa electoral con el que después ganaría las elecciones generales de noviembre. En un intento de reconciliarse con su electorado más conservador y con el ala dura de la formación que preside, incluyó la reforma de la ley de Zapatero. Esta decisión provocó tal revuelo en el PP que el programa sólo pudo recoger una mera enunciación de nula concreción en la que se prometía reformar la legislación en materia de interrupción voluntaria del embarazo.

También ha sido un dilema desde su llegada al palacio de la Moncloa. Su promesa no se plasmó en un anteproyecto de ley hasta diciembre del año pasado y al malestar interno en sectores del Gobierno y del partido se sumó un fuerte rechazo social, de las formaciones de la oposición y de asociaciones de mujeres. Fue aparcada temporalmente para que no interfiriera en las elecciones europeas. Y Ahora, a punto de ser remitida al Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia, responsable de la reforma, están ante el dilema definitivo: modular el anteproyecto con las observaciones de los informes de los órganos consultivos –este viernes se aprobó el del CGPJ– o presentar un proyecto de ley de escaso consenso. Fuera y dentro del PP.

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