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Monarquía

El fiscal del TS cree que aforar a Juan Carlos “atenta contra el principio de igualdad”

infolibre

El fiscal del Supremo Manuel Jesús Dolz se ha mostrado en contra de aforar a don Juan Carlos tras su abdicación porque, en su opinión, los aforamientos "son un privilegio procesal que atenta al principio de igualdad en la aplicación de la ley y que suponen una desconfianza estructural en un poder del Estado que son los jueces y los fiscales".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación antes de intervenir en el encuentro El ADN en la investigación policial, que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander.

De esta forma, ha recordado que el rey "es inviolable por la Constitución", es decir, que la Constitución lo protege de esta forma, pero que cuando deja de ser rey "es un ciudadano más, está sujeto a la legalidad y a la Constitución y, por tanto, sujeto al Poder Judicial y a la responsabilidad que pueda emanarse de sus actos".

Por ello, ha comentado que "tiene el derecho a un juicio justo, a un juez, a un fiscal, no tiene por qué buscarse un juez y un fiscal especial, que somos los que estamos en el Tribunal Supremo" porque "aunque se diga que los tribunales de aforamiento no son tribunales especiales, son tribunales especiales para ese tipo de cargos y autoridades", ha dicho en alusión a los aforados, que en España son unos 10.000.

"Estoy completamente en contra de los aforamientos porque son un privilegio procesal que atenta al principio de igualdad en la aplicación de la ley y que supone una desconfianza estructura en un poder del Estado que son los jueces y los fiscales", ha comentado. Y ha incidido en que esta figura "sólo" existe en España, ya que en otros países "ni siquiera los presidentes tienen aforamiento".

Por tanto, ha añadido, los aforamientos "deberían suprimirse en todos los casos" y ha abogado por que no se mantengan "ni siquiera" cuando una persona ejerce el cargo gracias al que es aforado. Sin embargo, ha aclarado que eliminar el aforamiento "no significa suprimir la inmunidad y la inviolabilidad parlamentaria".

"Deben suprimirse todos los aforamientos"

En su opinión, esta inviolabilidad debe mantenerse porque es "la protección que tiene el parlamentario en el ejercicio de su libertad de expresión". "Pero esto no tiene nada que ver con los aforamientos de otros cargos, y últimamente con los aforamientos de la Familia Real. Considero que deben de suprimirse (los aforamientos), todos, que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y todos tenemos la misma protección jurídica, que es el juez ordinario predeterminado por la ley", ha relatado.

Por lo tanto, ha calificado el aforamiento como un "desprecio" a los jueces ordinarios predeterminados por la ley. "Si se dice que se da seguridad jurídica por el aforamiento quiere decir que el resto de ciudadanos no tienen protección jurídica en sus causas, que están vistas por jueces ordinarios. Por tanto, me parece que es un argumento falaz y estoy en contra de los aforamientos".

Además, recuerda que la inviolabilidad parlamentaria supone "la imposibilidad de dirigir una causa contra un parlamentario mientras está ejerciendo el cargo sin permiso de las cortes". En ese caso, ha agregado que esa causa "tendrá que llevarse por un tribunal ordinario, no por el Tribunal Supremo ni por tribunales especiales, como son los tribunales de los aforamientos". Por todo ello, ha defendido la preparación de los jueces y que "no tenemos por qué dudar de la competencia y de la profesionales de esos jueces".

Influencias sobre los jueces

En cuanto a las influencias que pesan sobre los jueces, Manuel Jesús Dolz ha comentado que "se dice que son más influenciables los jueces ordinarios de instrucción predeterminados por la ley y sin embargo se dice que no son influenciables los tribunales de aforamiento" como el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia, pero ha reivindicado que quienes son "más influenciables" son los magistrados que "deben su promoción a los representantes políticos" aforados.

En este sentido, ha comentado que este hecho ha determinado que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el Anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) haya dicho que se van a suprimir los magistrados electivos en los Tribunales Superiores de Justicia "para que no se vean en la tesitura de tener que juzgar a aquellos mismos a los que deben su promoción profesional".

La doctrina Botín y la hermana del rey

Jesús Dolz también ha vaticinado que no habrá juicio oral a la Infanta Cristina, a la que el juez José Castro mantiene imputada en el caso Nóos, "porque no es posible abrir juicio oral solamente cuando lo pide la acusación popular y no lo pide el Ministerio Fiscal o la acusación particular, que es en la que se basa la 'doctrina Botín'".

De hecho, ha recordado que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular "solicitan todo lo contrario, solicitan el sobreseimiento".

No obstante, ha aclarado que "podría producirse una excepción" a dicha doctrina por una matización de la llamada Doctrina Atutxadonde se admitió "en un caso que sí era posible", por lo que, en su opinión, "habrá que barajar esos dos criterios en el caso de que la Audiencia Provincial confirme el auto" del juez José Castro.

Dolz, que afirma que este caso "tendrá que solucionarlo" la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, ha afirmado que hasta que no se resuelva el recurso presentado por la defensa de la Infanta "será muy difícil exponer un criterio".

"En todo caso, es evidente que todo ciudadano español, incluida la infanta, tiene derecho y merece un juicio justo", ha concluido.

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