La dirigente socialista Soraya Rodríguez renuncia al fondo

Soraya Rodríguez, la portavoz socialista en el Congreso, también renuncia al fondo de pensiones privado que le correspondía y que suscribió en su época de eurodiputada. 

Lo anunció ella misma en declaraciones a infoLibre ayer martes. Rodríguez confesó haberse enterado por este medio de que había firmado el plan de pensiones que ofrecía el Parlamento Europeo (PE), un fondo impulsado en 1994 y que en realidad estaba vehiculado a través de una sicav (sociedad de inversión de capital variable) radicada en Luxemburgo, considerado paraíso fiscal.

La hoy portavoz en el Congreso logró su acta de eurodiputada en 1999, y la mantuvo hasta 2004. Coincidió, por tanto, con la primera legislatura de la todavía vicesecretaria general del PSOE y actual jefa de la delegación socialista en la Eurocámara, Elena Valenciano. Pues bien, Rodríguez sigue ahora los pasos de Valenciano: el lunes por la tarde, presentó un escrito ante la institución, solicitando su baja en el fondo. Ello supondrá que rescate su dinero –lo que presumiblemente le acarreará una penalización– y renuncie a la parte que ponía la Eurocámara (dos de cada tres euros que iban al fondo). Ahora esperará la respuesta de Bruselas, aunque imitará lo que haga la vicesecretaria general, cabeza de cartel del PSOE el 25-M. 

"Yo no tenía ni idea. Pensaba que, en todo caso, era un fondo del propio Parlamento Europeo, gestionado por el Parlamento Europeo. Al enterarme de que estaba incluida, he pedido mi baja automática, porque no quiero que mi nombre se asocie al de una sicav", señaló a este periódico.

Ayer por la mañana, el socialista Enrique Barón, que presidía la Cámara en 1990 cuando la Mesa aprobó la creación del fondo con dinero público, justificaba en la Ser la existencia del mismo. "No es que no esté bien, es que está muy bien. No es un plan de pensiones privado, es un fondo de pensiones de los diputados del Parlamento Europeo", alegó. Barón tampoco veía problemas en que estuviera vehiculado a través de una sicav. Rodríguez discrepa radicalmente: "Si estuviera de acuerdo con lo que dice, no habría pedido la baja. Tener un fondo de pensiones no es delictivo, y de hecho suscribí el que ofrecía el Congreso con el BBVA, pero no quiero estar ligada a una sicav". La legalidad de la fórmula no está en cuestión –era plenamente legal–, sino el privilegio privado pagado con dinero público a través de uno de los países más opacos de la UE en materia financiera: Luxemburgo.

Dietas de kilometraje y asistencia a plenos y comisiones

El Parlamento Europeo desembolsó, sólo en el decenio 2000-2009, 95 millones de euros, el 68,5% de las aportaciones totales realizadas a ese fondo de carácter "voluntario y adicional", porque en realidad cada eurodiputado ya gozaba de cobertura social en su país –en España, hasta 2009, quien pagaba la nómina y las cotizaciones era el Congreso–. Aunque, según reconocieron varios eurodiputados a este diario, su aportación al plan de pensiones salía de la partida de gastos generales de la institución, destinada a cubrir los gastos de gestión de oficina de los diputados, los gastos de teléfono y los gastos postales, así como la compra, el funcionamiento y el mantenimiento de los equipos informáticos y telemáticos. 

Rodríguez dice desconocer si lo que se le detraía para el fondo salía de esa partida. Su sueldo lo pagaba el Congreso –hasta 2009 no entró en vigor el estatuto del eurodiputado, que hizo que tanto el salario como las prestaciones sociales fueran asumidos por las instituciones europeas–, y "lo único" que le ingresaba Bruselas eran "las dietas por kilometraje y la asistencia a plenos y comisiones". "Todas las demás dietas que abonase el Parlamento iban para el partido, y no veíamos un euro de ellas, así que no sé si salía de ahí. No tenía una nómina de la Eurocámara. Sólo el pago de dietas, que como tales estaban exentas de tributación", relataba la portavoz. 

No figura en su declaración de bienes

La hoy portavoz socialista no recuerda si en las declaraciones del IRPF de los ejercicios 1999-2004 pudo consignar su pertenencia al fondo privado de pensiones. "Tengo que comprobarlo. En todo caso, jamás me desgravé y por tanto, tributaré cuando reciba el dinero en España. No tengo conciencia, en absoluto, de haber cometido fraude fiscal". La líder de UPyD, Rosa Díez, que en aquellos años era la jefa de la Delegación Socialista Española en la Eurocámara, dijo que no había pagado impuestos por el fondo –cosa que sí dijo haber hecho Valenciano–, porque decidió hacerlo al final, cuando se jubile. Argumento que le rebatió el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que insistió la semana pasada en que todas las aportaciones a planes de pensiones deben consignarse en el IRPF porque son una "forma de renta" adicional. 

Rodríguez contó a infoLibre que, cuando salió del Europarlamento en 2004, ni reparó en cancelar el fondo, porque entendía que ocurría como todo lo cotizado en Bruselas: constaría en su vida laboral, con sus cotizaciones correspondientes. Y no lo consignó en las sucesivas declaraciones de bienes presentadas en el Congreso, porque no tenía "conciencia" de la existencia de ese activo. Así, en el documento colgado en la web del Congreso, la portavoz decía disponer, en diciembre de 2011, cuando arrancó esta X Legislatura, de una cuenta corriente con 130.000 euros, y dos planes de pensiones: uno suscrito con Bankinter (16.548 euros), y otro con Axa (5.800). Valenciano tampoco lo hizo constar ante la Cámara baja. 

Ignasi Guardans, eurodiputado de CiU entre 2004 y 2009, comentó la semana pasada en la Ser que la cuestión del fondo cofinanciado en dos tercios por el PE formaba parte de las "conversaciones de café" entre los diputados. "Sería en su mandato, en el mío desde luego no. Cuando entró él se impulsó ya por fin el estatuto del eurodiputado que entró en vigor en la legislatura siguiente [en 2009]. En ese contexto se hablaría del fondo, se diría que una vez entrase en vigor, se cerraría el fondo a nuevas aportaciones y suscriptores, como así ocurrió". 

En la 'lista de Simpson'

Rodríguez pertenecía al grupo de más de cien eurodiputados españoles que integran o integraron desde 2002 la llamada lista de Simpson, que contiene la relación de miembros de la asociación sin ánimo de lucro (ASBL, en sus siglas en francés) que era propietaria de la sicav mediante la que los parlamentarios comunitarios articularon el fondo de pensiones privado. El nombre se debe a Anthony Simpson, un eurodiputado conservador británico que, el 12 de junio de 1990, expuso a sus compañeros de la Mesa de la institución la iniciativa del plan de pensiones privado pagado con dinero público. 

La relación incluye a representantes del PSOE, del PP, de IU y del extinto Centro Democrático y Social. Y figuran desde dirigentes del PP que son o han sido ministros de Mariano Rajoy (Cristóbal Montoro, Ana Mato y Miguel Arias Cañete) a dirigentes socialistas como Elena Valenciano, Inés Ayala o Soraya Rodríguez. Willy Meyer, eurodiputado desde 2004 y cabeza de lista de IU el 25-M, fue el primero y el único que, hasta el momento, ha renunciado a su escaño desde que estalló el escándalo.

Lista de Simpson [PDF]

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Soraya Rodríguez figuraba en los documentos oficiales depositados en el Registro de Luxemburgo por la ASBL. En concreto, aparecía en el estadillo de 2002, y no constaba ninguna fecha de salida de la iniciativa. "No me gustaría que nos equipararan a todos por igual, porque no tenemos nada que ver con Cañete y otros del PP. No es lo mismo políticos con una sola nómina, un solo banco, una sola cuenta de ahorros donde tienen ahí todo su dinero que quienes tienen varios ingresos, varias cuentas corrientes", subrayaba. 

Valenciano prometió renunciar a la parte puesta por el Parlamento Europeo, como han hecho la aragonesa Inés Ayala y el valenciano Joan Calabuig. Rosa Díez, en cambio, demandó a la institución que aclarase las condiciones del fondo, pero no quiso rechazar la pensión y, de hecho, manifestó su intención de cobrarla a partir de 2015, cuando cumpla 63 años, si no se descubre ninguna "irregularidad".