El Ministerio de Fomento adjudica a un empresario recién indultado la seguridad de tres ministerios

Condenado, indultado y ahora, recontratado. Es la secuencia que ha seguido el empresario canario Miguel Ángel Ramírez, propietario de la empresa Seguridad Integral Canaria y exapoderado de otra compañía donante del PP, que ha vuelto a recibir la concesión para gestionar la seguridad del complejo de Nuevos Ministerios –donde se ubican los departamentos de Fomento, Empleo y una sección del de Agricultura– tan sólo nueve meses después de que el Gobierno evitase su entrada en prisión por haber construido en zona protegida, según informa El BOE nuestro de cada día.

La compañía de Ramírez, también presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas, ejerce las labores de seguridad en Nuevos Ministerios desde 2011, cuando fue contratada por un lapso de dos años que terminaron extendiéndose a tres y medio. Seguridad Integral Canaria se ocupará al menos durante otro año más de la vigilancia en el complejo tras firmar un contrato por valor de 2,8 millones de euros, muy similar a nivel económico al que mantenía con la Administración desde 2011.

El dueño de Seguridad Integral Canaria fue condenado en firme en 2011 a tres años y un día de prisión por haberse construido un chalé en terrenos protegidos por cuestiones medio ambientales, una sanción que también incluía inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación para el ejercicio de la construcción por un tiempo de tres años y un día y a la pena de 24 meses y casi 44.000 euros de multa.

No obstante, y pese a que su pena conllevaba el ingreso en prisión, Ramírez nunca entró a la cárcel. ¿Por qué? Porque fue indultado parcialmente por el Gobierno en octubre del año pasado. El Ejecutivo, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, le redujo la pena privativa de libertad de tres años y un día a tan sólo dos años, con lo que evitó que fuese encarcelado. El indulto, en cualquier caso, sí mantuvo la multa y las inhabilitaciones, así como la obligación de derribar la edificación construida ilegalmente.

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Pero es que Ramírez, además de presidir varias empresas, también era apoderado de una compañía que donaba importantes cantidades de dinero al PP, según denunció en una pregunta parlamentaria el portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella. El portavoz señalaba que la empresa Gestiones y Asesoramientos 3000 –"de la que fue apoderado el señor Ramírez hasta enero de 2011 y de la que ahora posee el 0,5% de las acciones"– entregó 50.000 euros en 2011 y 100.000 en 2010 a la formación conservadora, algo que, a juicio del diputado, daba "una apariencia de parcialidad al indulto de que ha sido objeto".

En su respuesta, ofrecida el pasado mayo, el Ejecutivo aseguraba desconocer "las empresas en las que el señor Ramírez tiene participación" y justificaba su medida de gracia en "el histórico penal del condenado, el cual no tenía ningún antecedente penal, ni anterior ni posterior, a la causa cuya pena se indulta", así como el hecho de que "en su informe policial carecía de antecedentes". "El Gobierno debe estudiar cada petición por separado y de manera individualizada" y "sólo el análisis de las circunstancias en torno a cada condena y cada condenado, hacen posible entender adecuada o no la concesión o la denegación de cada gracia", remachaba el Ejecutivo.

Pero este no es el primer acuerdo que consigue Ramírez con la Administración, ya que su empresa también se encarga de la seguridad en el Ministerio de Defensa y, parcialmente, en Metro de Madrid. En el primero de los casos, el departamento dirigido por Pedro Morenés suscribió el pasado enero un contrato con Seguridad Integral Canaria por el cual pagaba 700.000 euros a la compañía a cambio de tres meses de servicio. El suburbano madrileño, por su parte, firmó un acuerdo de más de 2 millones y medio de euros con la compañía en 2011 por ocuparse de la seguridad en ciertas zonas.