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Reforma judicial
CCOO convoca huelga en la Justicia para el 8 de octubre
- Se oponen a la privatización de registros civiles y a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
- Reclaman una reforma en el área de justicia y denuncian que puedan perderse 4.000 empleos públicos
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
EFE
CCOO, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha anunciado la convocatoria de una huelga el 8 de octubre para mostrar su rechazo a la decisión del Gobierno de privatizar los registros civiles y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El sindicato prepara además un gran acto de protesta unitario de todas las organizaciones , colectivos jurídicos y ciudadanos coincidiendo con la apertura del año judicial, un acto solemne que se celebra a mediados de septiembre.
CCOO considera que la privatización de los registros civiles, aprobada por el Consejo de Ministros del viernes, es un "durísimo golpe" a los derechos ciudadanos y a los del personal de la Administración de Justicia.
Los datos privados de toda la ciudadanía dejarán de estar gestionados por funcionarios públicos, denuncian, y habrá que pagar por la tramitación de numerosos expedientes. Según sus cálculos, están en peligro 4.000 empleos públicos.
Las medidas del Gobierno no van a modernizar ni mejorar la Administración de Justicia, razonan. "Sólo persiguen los objetivos de recortar este servicio público y de ejercer un control político del poder judicial, dictando normas contrarias a la garantía de su independencia".
El sindicato propone una reforma en profundidad de la Administración de Justicia cercana a la ciudadanía y que garantice el acceso a la tutela judicial efectiva "en condiciones de igualdad, gratuidad y universalidad, dotando para ello a este servicio de los medios materiales, tecnológicos y de personal que sean necesarios".
El sindicato prepara además un gran acto de protesta unitario de todas las organizaciones , colectivos jurídicos y ciudadanos coincidiendo con la apertura del año judicial, un acto solemne que se celebra a mediados de septiembre.
CCOO considera que la privatización de los registros civiles, aprobada por el Consejo de Ministros del viernes, es un "durísimo golpe" a los derechos ciudadanos y a los del personal de la Administración de Justicia.
Los datos privados de toda la ciudadanía dejarán de estar gestionados por funcionarios públicos, denuncian, y habrá que pagar por la tramitación de numerosos expedientes. Según sus cálculos, están en peligro 4.000 empleos públicos.
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