El otro referéndum: blindar el sistema público de pensiones

Blindar las pensiones. Ese es el objetivo de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones (MERP), que volverá a reunirse con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, e intentará que la comisión del Congreso que está estudiando la petición de la plataforma les reciba lo antes posible. Además, tratarán de dirigirse a los diferentes grupos parlamentarios para que “tenga un reflejo en las instituciones lo que ya es una exigencia mayoritaria entre la gente”, según han explicado este jueves en un acto público celebrado en el centro de Madrid.

La iniciativa, impulsada a raíz de la reforma del sistema de pensiones, busca promover un referéndum por el que la ciudadanía se pronuncie sobre una reforma de la Constitución que prohíba cualquier medida que suponga para el pensionista una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones o permita la “privatización” del sistema público de pensiones. La plataforma se ha reunido en dos ocasiones con la Defensora del Pueblo, a la que han entregado ya 327.000 firmas a lo largo del 2013. Para después de verano está preparando una tercera reunión en la que esperan llegar a las 500.000 firmas. “No paran de llegar firmas tanto desde las 150 organizaciones que pertenecen a la plataforma como desde la ciudadanía al apartado de correos de la Mesa. Estaremos ya cerca del medio millón de firmas” asegura uno de sus representantes.

Según se refleja en la Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017, presentado por el Gobierno ante Bruselas, la inversión en pensiones para el año 2050 se habrá reducido hasta en 4 puntos porcentuales. Sin embargo, el INE estima que en el año 2052 un 37% de la población española superará los 64 años. Esto significa que habrá menos inversión del PIB en pensiones pero más pensionistas que las requerirán, algo que, en palabras de uno de los representantes de la plataforma, “abre un mercado de negocio para los fondos de pensiones privados”. “Con este recorte, el Estado se ahorrará entre 30.000 y 40.000 millones de euros”, calculan desde la MERP.

Desde la Organización Internacional del Trabajo (OIT), agencia de las Naciones Unidas, ya se ha advertido de que dicha reforma del sistema público de pensiones generará una pérdida de poder adquisitivo de las mismas. Esto es debido a que ya no se tendrá en cuenta el Índice de Precios al Consumo (IPC), por lo que, mientras la Seguridad Social tenga déficit, las pensiones crecerán un 0,25%, sin importar lo que hayan subido los precios. Según los cálculos de diferentes sindicatos, esta pérdida de poder adquisitivo podría alcanzar el 28% en 15 años. Desde 1997, las pensiones se han revalorizado en función al IPC, permitiendo que el Ejecutivo de turno subiera las pensiones según la previsión de inflación. El Gobierno de Zapatero congeló pensiones en mayo de 2010, salvo las no contributivas.

La "insostenibilidad" del sistema de pensiones

Durante el año 2013 se dedicaron 7.653 millones de euros al mes a pensiones, un 77% más de lo que se dedicó en 2003. De los países de nuestro entorno, España es el que menos porcentaje de su PIB dedica a las pensiones, un 10,4% en 2010 según datos recogidos por Eurostat. Estas cifras se encuentran lejos de lo que destinaban otros países como Alemania (12,4%), Italia (16%) o Francia (14,5%). La media de la UE, en ese mismo año, se situaba en el 11,4%. “El sistema público de pensiones en España no es insostenible como nos hacen creer”, concluyen los representantes de la Mesa Estatal Pro-Referéndum de las Pensiones.